Es impresionante el avance de la conciencia ciudadana en los últimos tiempos, la politización y claridad a favor de una regeneración del País son recurrentes, con lo cual avanza el establecimiento de la democracia de manera plena.
Hasta antes del presente sexenio de gobierno, se concebía la democracia como una aspiración de la sociedad lejana de alcanzar. Con el triunfo de la Cuarta Transformación las cosas cambiaron ostensiblemente en bien de los ciudadanos. Este “poder del pueblo”, que es lo que etimológicamente significa la palabra democracia, fue largamente anhelado por los ciudadanos como una de sus demandas centrales, pero por todos lados se le escamoteaba. Hoy las cosas en la vida del país han dado un salto cuantitativo y la democracia está dejando de ser florida palabra de discursos y su concreción se ve como un hecho en la vida política.
Este giro político tiene muy contenta a la ciudadanía, porque ve con objetividad que se termina con los fraudes electorales que en el pasado eran recurrentes y estaban presentes en las elecciones de todos los niveles; la triquiñuela electoral prevalecía como una maldición gitana (y aún en el ámbito, por fortuna cada vez más reducido, donde opera el prianismo, el fraude, cada vez más burdo y evidente, sigue siendo la marca de la casa).
Es un paso esencial, para el ejercicio de los derechos cívicos de los ciudadanos, terminar con esa práctica que antaño permeó, deformando, toda la vida nacional. El sufragio efectivo, libre, tiene mucha importancia para salvaguardar los intereses de los estratos sociales, ya que se conculcaba ese derecho de elegir libremente a los gobernantes, ahora incluso el pueblo impulsa la revocación de aquellas autoridades que le den la espalda al pueblo. En ese sentido, pésele a quien le pese, se viene imponiendo la libertad sin restricciones y los ciudadanos piden votar y ser votados con transparencia, como lo establece la Constitución de la República.
En este periodo gubernamental se logró establecer en la Constitución como delito grave el fraude electoral; lo que significa un enorme avance en apuntalar la democracia, como forma indiscutible de integrar los gobiernos del país, en todos sus niveles, sin restricciones. Es un derecho de los ciudadanos nombrar a sus gobernantes, conculcarlo implica un delito grave como lo hemos dicho.
Se acabaron los cochupos en las elecciones. Si no son limpias se impondrá el recuento de votos y hasta la reposición. A este paso, en México y más pronto de lo imaginado, las elecciones serán limpias como en los países más democráticos del mundo; los fraudes electorales van a pasar a ser historias del pasado, los mismos ciudadanos se van a encargar que así suceda. En ninguna circunstancia la ciudadanía va a permitir el regreso al pasado, es demasiado traumático recordar cómo se escamoteaba la libre voluntad de los ciudadanos, esas prácticas no volverán a dejar su impronta en el ejercicio electoral de los mexicanos.
La democracia en este país llegó para quedarse, propiciando que los ciudadanos expresen libremente sus preferencias políticas, garantizando que el voto ciudadano cuente y se cuente bien, los órganos encargados de proteger ese derecho tienen la obligación de garantizar que los ciudadanos se expresen sin mengua de su libertad.
Lo que afirmamos lo vamos a ver plenamente en las elecciones del próximo año, eso tiene un gran valor comparado con el pasado, donde los fraudes electorales eran consustanciales al prianismo (por poner dos ejemplos, citamos dos fraudes históricos en las elecciones presidenciales, en 1988 y 2006). Eso nunca más debe volver pasar en esta Nación de tantas y valiosas epopeyas escritas en su historia nacional.
La historia nacional es rica en episodios épicos en la lucha por el advenimiento de la democracia como forma de vida de su pueblo, por lo mismo es inaudito que en su suelo hayan tenido lugar fraudes tan descarados contra el sufragio de los ciudadanos, parece inconcebible, difícil de comprender en un país como el nuestro.
Por eso, enfatizamos la importancia del avance político del pueblo, que viene marcando la pauta que debe seguir el régimen del cambio para consolidar la democracia en el más pleno sentido del término.
