Manuel Clouthier
La alternancia del año 2000 replicó el autoritarismo del viejo régimen priista en los gobiernos estatales. Ganamos los mexicanos más libertades en el ámbito federal, pero en los estados se tuvieron grandes retrocesos autoritarios. Los gobernadores quedaron sueltos y esto generó que quedaran sin límites y contrapesos en sus estados, provocando los más atroces excesos de poder.
Así vimos el crecimiento del crimen organizado y la narcopolítica, el auge de la corrupción organizada en los gobiernos estatales, la creación de escuadrones de la muerte de las policías estatales, la utilización del espionaje telefónico como mecanismos de control político de parte de los gobernadores, el crecimiento de la deuda subnacional, el control de los gobernadores sobre los diputados federales y locales de sus estados a través de subvenciones extraordinarias, así como el rol de los gobernadores en los procesos electorales con la compra y coacción del voto, la inyección de recursos económicos a las campañas políticas, el control de los órganos electorales, y la complicidad que se ejercía con muchos medios de comunicación por los jugosos contratos publicitarios, entre otros actos de corrupción y de autoritarismo.
Este fenómeno antidemocrático se consolida en la elección de 2006 cuando la profesora Elba Esther Gordillo convence a los gobernadores priistas de operar a favor del candidato del PAN, Felipe Calderón, porque así garantizarían ellos mantener el control autoritario en sus estados, como de hecho sucedió. Calderón no tocó a los gobernadores ni con el pétalo de una rosa porque les debía la elección. Esta operación política a través de los gobernadores se replica en 2012 con el financiamiento ilegal a la campaña del PRI y la compra y coacción del voto.
Esto último generó una red de complicidades entre estos gobernadores y el Gobierno federal que permitió los más grandes excesos jamás vistos por parte de gobiernos estatales en la historia de nuestro País. Y así lo vimos con esa “nueva generación de jóvenes priistas” a la que hacía referencia Peña Nieto cuando se refería a los Duarte de Veracruz y Chihuahua, a Borge de Quintana Roo, a Medina de Nuevo León, por mencionar algunos. Estos jóvenes gobernadores priistas se sintieron dueños de sus estados con la confianza de que eran cómplices de Enrique Peña Nieto no solo en lo electoral sino en las corruptelas sobre el erario público y las inversiones. Creyeron que esta red de complicidades garantizaría la impunidad, pero se olvidaron de tres cosas.
Primero. Que la indignación del pueblo de México por la corrupción hace que los ciudadanos ya no quieran ser gobernados por los “cerdos”, en analogía con “Rebelión en la Granja” de Orwell. Es decir, estos gobernadores abusaron del poder, lo que hizo imposible defender lo indefendible.
Segundo. “El gobierno solo actúa bajo presión”. Hoy la presión internacional que recibe México por su desbordada corrupción es muy fuerte, y por la sistemática violación a los derechos humanos. Así queda evidenciado con la detención de Tomás Yarrington, de Tamaulipas y Veytia, de Nayarit en el extranjero.
También el Gobierno federal priista está presionado ante la posibilidad de perder las elecciones estatales en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, lo que establecería un precedente para la elección presidencial de 2018.
Finalmente, “el hilo se rompe por lo delgado” por lo que el sistema político que padecemos en México busca mantener su hegemonía de corrupción organizada y si eso significa sacrificar cómplices lo hará como lo está haciendo con Javier Duarte, en el entendido de que estos “sacrificios” apelaran al mal menor del sistema e incluso podría ayudarles a ratificar control sobre los gobernadores sobre todo de aquellos que empiecen a considerar la opción de abandonar el barco ahora que se está hundiendo.
Pedro Férriz dice que la captura de Javier Duarte es un “acto desesperado”. Yo creo que es un acto correcto; los corruptos deben estar en la cárcel. Lo que haya motivado al sistema priista no es lo fundamental, lo importante es que ya detuvieron a Javier Duarte y debemos los mexicanos seguir presionando para que se procese judicialmente también a Duarte, de Chihuahua; a Borge, de Quintana Roo; a Rodrigo Medina, de Nuevo León, y a Malova, de Sinaloa, por mencionar solo algunos.
Si el pícaro supiera las ventajas de ser honrado, sería honrado por picardía, decía mi padre “Maquío”. Hoy es evidente que el Gobierno federal priísta no está actuando contra los corruptos por convicción, lo hace por picardía.
Artículo publicado en el periódico El Universal
Twitter: @ClouthierManuel
