Legalización y regularización de drogas: ¿abriendo caminos hacia la paz?
La legalización y regulación de las drogas en Sinaloa representa una estrategia potencialmente transformadora para abordar problemas históricos de violencia, precariedad económica y salud pública.
La violencia en Sinaloa, atribuible en gran parte al narcotráfico, se deriva de la competencia por el control territorial y la venta de sustancias ilícitas. La regulación de drogas representa una oportunidad para cambiar esta dinámica, tal como se ha observado en estudios realizados en Uruguay, donde la legalización del cannabis redujo el mercado ilícito en un 18 por ciento en los primeros años tras la implementación de la medida (Pardo, 2014). Este efecto se debe a que el Estado puede tomar control de la producción y distribución, eliminando el incentivo económico de las redes criminales y, con ello, reduciendo la violencia en gran medida.
Además, la transición hacia un mercado regulado permitiría que aquellos involucrados en la producción o venta de drogas en el mercado negro puedan optar por la legalidad. Este enfoque ha sido implementado con éxito en Colombia, donde se creó el programa “Proyecto de Sustitución de Cultivos Ilícitos”, que ofrece apoyo económico y técnico a campesinos dedicados al cultivo de coca para que transiten hacia cultivos legales (ONU). Para Sinaloa, un esquema de transición similar podría facilitar la inserción de productores y distribuidores en un mercado formal, garantizando su acceso a programas de capacitación, financiamiento y empleo regulado. La regulación debe ser acompañada de programas de inclusión laboral y social que permitan una reintegración real, fomentando una economía formal en lugar de una de subsistencia.
Por otro lado, la creación de un sistema regulado no sólo apunta a disminuir la violencia, sino también a convertir la venta de drogas en una fuente legítima de ingresos para el estado. La experiencia en Colorado, donde los ingresos fiscales por la venta de cannabis alcanzaron los 387 millones de dólares en 2020, demuestra el potencial económico de esta estrategia (Departamento de Ingresos, Colorado, 2020). Estos fondos se han destinado a mejorar servicios educativos, salud mental, infraestructura y programas de prevención de adicciones, lo que a su vez reduce las vulnerabilidades que suelen ser terreno fértil para el crimen organizado.
Para Sinaloa, uno de los estados con mayores índices de pobreza y desigualdad en México, los ingresos generados por un mercado regulado de drogas podrían destinarse a programas de desarrollo social enfocados en la juventud y las comunidades afectadas por la violencia. De esta forma, la regulación de las drogas podría establecer un ciclo virtuoso donde los ingresos derivados de este mercado financien iniciativas de educación y salud pública. Diversas investigaciones muestran que la inversión en estos programas tiene un efecto protector para la sociedad en general, reduciendo a largo plazo la dependencia en economías ilícitas y mejorando el bienestar de las poblaciones vulnerables.
La regulación de drogas también ofrece un acceso seguro y controlado a tratamientos medicinales. De acuerdo con una gran plétora de investigaciones, compuestos derivados del cannabis, como el cannabidiol (CBD), han demostrado efectos positivos en el tratamiento de epilepsia, dolor crónico y ansiedad. Sin embargo, la ilegalidad de estas sustancias en muchos lugares limita su disponibilidad y obliga a los pacientes a recurrir al mercado negro, donde la calidad y seguridad de los productos no están garantizadas.
Al permitir la producción y venta de estas sustancias con fines médicos bajo un sistema regulado, el Estado puede asegurar estándares de calidad y control sanitario. En Canadá, donde el uso de marihuana medicinal es legal, estudios han demostrado que los pacientes tienen una mayor calidad de vida y acceso a tratamientos eficaces. Para Sinaloa, la implementación de una regulación que contemple el uso medicinal de las drogas podría significar un avance importante en el sistema de salud, permitiendo que los pacientes reciban tratamientos efectivos y seguros sin la necesidad de recurrir al mercado ilegal.
Para facilitar una transición exitosa hacia un sistema legalizado, Sinaloa podría implementar programas de capacitación para aquellos involucrados en el comercio ilegal de drogas, dándoles la oportunidad de integrarse al mercado regulado. De esta manera, aquellos que dependen económicamente de la producción y tráfico de drogas pueden transformarse en empresarios legales, con acceso a crédito, capacitación y mercados formales.
En este proceso, la integración laboral y social de ex traficantes y productores informales no sólo sería beneficiosa para quienes buscan una oportunidad de trabajo, sino que también fortalecería la economía formal de Sinaloa, creando un mercado laboral más diverso y equitativo. La integración económica y social podría reducir los índices de reincidencia en actividades ilícitas.
La legalización y regulación de drogas en Sinaloa podría ser una solución viable para enfrentar problemas estructurales en múltiples ámbitos. Al reducir la violencia mediante el control del mercado, generar ingresos fiscales destinados a programas sociales, y proporcionar tratamientos seguros y accesibles para pacientes, se podría transformar el contexto social del estado. Además, al ofrecer oportunidades a los involucrados en el comercio ilícito para una transición hacia la legalidad, Sinaloa puede fortalecerse como una sociedad más justa e inclusiva.
La evidencia científica sugiere que una política de regulación bien implementada y basada en datos es una herramienta efectiva para abordar la violencia, mejorar la economía y brindar alternativas de salud pública. Al adoptar un enfoque integral de política de drogas, Sinaloa tendría la oportunidad de replantear su futuro, promoviendo la paz social y el desarrollo sostenible.
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Pardo, B. (2014). Cannabis policy reforms in the Americas: A comparative analysis of Colorado, Washington, and Uruguay.
