La seguridad, qué problema, querido lector. Llevamos por lo menos una década metidos en este problema y el Ejército en las calles. Ciertamente, no es un problema fácil, sino muy complejo. Tan complejo que solo parece tener una solución, independientemente quién esté en el poder: militarizar. Es irónico mirar lo que ocurre en el debate público estos días, es como un flashback de la discusión que se tenía hace unos años, con los mismos argumentos, pero sostenidos por actores diferentes, como si solamente se hubieran intercambiado parlamentos y papeles, frente a un auditorio boquiabierto que mira confundido el cinismo de quienes hace algunos años sostenían argumentos contrarios.
Y no es que uno esté contra el cambio de opiniones, naturalmente. Pero no deja de ser un síntoma muy llamativo y descorazonador de que la política mexicana naufraga en las mismas aguas, o en realidad lleva años encallada en el mismo lugar, sin un plan, sin estudios serios, sin una estrategia real para enfrentar el inmenso problema de seguridad en que México está sumido. Es una ironía amarga, porque muchos tuvimos la esperanza de que el Gobierno del Presidente López Obrador tenía una propuesta distinta para enfrentar este problema, como decía la semana pasada. Pues no solo resultó que no, sino que ahora sostienen los mismos argumentos que sostenían los calderonistas: que en este momento (el pasado o ahora, es indistinto) no hay policías civiles capaces de contener al crimen organizado, que las policías se corrompen muy fácilmente, que el Ejército no, que no queda de otra... O sea, ya vimos esta película, querido lector, y ya conocemos el final. Aunque ahora parece peor, hay que decirlo, porque los argumentos han sido llevados al extremo: que como la antigua Policía Federal se volvió corrupta por Genaro García Luna, no vale la pena ya crear policías civiles. Como si el problema hubiera sido la naturaleza de la policía y no la conducción de esa fuerza. Así, confunden deliberadamente la magnesia con la gimnasia y justifican medidas que más parecen vías rápidas para apagar incendios que realmente la construcción de una vía para de una buena vez solucionar el problema de seguridad. Igualito a como lo hicieron los gobiernos anteriores que delegaron en las fuerzas armadas labores que les corresponden a las fuerzas civiles, pero con la salvedad de que el Presidente no está dispuesto a usar esa fuerza para combatir al crimen organizado por los costos políticos que implican que militares combatan ejércitos de civiles armados. Porque los militares no son policías, se sabe, ni están preparados para serlo y sabemos ya que las posibilidades de que se cometan abusos de fuerza son enormes. Es realmente una terrible ironía entonces, que se haya creado una fuerza como la Guardia Nacional que en los hechos es militar, pero depende de autoridades civiles, incapaz de contener al crimen organizado porque inmediatamente sería acusada de violadora de derechos humanos porque no obedece realmente a una formación civil.
Es un lío tremendo, por donde se le vea, y es posible que esto explique que el Presidente haya optado por intentar moralizar a la población y confiar en que las transferencias de dinero lograrían aplacar la violencia, como si fuera un cuento de hadas. O sea: el Presidente realmente consideró que los abrazos eran una estrategia de seguridad pública capaz de contener el baño de sangre. Es una desgracia, porque este sexenio, nuevamente, se habrá desaprovechado la oportunidad de poner las bases para lograr salir del problema que nos aqueja, hoy más complicado que nunca.
No es nuevo, sin embargo, este problema. Ya estaba planteado desde el inicio del sexenio. Muy pronto el nuevo Gobierno descartó la vía civil cuando desapareció la Policía Federal, vio como un caso perdido esa institución e intentó infructuosamente que la nueva Guardia Nacional fuera totalmente militar. Parecía lógico entonces desaparecer esa fuerza policial pero ahora luce más claro que nunca que la verdadera intención del Presidente era desaparecer la naturaleza civil de las fuerzas de seguridad, no una reorganización ni un saneamiento, es decir, que su verdadero objetivo fue desde el principio, la militarización de la seguridad pública como una solución a largo plazo y la militarización de sectores claves del país. Claro, para ello, debía desfigurar la naturaleza misma de nuestro país, pasar por encima de la Constitución y de la lógica política que nos rige. Por supuesto, estos cambios son cambios importantes y sustantivos, cambios que afectarán nuestra vida y que no fueron ordenados por los votantes, a los cuales en ningún momento se les ofreció en la campaña la militarización de México.
La verdad, querido lector, es que muchos mexicanos desconocíamos la profunda desconfianza de López Obrador en la naturaleza civil del Gobierno y las instituciones, ignorábamos la ironía brutal que significa que un político desconfiara del propio Gobierno que aspiraba a dirigir. Sí conocíamos (y compartíamos) el diagnóstico de corrupción generalizada de este, pero no la medicina que pensaba aplicar para combatirla, es decir, la desaparición misma de las instituciones del gobierno, y la militarización como arma contra la corrupción. En el fondo, es una claudicación del poder político totalmente inédita, una asunción fatal de que los políticos y funcionarios mexicanos no tienen probidad alguna para dirigir el país, y que necesitan del brazo armado y autoritario para que los sustituya.
Lo peor, querido lector, es que, como sucedió con su convicción de que los abrazos frenarían la violencia y los detentes a la Covid, su convicción de que las fuerzas armadas son incorruptibles, es totalmente fantasiosa.
Pagaremos las consecuencias, sin duda, de su idea personalísima de que los militares son mejores que los mejores políticos y funcionarios mexicanos de hoy y del mañana. Hasta ahora, es la deriva más angustiante por la que hayamos transitado este sexenio y mire que hemos transitado por muchas. Lamentablemente, estos cambios perdurarán mucho más allá que el sexenio de López Obrador.
