"Los avales de la corrupción en Sinaloa"
jesusrojasriver@gmail.com
Luis Pérez de Acha lo dijo claro: “El Gobierno del Estado de Sinaloa no quiso colaborar en la más reciente investigación de Impunidad Cero. Nos faltó información, aun así logramos documentar en Sinaloa desfalcos por casi 16 millones de pesos en el trabajo ‘Facturas falsas, la epidemia de salud’”. Sentenció el experto en temas de transparencia y lucha anticorrupción, en una ponencia para lectores de este rotativo en la capital de la entidad.
La investigación nacional documentó 22 mil 933 facturas falsas en 30 de los 32 estados del País, certificados fiscales que sirvieron para desviar recursos públicos por 4 mil 100 millones de pesos del Sector Salud en todo México. Según la investigación de la organización no gubernamental, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Oaxaca reúnen casi el 80 por ciento del total de las facturas falsas del País.
Se documenta el hecho, se da con las facturas falsas, se tiene el nombre de las empresas fantasmas y los funcionarios que incurrieron en los presuntos actos de corrupción, se acredita el desfalco pero no pasa nada, porque el Sistema Nacional Anticorrupción no le dio dientes de sanción a la autoridad. No hay manera de hacer pagar a los culpables, hay mil formas de evadir la acción de la justicia y, como se sabe en estos casos, la impunidad es el mayor estímulo para seguir delinquiendo.
Afirmó también que la autoridad fiscal sabe perfectamente cuáles son las empresas que están señaladas en operaciones ilícitas, cuya única sanción es la cancelación de los sellos fiscales para seguir “facturando” pero no el seguimiento de los recursos y menos el aseguramiento de las cuentas. Es decir, que la autoridad puede perfectamente seguir el rastro del dinero por ser operaciones en transferencias dentro del sistema bancario mexicano, pero la legislación actual impide recuperar los montos desviados de manera ilegal.
Después de la legislación del 2019, más por presiones internacionales que por un interés del Estado mexicano, se legisló en nuestro País para un verdadero cambio de “paradigma”, que busca poner orden en temas trascendentales como el fiscal, el laboral y el antilavado.
En materia fiscal, la política mexicana viró su objetivo de corto plazo a esquemas reportables y de seguimiento de empresas “sospechosas” de incurrir en falsa facturación y desvió de recursos. También comenzó una lucha frontal contra las empresas y personas fantasmas que pueden derivar incluso en la extinción de dominio y la judicialización de los casos por la vía penal al relacionar las operaciones con delincuencia organizada.
Mientras que en la responsabilidad corporativa de las empresas se contempla desde la intervención de la administración hasta la disolución de las sociedades, incluyendo por supuesto el bloqueo de las cuentas bancarias y los bienes de la empresas vinculadas a este tipo de actividades ilícitas.
Para todo lo anterior, se necesita que los comités de Participación Ciudadana en la lucha anticorrupción funcionen para los fines en los que idealmente fueron creados, tanto en la Federación como en los estados del País. Desafortunadamente, al revisar la situación que guardan estos organismos ciudadanos garantes de la representación, vemos penosas decisiones de opacidad y entreguismo que favorece a la corrupción.
En este mismo caso, el de la apertura, es de resaltar lo sucedido en Sinaloa hace unos días en donde Norma Sánchez, presidenta del Comité Anticorrupción, de manera valiente y con la congruencia que le caracteriza, presentó un exhorto público solicitando la aclaración del origen y el destino de los recursos desviados por el ex Secretario de Administración y Finanzas con un monto de más de 290 millones de pesos. Y de manera inexplicable, en un claro interés de protección a los corruptos, el resto de los consejeros desestimaron la propuesta y rechazaron la exigencia de transparencia de la presidenta.
Es claro que el compromiso de consejeros como Soledad Astrain Fraire, Sergio Avendaño y Fernando Ruiz Rangel no está en la legítima defensa de los intereses de los ciudadanos y sus actos quedan lejos, muy lejos del ideal del Comité en donde, dicho sea de paso, cobran jugosos sueldos. Luego le seguimos...
