La educación, como pilar del desarrollo humano, ha sido un eje recurrente en los informes de gobierno. El tercer informe del Gobernador, Rubén Rocha Moya, presentado el pasado 15 de noviembre, si bien presenta avances en algunos rubros, mediante un análisis profundo también es posible encontrar retrocesos, información incompleta y omisiones en materia educativa que no fueron consideradas en este ejercicio de rendición de cuentas y que afectan el derecho a aprender.
En primer lugar, en cuanto a indicadores de la población de la primera infancia, el tercer informe indica un aumento de 3.2 por ciento en la matrícula de alumnos de educación inicial en la modalidad escolarizada. Por otro lado, en la no escolarizada, se enfatiza en que el Programa de Expansión de la Educación Inicial, ha contribuido a brindar servicio educativo a más niñas y niños a través de los Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia (CCAPI). No obstante, este programa se ha caracterizado por sufrir constantes recortes presupuestales los últimos años, pues pasó de contar con $13,658,740 en el año 2022, a $11,757,317 en 2023 y $10,403,916 en 2024. Es decir, una reducción de recursos nominales del 24 por ciento en los últimos dos años, sin considerar los efectos inflacionarios.
Respecto a la educación preescolar, a diferencia de años anteriores, en el tercer informe solo se señala el total de la matrícula actual en este nivel (ciclo escolar 2023-2024), que es de 109,024 niñas y niños inscritos, omitiendo mencionar que ésta se redujo respecto al ciclo anterior, donde se contó con 111,210 alumnos.
En cuanto a la educación primaria, hay un elemento interesante de analizar, el cual tiene que ver con la cobertura. En los informes anteriores, este indicador siempre había sido mencionado, contando en 2023 con una cobertura de 97.7 por ciento en este nivel. No obstante, por alguna razón desconocida, este año se omitió brindar el dato sobre el mismo, y en sustitución se utilizó uno llamado “atención a la demanda en educación primaria”, el cual fue de 89.7 por ciento. Para este análisis, sería irresponsable comparar este indicador con el de cobertura del año anterior, sin tener la certeza de que realmente se está midiendo lo mismo. Sin embargo, lo que sí vale la pena señalar es que, de acuerdo con este indicador de “atención a la demanda”, 1 de cada 10 niños que buscan ingresar a la primaria en Sinaloa, están siendo excluidos por el sistema educativo.
Como se ha mencionado en otras ocasiones, tras la cancelación de la prueba PLANEA, el único instrumento con el que se cuenta actualmente para medir los resultados de aprendizaje de los estudiantes en los estados es la Evaluación Diagnóstica diseñada por la casi extinta Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). A lo largo de las distintas aplicaciones de esta prueba, es posible notar que las afectaciones de la pandemia y el consecuente cierre de escuelas generaron en el aprendizaje de los estudiantes aún persisten.
En su primera edición (ciclo escolar 2020-2021), en el caso de las matemáticas, el porcentaje de aciertos de los estudiantes de 6to grado de primaria en Sinaloa fue de 56.5 por ciento, mientras que de 3ro de secundaria fue 42.2 por ciento. En el ciclo 2022-2023, el porcentaje de aciertos en esta misma área fue de 47 y 30 por ciento, respectivamente. De acuerdo con el tercer informe, donde se cita los resultados de esta evaluación en el ciclo 2023-2024 (que en esta ocasión fue aplicada en dos momentos), se señala que el porcentaje de aciertos de todo el nivel primaria en matemáticas pasó de 47.5 a 53 por ciento. Mientras que en el nivel secundaria pasó de 47.6 a 51.9 por ciento. Y aunque el informe menciona una “Mejora significativa de los aprendizajes”, la realidad es que los alumnos en Sinaloa ni si quiera obtienen el 60 por ciento de aciertos, el porcentaje mínimo aprobatorio, por lo que la crisis de aprendizaje permanece y, probablemente, se profundice debido al constante cierre de escuelas como consecuencia de la violencia que enfrentan algunos municipios del estado.
Finalmente, al igual que el año anterior, este tercer informe de gobierno no contiene información alguna sobre el Programa La Escuela Es Nuestra (LEEN). Desde su creación, este programa se ha caracterizado por la opacidad para transparentar su información, pues se desconoce el número de planteles beneficiarios, las obras realizadas de infraestructura y el status de las mismas. En el presupuesto de egresos 2024, se agregó un componente llamado “Mejoramiento de la infraestructura escolar”, al cual se le asignaron $200 millones de pesos, mismos que recibió LEEN en 2023, pero no hay información acerca del ejercicio de estos recursos.
Éstas son algunas de las omisiones del tercer informe en materia educativa. Es evidente que existen retos que requieren atención, pero no por omitirlas significan que no existen o que se solucionarán por sí mismas. Reconocer las áreas de oportunidad, permite focalizar esfuerzos para revertirlas. Y así, con un compromiso decidido, estrategias pertinentes y acciones concretas, el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en Sinaloa puede ser una realidad.
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