¿Le conviene al narco violentar la elección?
Vote o no, el Cártel conserva sus privilegios

A pesar de que las situaciones de violencia política de mayor impacto se han dado en otros estados del País, en Sinaloa está permeando la preocupación ciudadana respecto a que el proceso electivo constitucional transcurra en paz y con legalidad en el contexto local, lo cual será posible respetando las integridades de los candidatos, órganos electorales y principalmente de los votantes. Y siendo muy realistas en este tema, la apacibilidad de los comicios la pueden dar más las organizaciones del narcotráfico que las instituciones y fuerza pública que operan para poner orden.

El problema es que algo otea la gente en la dinámica sucesoria sinaloense que no escapa al olfato de la población en edad de sufragar. Los medios de comunicación, en la imposibilidad de documentar tanta conjetura fatídica que invade la conversación popular, se ven obligados a guardar silencio por más que el runrún popular incite a transformar las presunciones en noticias. Una cosa es cierta: la opinión pública percibe los tufos de la narcopolítica y procede en consecuencia, tan sigilosa como certera.

En otro contexto, las organizaciones sociales cúpulas al igual que personajes y partidos que aparecerán en la papeleta electoral sienten que en Sinaloa podría descomponerse el clima preelectoral con miras a entorpecer el día de las votaciones. Por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana, en voz de su dirigente en Mazatlán, Alberto García Félix, pidió el reforzamiento de la seguridad pública en esta última recta del ciclo comicial, y Mario Zamora Gastélum, candidato a Gobernador de la coalición Va por Sinaloa, se pronunció para que no se repliquen aquí los ataques a candidatos que suceden en otros estados.

Vale entonces analizar la interrogante de si los segmentos del narco que integran el Cártel de Sinaloa estarían dispuestos a descarrilar la elección, a riesgo de que la entidad entre a episodios de inestabilidad política donde todo resulta alterado. Esa no parece ser, o al menos no ha sido, la forma de maniobrar de dicha organización, ni de Ismael Zambada García o de Joaquín Guzmán Loera. Los capos viejos como Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero fundaron el manual que establece que a los políticos que buscan el poder, o los que ya lo tienen, no se ocupa intimidarlos para controlarlos.

El comportamiento histórico del Cártel de Sinaloa no registra en la era moderna grandes atentados contra políticos o partidos que hayan influido en decidir una elección. Opera, claro que sí, haciendo amarres o desamarres en torno a algún candidato o planilla electoral, sin embargo, importa tomar en cuenta que tampoco en México el narco había escalonado a las estrategias de las armas, homicidios y miedos para ganar o perder votaciones.

Hemos dicho que al menos desde los ochentas, cuando iniciamos en la observación periodística del acontecer sinaloense, el narcotráfico ha tenido voz y voto en instalar o deponer gobiernos. En Sinaloa y en aquellas regiones donde los jefes de los cárteles pretenden cotos de poder, mínimamente el control de las policías como mecanismos de seguridad para sus células delictivas, han prescindido de extremos como los que estamos viendo en Sonora, Guerrero, Tamaulipas y Guanajuato donde el “sufragio” de crueldad se ha hecho sentir durante mayo en curso.

¿Qué tanto le interesa al Cártel de Sinaloa “calentar” este territorio en el que aparentemente todos sus componentes están coordinados en un pacto o tregua de paz? Presenciamos la disputa por el dominio de las regiones en que se asienta cada célula del narco, pero se ve difícil la balcanización que desate una nueva ofensiva interna derivada de la guerra por posiciones políticas.

Más allá de los acarreos forzados o pagados de electores hacia los centros de votación, financiamiento a campañas y arreglos para que se les sigan respetando las canonjías que tienen desde hace décadas, es posible que la violencia asociada a los comicios (dicho esto más a manera de ruego que de pronóstico) sea contenida desde las mismas organizaciones criminales y no por un plan de tipo militar-policiaco para aportarle seguridad a la coyuntura electoral.

Tampoco se trata de confiarse. Ni de dejar de preocuparse. Los factores que detonan la violencia electoral pueden alterarse con el más mínimo movimiento de los intereses de la gran delincuencia y lo que ahora está en calma mañana podría amanecer exacerbado porque alguien o algo se salió de los planes originales. Además, eso está visto, al gobierno le resulta cada vez más difícil hacer valer la investidura y el estado de derecho.

Los narcos son constructores de imperios de dinero, poder y dominación fincados en los negocios de las drogas ilícitas. A los ciudadanos nos interesa establecer gobiernos legítimos fundados en la democracia y en los afanes por concretar el Sinaloa que anhelamos y que soñaron nuestros ancestros, de igual modo que lo desearán las futuras generaciones. En tales propósitos hay dos modelos que podrían avanzar alternos, pero entre la guerra de unos y el pacifismo de otros no hay cruces posibles.

Necesitamos elegir bien,

Ocupamos estar seguros,

De que nadie más será rehén,

de otros mañanas oscuros.

El batidero electoral que hizo en Sinaloa Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, le tocó limpiarlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tocándole el turno ahora a Manuel Guillermo Chapman que siendo Alcalde de Ahome protegido por su partido y por la bancada mayoritaria en el Congreso del Estado cometió con impunidad delitos como amenazas de muerte, ofensas a mochitecos y violencia política en razón de género. ¿Que pongan Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres sus barbas a remojar en Culiacán y Mazatlán?