Las peligrosas ocurrencias de AMLO al final de su sexenio

La idea de restablecer en el corto plazo un sistema de pensiones para el retiro como el que existía antes de la reforma de 1997 es un proyecto hasta el momento insostenible debido al modesto nivel de crecimiento económico del País, la débil capacidad recaudatoria del estado mexicano, y el creciente envejecimiento de la población.

De aprobarse la propuesta de López Obrador, sin un adecuado soporte productivo y recaudatorio, esto podría traer como consecuencia un aumento en la deuda pública, fuertes presiones inflacionarias y la desatención de otros rubros igual de importantes.

Por eso, de entrada lo que se percibe es otro gancho populista del Presidente justo a punto de dar comienzo las campañas electorales, dado que es bien sabido que la posibilidad de gozar de una pensión digna para el retiro es uno de los grandes anhelos que tienen las nuevas generaciones en México.

Antes de 1997, el sistema de pensiones se basaba en un modelo donde los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados. Bajo ese sistema, las personas contribuían con un porcentaje de sus salarios, y acumulaban puntos que les otorgaban el derecho a recibir una pensión al momento de su jubilación.

Sin embargo, ese modelo presentaba varias deficiencias que lo hicieron insostenible, principalmente porque con el tiempo el número de trabajadores activos comenzó a disminuir, al mismo tiempo que el número de jubilados iba en aumento, lo que generaba un desequilibrio en las finanzas del sistema.

Para aliviar esas presiones financieras, en 1997 se implementó una reforma que no fue para nada del agrado de los mexicanos. A partir de ahí se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), un esquema mixto que combina una pensión básica garantizada por el Gobierno, con una cuenta individual de ahorro para el retiro.

Ciertamente la implementación de este modelo significó un gran golpe al bienestar y la seguridad de las personas en edad de jubilación, porque desde entonces fueron los trabajadores quienes tuvieron que encargarse casi por completo de juntar los recursos para subsistir los últimos años de su vida.

Lamentablemente las condiciones económicas y demográficas en el País no han cambiado desde 1997, como para pensar que es posible regresar inmediatamente a un modelo en donde los jubilados reciban como pensión el equivalente de hasta el 100 por ciento de su salario como activos.

Esto ocasionaría un incremento continuo en el gasto público, sobre todo por la dinámica de envejecimiento poblacional, la disminución de personas en edades activas y el aumento en la esperanza de vida.

Según estimaciones del Consejo Nacional de Población, las personas de 65 años o más aumentarán de 10 a 25 millones de aquí al año 2050. En ese mismo periodo la población económicamente activa disminuirá de 83 a 75 millones, y la esperanza de vida aumentará de 76 a 80 años.

Para financiar un sistema de pensiones en un país con más personas longevas en edad de retiro y con menos número de trabajadores activos, México necesitaría ser más productivo y tener un sistema de recaudación más eficiente. Sin embargo, el promedio de crecimiento del PIB en los últimos 10 años no llega ni al 2 por ciento; mientras que la recaudación tributaria es de apenas 16 por ciento como porcentaje del PIB (apenas la mitad de lo que recaudan en promedio los países de la OCDE).

Además, los programas sociales ya existentes y los proyectos de infraestructura tienen al límite el presupuesto de egresos, tanto que hasta se han elevado los niveles de deuda pública, como no ocurría en décadas.

Entonces ¿de dónde se obtendrían los recursos para financiar esta política tan ambiciosa que no corresponde a la realidad económica del País, y que con el envejecimiento poblacional se volverá más insostenible?

Esto no quiere decir que debamos olvidarnos de un sistema universal de pensiones financiado por el Estado, pero por lo pronto la realidad se impone y nos obliga a discutirlo fuera de toda presión político electoral.

Por eso es una irresponsabilidad, si no es que una viveza, que el Presidente haya metido esta iniciativa para reformar el sistema de pensiones junto con otras 19 propuestas más de cambios fundamentales a la estructura del Estado mexicano, entre las que se incluye la desaparición de algunos organismos autónomos y la elección popular de jueces y magistrados.

Tantas iniciativas introducidas al mismo tiempo no hace posible que los legisladores se concentren en revisar a fondo en cada uno de los proyectos, ni brinda la oportunidad a los ciudadanos de involucrarse en la discusión, sobre todo ahora que están a punto de comenzar las campañas electorales.

En cualquier régimen democrático se sabe que el último año de un gobierno es un periodo relativamente estéril en términos legislativos, en el que ya no se esperan proyectos de ley controvertidos, dado que estos implican una amplia discusión constitucional, financiera y de consenso popular.

También es un entendido de las reglas no escritas de la política, que el Presidente saliente no debe presentar reformas de gran envergadura al final de su mandato, porque eso es visto como una intromisión o una imposición al nuevo gobierno que está a punto de constituirse.

Pero en un régimen ultra presidencialista como el mexicano, todo es posible. López Obrador de forma abusiva no sólo se tomó la libertad de presentar una iniciativa toral al final de su sexenio, sino que se dio el lujo de aventar a los legisladores ¡20! propuestas para “salvar al pueblo”.

El riesgo que observo yo con esta locura populista y electorera es que los legisladores de Morena se tomen en serio las propuestas del Presidente, y que las impulsen en una sesión fast track como las que ya se han visto antes; y que los partidos de oposición las respalden con tal de no quedar como enemigos del pueblo; y que al final, toda esta insensatez nos lleve a más endeudamiento, una mayor inflación, la imposibilidad de echar andar auténticos proyectos productivos, el resentimiento de la población por la incapacidad del gobierno de procurar bienestar, y en última instancia, a la aparición de movimientos todavía más reaccionarios, como en Argentina, en donde un loco como Javier Milei impone políticas de choque para estabilizar la economía.

Todo por la irresponsabilidad y ambición de perpetuarse en el poder de quienes ahora conducen el País. ¡¿Qué necesidad hay de llegar a ese punto?!

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jorge.ibarram@uas.edu.mx