Los desaparecidos y la Iglesia católica

Lo que quiso decir
21/04/2025 04:01
    Se necesita reconocer legalmente el trabajo de los colectivos de búsqueda y los esfuerzos que han hecho para avanzar en la localización de las personas desaparecidas.

    En la reunión que el pasado 8 de abril sostuvo la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con colectivos de familiares de desaparecidos de Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Ciudad de México, Puebla, Durango y Querétaro, estuvieron también representantes del Diálogo Nacional por la Paz.

    Una iniciativa conjunta de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM) y la Provincia de la Compañía de Jesús en México. En su versión, durante la reunión “se escuchó a las familias en su indignación por la indiferencia que han sentido en las instancias de Gobierno, sus deseos de justicia ante la desaparición de sus hijos, hijas o bebés” y estos colectivos presentaron 12 peticiones para “avanzar en el drama de los desaparecidos en México”:

    - Revisar los perfiles de los funcionarios que están al frente de la atención a las familias de los desaparecidos: empatía, sensibilidad y colaboración con los colectivos de las familias.

    - Fortalecer las fiscalías estatales para combatir la impunidad incrementar las capacidades de investigación y combatir la gobernanza criminal.

    - Fortalecer los servicios forenses para identificar los 72 mil cuerpos que están en morgues o fosas comunes y poner en funciones los Centros de Identificación humana.

    - Conformar mesas de trabajo federales y estatales para dar seguimiento a las demandas de las familias de los desaparecidos.

    - Se necesita reconocer legalmente el trabajo de los colectivos de búsqueda y los esfuerzos que han hecho para avanzar en la localización de las personas desaparecidas.

    - Aceptar la colaboración de organismos internacionales para atender el fenómeno de la búsqueda.

    - La nueva ley tiene que garantizar la seguridad de los colectivos de búsqueda y sancionar penalmente a los funcionarios que obstaculicen la justicia en la búsqueda de los desaparecidos.

    - Coordinación entre los distintos niveles de gobierno: subsecretaría de derechos humanos, fiscalía general, fiscalías estatales, comisión nacional de derechos humanos y comisiones de búsqueda.

    - Fortalecer la investigación del Rancho Izaguirre y romper alianzas entre gobernantes y crimen organizado.

    - Atender la niñez desaparecida, tener protocolos diferenciados, campañas de prevención de la desaparición y una educación para la paz.

    - Llevar a cabo un registro nacional de fosas comunes.

    - Fortalecer la seguridad ciudadana capaz de atender la micro criminalidad y estrategias federales para atender la macro criminalidad.

    En la reunión, la Secretaria de Gobernación “pidió sensibilidad a los funcionarios que atienden a las familias de los desaparecidos, propuso mesas de diálogo entre autoridades y colectivos, y hubo disposición de los asistentes a colaborar con estos espacios”.

    La Iglesia católica celebra “esta apertura al diálogo entre colectivos y autoridades, llamamos a poner los medios para atender las demandas y crear una cultura de escucha en las instituciones de gobierno, respuestas coordinadas y el trato digno a las familias buscadoras”. Y recuerda que, según la Segob, de 1952 hasta el 11 de abril de 2025 se han registrado 127 047 personas desaparecidas y no localizadas en el país. La mitad de los casos ocurrieron en el gobierno del Presidente López Obrador (2018-2024).