Cada 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, recordamos algo que debería estar en el centro de la agenda pública: el derecho humano a la alimentación. Garantizar este derecho no es solo cuestión de calorías; se trata de asegurar que todas las personas tengan acceso a alimentos nutritivos, suficientes y de calidad. Y aquí es donde nuestros océanos juegan un papel esencial.
México, con más de 11,000 kilómetros de costas, tiene en sus mares una fuente inagotable de alimentos. Los océanos son uno de los pilares más importantes para garantizar el derecho humano a la alimentación, contemplado tanto en nuestra Constitución como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, hemos sido testigos de cómo, durante años, la pesca ilegal, el deterioro de hábitats críticos y la falta de políticas públicas robustas han llevado a una crisis pesquera que amenaza la seguridad alimentaria de millones de personas.
En este sentido, debemos señalar que el derecho a la alimentación no se reduce a la simple satisfacción de las necesidades calóricas mínimas. Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se trata de un derecho incluyente, es decir, toda persona debe tener acceso regular, permanente y libre a una alimentación adecuada, tanto en cantidad como en calidad. Y para México, esto significa aprovechar de manera sostenible la riqueza de nuestros mares.
Los océanos no solo son una fuente inagotable de proteínas de alta calidad; también son el sustento de más de dos millones de personas que viven de la pesca en nuestro país. La contribución de los productos marinos a la dieta mexicana es vital y, sin embargo, las pesquerías están en declive debido a la falta de acción efectiva por parte de las autoridades y legisladores. Si queremos asegurar que cada persona tenga una alimentación adecuada, debemos mirar al mar y comprometernos con su recuperación.
En los últimos seis años, el Congreso de la Unión ha incumplido su responsabilidad de legislar para asegurar pesquerías sanas y abundantes. Esto no solo pone en riesgo la biodiversidad marina, sino que compromete la capacidad de México para garantizar una fuente sostenible de alimentos para su población. La pesca ilegal, el deterioro de las especies y la destrucción de hábitats marinos están afectando gravemente la capacidad de nuestras comunidades pesqueras para sobrevivir y seguir alimentando al país.
Recuperar las pesquerías no es solo un tema ambiental, es un asunto de derechos humanos. Si logramos restaurar nuestros océanos, podríamos garantizar una fuente de alimentos sostenible para generaciones futuras. La pesca legal, bien gestionada y respetuosa de los ecosistemas marinos no solo asegurará la salud de nuestros mares, también la posibilidad de una dieta nutritiva para millones de personas. Esta es una de las grandes oportunidades que tiene por delante la nueva administración federal que acaba de tomar las riendas del país.
Nuestras autoridades deben tener claro que el derecho a la alimentación está profundamente ligado a la dignidad humana. Como bien lo establece la Constitución Mexicana, “toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”. No podemos hablar de cumplir con este derecho si no aseguramos que las fuentes de esa alimentación, como nuestros océanos, se gestionen de manera sostenible y justa. Para lograrlo, es fundamental que el gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum y la nueva Legislatura, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien deberá resolver un caso sobre este tema, tomen medidas firmes para combatir la pesca ilegal y fortalecer la legislación que proteja y restaure nuestros mares.
Este Día Mundial de la Alimentación, desde Oceana hacemos un llamado urgente: proteger los mares de México es proteger el derecho humano a la alimentación. La recuperación de las pesquerías no solo es posible, es esencial para garantizar la seguridad alimentaria del país. Cuidar nuestros océanos es cuidar de nuestra gente, y estamos en el momento justo para hacerlo.
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