Rosario Lilián Rodríguez Barraza, de 44 años, buscaba a su hijo Fernando Abixahi Ramírez Rodríguez, un joven de 20 años desaparecido el 19 de octubre de 2019 en La Cruz de Elota, Sinaloa. El pasado 30 de agosto convocó a una misa en conmemoración de su hijo. Al salir del templo, varios hombres armados la subieron a una camioneta Suburban blanca. Eran las 9 de la noche. Una hora después su cuerpo fue hallado en un callejón del mismo pueblo. Ese 30 de agosto era el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Rosario Rodríguez Barraza era integrante del colectivo “Corazones sin Justicia” y buscadora solidaria.
Lamentablemente, el caso de Rosario Rodríguez Barraza no es el único en el que una madre que busca a su hijo desaparecido es asesinada en México. Desde 2010, decenas de madres y padres han sido asesinadas por buscar a sus hijos y exigir justicia contra los perpetradores. Quizá el caso más conocido sea el de Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre de 2010, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde mantenía un plantón para denunciar la impunidad en la desaparición y asesinato de su hija Rubí, ocurrido en 2008. El caso de Marisela Escobar fue retratado conmovedoramente en el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, dirigido por Carlos Pérez Osorio y producido por la plataforma de streaming Netflix .
Esta historia no solo conmueve, sino que indigna al saber que el asesino confeso de Rubí, la hija de Marisela, incluso informó dónde fue enterrado de forma clandestina el cadáver de la joven. No obstante fue liberado por falta de pruebas, según los jueces que juzgaron el caso. Dos años después del asesinado de Marisela, su supuesto homicida fue detenido por las autoridades pero el asesino de su hija sigue prófugo.
Así como Marisela Escobedo buscó y dio con el asesino de su hija, en Tamaulipas otra madre también dio con los sujetos que desaparecieron y luego asesinaron a su hija. Se trata de la señora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez quien buscó a su hija, Karen Alejandra Salinas, secuestrada en San Fernando, Tamaulipas en 2012. Las investigaciones llevadas a cabo por Miriam lograron dar con la fosa en la que fue ocultado el cuerpo de su hija, y también permitió dar con la identidad de sus homicidas, quienes fueron capturados en 2014. Tras la captura de los sujetos que desaparecieron y asesinaron a su hija, la señora Miriam fundó el colectivo de familias de desaparecidos en San Fernando Tamaulipas. En esa labor encontró la muerte. El 10 de mayo de 2017, Día de las Madres, un grupo de hombres armados allanó la vivienda de esta madre y la asesinó a balazos al frente de su casa.
Más madres buscadoras han sido asesinadas de manera violenta, como Rosario, Marisela o Miriam. A esta larga y dolorosa lista se suman casos como el de Sandra Luz Hernández, asesinada en Culiacán, Sinaloa el 12 de mayo de 2014. Sandra Luz buscaba a su hijo Edgar García, raptado y desaparecido por una célula del Cártel de Sinaloa. El hijo de Sandra Luz no pudo ser encontrado con vida, a pesar de que trabajaba como mensajero del Procurador de Justicia de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez.
Sandra Luz fue citada a un lugar en Culiacán donde supuestamente le darían pistas sobre el paradero de su hijo. En lugar de ello recibió 15 disparos de arma de fuego en su cuerpo. Su asesino, Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, fue detenido pero lamentablemente posteriormente fue absuelto por el Poder Judicial del Estado.
Como Sandra Luz, otras madres son asesinadas con saña. Emma Gabriela Molina Canto luchó por recuperar a tres hijos secuestrados en 2012 por su padre Alberto Medina Sonda, un político priista poderoso y acusado de corrupción en Tabasco. El 27 de marzo de 2017, dos hombres abordaron a Emma Gabriel en la puerta de su casa y la degollaron.
La violencia contra los buscadores de sus hijos no distingue género. Varios padres han sido asesinados también en la búsqueda de sus hijos, como don Nepo, como se conocía a Nepomuceno Moreno Núñez, quien buscaba a su hijo Jorge Mario, desde el 1 de julio de 2010, cuando el joven de 17 años fue secuestrado junto a dos amigos por policías municipales y estatales en la carretera de Guaymas a Obregón, en Sonora. Los policías secuestradores exigieron el pago de un rescate, pero luego secuestraron a dos jóvenes que acudieron a pagarlo. De los cinco secuestrados, uno fue hallado muerto y otro vivo al día siguiente. Los otros tres muchachos, entre ellos el hijo de Nepo, nunca fueron liberados. Don Nepo se distinguió como integrante del Movimiento por la Paz con Dignidad, y fue uno de los padres y madres que exigieron justicia al Presidente Felipe Calderón en los diálogos celebrados en el Castillo de Chapultepec. Pero la justicia no llegó para don Nepo, sino la muerte. El 28 de noviembre de 2011, don Nepo, fue asesinado en su camioneta en el centro de Hermosillo, Sonora.
En Jalisco, Gerardo Corona Piceno fue asesinado el 19 de abril de 2017, en la puerta de su casa. Gerardo buscaba a su hermano Álvaro, desaparecido el 3 de agosto de 2012 en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Gerardo había denunciado amenazas directas de miembros de la Fiscalía General de Justicia del estado.
A estos casos se suman los nombres de otras madres y otros padres que dolorosamente han sido asesinados en su peregrinar buscando a sus hijos, como Luis Abraham, Bernardo, doña Coni, José de Jesús, Heriberto, Susana Chávez y tantos otras y otros.
De nada han valido las exigencias de justicia alzadas por los colectivos de familiares que buscan a sus hijo, como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, la Red Todos los Derechos para todos, o las peticiones internacionales que vienen desde el Parlamento Europeo o el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. En mayo de 2017, luego del asesinato de la señora Miriam, a las puertas de su casa en San Fernando, Tamaulipas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) exigió su pronto esclarecimiento y recordó al Gobierno mexicano que tiene la responsabilidad de garantizar que “todas las víctimas y sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión, máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber”.
Ahora, tras el reciente asesinato de Rosario Rodríguez Barraza, en La Cruz de Elota, Sinaloa, el pasado 30 de agosto, este mismo organismo lanzó otro pronunciamiento: “La vulnerabilidad que enfrentan las familias de personas desaparecidas que participan en las búsquedas debe llevar a adoptar medidas de carácter preventivo para que hechos como estos no se repitan, en los términos recomendados en el informe de misión a México del Comité contra la Desaparición Forzada”, resaltó la ONU-DH en un comunicado.
Pero lamentablemente, de nada han servido estos pronunciamientos. Tiene qué surgir una fuerza social y política desde la propia sociedad mexicana, tan firme y poderosa que por fin ponga fin a la barbarie que impera en México protegida por las redes de macro-criminalidad alimentadas por el capitalismo ilegal y protegida por partes significativas del aparato estatal.
