El pasado 10 de diciembre fue el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para que la conmemoración sea también un llamado a la acción, en el Centro Prodh nos dimos a la tarea de hacer un recuento de algunos pendientes en materia de derechos humanos en el país, que presentamos en esta nuestra última colaboración de este año para Animal Político.
Las desapariciones son el problema más acuciante. Como lo observó el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (Comité CED), las desapariciones en México no sólo no han cesado, sino que no están disminuyendo sin que hasta ahora se haya adoptado una verdadera Política Nacional para Prevenir y Erradicar esta crisis. Como una muestra de esta dolorosa realidad, este año acontecieron episodios de extremo horror como la desaparición de cuatro jóvenes en Lagos de Moreno -que este 11 de diciembre cumplieron cuatro meses sin volver a casa-. Pese a este panorama, en lugar de impulsar estrategias que revictimizan a las familias como la revisión del registro nacional de personas desaparecidas, los esfuerzos deberían centrarse en la búsqueda, reparación e identificación de cuerpos como la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), que sigue sin operar a cabalidad, o en la consolidación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que aún no funciona.
Por otro lado, creció en múltiples regiones el control territorial de las organizaciones macrocriminales. Un ejemplo de esto es el deterioro de Chiapas, derivado de la diversificación y fortalecimiento de grupos criminales que utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial, como lo ha advertido el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Sintomática de esta descomposición fue también la incapacidad del Estado para someter a la justicia al asesino de los jesuitas de Cerocahui; son ejemplo de esta cruenta realidad, por más que se presenten cifras sobre la violencia excesivamente optimistas.
Además, la impunidad no se remontó, y en vez de transformar a las disfuncionales fiscalías -tanto la federal y las locales- lo que tenemos hoy es el anuncio de una reforma judicial que, de incluir la elección por voto de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), podría ser sumamente dañina. Elocuente sobre el clima de acoso a la judicatura ha sido que ninguna de las candidatas a integrar el Pleno de la Corte se haya pronunciado claramente contra este desvarío durante sus comparecencias.
Por otro lado, el empoderamiento militar creció y recientemente desde la tribuna presidencial se anunciaron aún más reformas para entregar legalmente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin que se estén fortaleciendo los controles civiles externos sobre las Fuerzas Armadas. Pese a ello, comunidades como la de los pueblos tzeltales en Chiapas y la de habitantes de Azcapotzalco y Xochimilco, en Ciudad de México, defendieron sus territorios de la militarización, como señalamos en la segunda edición del informe #PoderMilitar del Centro Prodh.
La crisis migratoria no se revirtió, y la tragedia en la que fue arrebatada la vida a al menos 39 personas migrantes en Ciudad Juárez mostró el impacto de la negligencia en la vida de las personas en movilidad.
Sobre el caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 normalistas no ha sido resuelta y se ha consentido al Ejército no entregar todos los documentos necesarios para esclarecer lo ocurrido. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se vio orillado, de nuevo, a dejar el caso. Los padres y madres llevan 9 años exigiendo justicia y verdad sobre el paradero de sus hijos. La crisis del caso es similar al desafío que enfrenta el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEXH) que investiga la Guerra Sucia, que no ha podido acceder a los archivos militares, por lo que ha debido impulsar la campaña #SinArchivosNoHayVerdad.
Adicionalmente, los riesgos enfrentados por defensores de derechos humanos, sobre todo de aquellos que luchan por la defensa de su tierra y territorio en comunidades, no disminuyeron. Fue el caso de Don Eustacio Alcalá que fue asesinado en el territorio, en Michoacán. Mientras que, desde hace ya casi 11 meses, los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz están desaparecidos.
El uso ilegal del software Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y otros actores políticos, no sólo continúa impune, sino que no se erradicó. Este año, se hicieron públicas denuncias de nuevos casos, entre ellos, un nuevo ataque contra el Centro Prodh. Pese a que en México continúe el encubrimiento, la justicia internacional seguirá monitoreando la rendición de cuentas por el empleo ilegal de este malware.
Por otro lado, no se ha agilizado la excarcelación de personas inocentes que siguen presas, como es el caso de Keren Selsy Ordóñez Hernández, sobreviviente de tortura, quien desde hace ocho años lucha por su inocencia en Tlaxcala. Esto deviene incluso más grave si se considera que durante el año también se hizo público que las mujeres enfrentan condiciones carcelarias atroces, como lo muestra el aumento de suicidios en el CEFERESO de Morelos, denunciado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Pese a este panorama, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) siguió su deterioro, mostrando una creciente pérdida de autonomía y partidización. La renuncia de todo su Consejo Consultivo es síntoma de esta descomposición. A remontar esta realidad no ayuda, desde luego, que desde la conferencia matutina presidencial se profundicen las descalificaciones contra órganos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que pese a todos sus problemas actuales ha sido relevante para garantizar el derecho de acceso a la información pública.
En suma, no se puede decir sin faltar a la verdad que en México ya no se violan los derechos humanos. Los propios datos publicados por Inegi en días pasados en el Censo Nacional de Derechos Humanos en los ámbitos Estatal y Federal así lo acreditan.
Sin soslayar de ninguna manera todos estos retrocesos, hay que señalar también medidas en el sentido correcto. Por ejemplo, en 2023 se adoptaron algunas medidas positivas para la garantía de derechos sociales, como el incremento del salario mínimo, los avances de la reforma laboral y el fuerte énfasis en la desigualdad de múltiples acciones de gobierno, en el marco de un desempeño económico que abre buenas expectativas hacia adelante. El decreto de protección a territorios sagrados indígenas como Wirikuta y el activismo de México contra el tráfico de armas fueron también buenas noticias.
Pero sin duda alguna las luces de esperanza de este 2023 están sobre todo en los esfuerzos de las miles de personas y comunidades que, en todo el territorio nacional, se movilizaron para exigir sus derechos y activar su ciudadanía. Sus voces, reclamos y propuestas deben ser escuchadas por quienes aspiran a gobernar el país a partir de 2024. Y es que en todo México, durante este año que ya termina, los derechos humanos fueron reivindicados por personas y comunidades que lucharon dignamente por la justicia, la verdad, la memoria, la igualdad, el cuidado de la Casa Común y la no discriminación. Ellos, ellas, elles, siguen acudiendo al llamado de esperanza que desde hace 75 años trajo consigo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sus luchas son luz en la oscuridad, ¡hasta que la dignidad se haga costumbre!
