La presencia del crimen organizado mexicano en el mundo tiene varios lustros- desde mediados de los ochenta-, pero su relevancia en Ecuador comprueba el enorme poder que ha alcanzado. Observamos, pasmados, como de la mano de sus socios locales, prácticamente estaban organizado una insurrección nacional con más de 20 mil hombres en armas, e intervienen en los procesos electorales.
Hace aproximadamente diez años escribí un libro- que la editorial Random House no me quiso publicar porque le pareció muy académico- se intitula “Culiacán ciudad global del crimen organizado”. Ahí, gracias al rastreo que hizo en publicaciones y documentos de los cincos continentes, el entonces estudiante Éric Vega, quien era mi ayudante de investigación, encontramos que el Cártel de Sinaloa, en particular, actuaba de diferentes formas -venta directa de drogas, lavado de dinero a través de inversiones directas y financieras, compra de precursores y armas, compra de drogas, etc.- en 67 países de los cinco continentes.
Este año, según la DEA, entre el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación lo hacen en más de cien países. Es decir, el capital criminal mexicano se ha expandido y se reproduce de manera ampliada en casi todo el planeta. Es la única industria mexicana plenamente global.
Este hecho alarmante y único en el mundo, porque no hay ninguna otra organización criminal en la historia internacional con tal poder e influencia, sería imposible sin un control de amplios corredores del territorio nacional por parte de los cárteles mencionados, la base primigenia de su capital. Pero, a la vez, ese poder transnacional nos advierte el tamaño del poderío del crimen organizado al que se tiene que enfrentar el Estado mexicano y sus diferentes gobiernos. Los cuales han visto crecer, sexenio tras sexenio, el capital criminal y sus cada vez mayores niveles de violencia. Ninguno los ha podido detener. Las ganancias globales, como las de cualquier industria transnacional, fortalecen la base territorial de origen y con ello la reproducción ampliada de capital industrial, comercial, financiero, violento y político. Lo más preocupante es que ya postulan sus propios cuadros políticos y ganan cada vez más espacios.
Cuando un capital criminal- en el que la violencia es consustancial- alcanza tales dimensiones es porque goza también de un enorme capital político. Sin este sería imposible la reproducción ampliada de los cárteles y sus múltiples negocios. Sin poder político ningún capital puede asegurar su permanencia y expansión. Esto lo entendieron perfectamente desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de su globalización, los narcos sinaloenses.
Fue en Sinaloa donde, primeramente, se empezó a observar la estrecha relación del poder del narco con el político. Y, quizá fue Badiraguato, el lugar, hace ya un siglo, en el que se empezó a experimentar a nivel municipal ese estrecho vínculo. Si Sinaloa es la cuna del narcotráfico mexicano, Badiraguato inseminó a la criatura.
Lo anterior viene a colación porque en la visita del lunes pasado a Sinaloa de la candidata del frente, Xóchitl Gálvez, Jesús Zambrano, presidente del PRD, declaró: “No queremos que los procesos electorales transcurran dentro del marco de la violencia, de la amenaza que el crimen organizado, decidirá quiénes sí pueden quiénes podrán o no ganar una elección. Es a lo que he llamado el riesgo de una narco elección de Estado”.
Zambrano, y con él los demás dirigentes políticos que lo acompañaban, han insistido desde el inicio del gobierno de López Obrador que este ha establecido acuerdos implícitos con el Cártel de Sinaloa tanto en los procesos electorales como en las políticas de gobierno, particularmente en las de seguridad, idea que se ha reproducido ampliamente en medios periodísticos y académicos. Por supuesto, los morenistas lo han negado y en respuesta, han señalado una y otra vez las complicidades de Genaro García Luna y, por lo tanto, de Felipe Calderón, con los narcos. Y ya no se diga los enjuagues de Salinas de Gortari con los cárteles del momento.
Pero, volviendo a la reciente declaración del perredista, más de medio mundo del ambiente periodístico y político sinaloense, se pregunta: “¿No saben Zambrano, Marko Cortés, Alito Moreno y Xóchitl a quiénes están postulando los aliados del frente opositor en Sinaloa?”. Si no saben, pues qué grave, y si saben, lo más seguro es que sea así, pues más grave.
Zambrano habla “del riesgo de una narcoelección de Estado”, prácticamente asegurando que los cárteles de la droga se van a asociar con el gobierno de AMLO, pero su partido y sus aliados no van a poder ocultar en Sinaloa y otros estados que tienen evidentes lazos de amistad y acuerdos con los que dice no querer nada.
¿Quiénes harán el 2 de junio una narco elección, el gobierno o los partidos de oposición? ¿Quiénes necesitan desesperadamente aliados con mucho poder, con mucho dinero?
¿Quiénes van muy abajo en las encuestas electorales y buscan ansiosamente subir?
¿Quiénes buscan aliarse hasta con el diablo para regresar al poder?