La noche del 12 de julio, una emboscada con uso de explosivos sofisticados en contra de policías del Estado de Jalisco desembocó en la privación de la vida de al menos seis personas, causando lesiones a 14 más.
Los hechos deben condenarse sin ninguna ambivalencia. El asesinato de los servidores públicos tiene que repudiarse contundentemente, así como no puede minimizarse la escalada armamentista que supone el empleo de este tipo de explosivos por parte de organizaciones criminales.
En ese contexto, el Gobernador de Jalisco emitió un mensaje a la sociedad en el que precisó que los policías acudieron al lugar de los hechos después de que una madre buscadora reportara haber recibido una denuncia anónima sobre un punto en el que podrían encontrar restos humanos. Tras atribuir a esta llamada la presencia de los servidores públicos en Tlajomulco la noche del 12 de julio, el Gobernador anunció que en razón de ello se suspenderían las búsquedas de las familias al no poder garantizar su seguridad.
Las madres buscadoras de Jalisco reaccionaron inmediatamente a esta declaración, que por tono y contenido sugería que las búsquedas podían ser la causa del atentado.
En un comunicado contundente, las familias señalaron: “El Colectivo de Madres Buscadoras lamenta los hechos ocurridos el día de ayer en el municipio de Tlajomulco y desmentimos rotundamente la versión del Gobernador Enrique Alfaro, responsabilizando y señalando directamente a los integrantes del colectivo. Nosotras lo único que hemos hecho es ayudar a regresar a más personas desaparecidas a casa”. En redes sociales añadieron: “jamás recibimos esa llamada y nunca salimos de noche a campo”.
La solidaridad de otros colectivos no se hizo esperar. La Brigada Nacional de Búsqueda, una de las articulaciones más relevantes de los colectivos que salen a campo esperando localizar a sus desaparecidos y desaparecidas, externó: “Lamentamos el asesinato de los seis elementos, quienes solamente se encontraban realizando su trabajo, acompañamos el dolor que ha llegado a sus familias y les abrazamos de todo corazón. También esperamos la pronta recuperación de quienes resultaron lesionados y exigimos que se realicen las investigaciones correspondientes para que se esclarezcan los hechos. Sabedoras de los impactos que la violencia en nuestro país puede causar en una familia, nos parece inaceptable y vergonzoso que se señale a las buscadoras, revictimizando y estigmatizando el trabajo que ellas mismas están realizando en Jalisco y en todo el país ante la misión y la indolencia de las autoridades de todos los niveles”.
Ante estas expresiones, el Gobernador jalisciense tuvo que salir a referir que no había sido una llamada sino varias, recibidas a lo largo de los días previos, las que habían provocado la decisión de acudir en horas nocturnas a Tlajomulco; precisó que las búsquedas no serían suspendidas, acotando que esta medida sólo se aplicaría respecto de las llamadas y denuncias anónimas.
Este triste episodio da cuenta del creciente recrudecimiento de la violencia en el País, y del poderío que están alcanzando las organizaciones criminales, al fracasar la apuesta por la militarización y no contar con una institución del Estado que realice investigaciones criminales efectivas para desarticular las redes criminales que avanzan en su control territorial. La atribución de responsabilidad a las madres buscadoras es también sintomática de un Estado que sigue sin respetar el derecho a la búsqueda. Ante esto, sólo cabe expresar solidaridad a las madres de Jalisco que buscan y demandan respeto a su dolorosa labor de amor. Ellas no son las responsables de que la violencia en el país no se haya revertido.
Lamentablemente, el patrón de irresponsabilidad se extiende: así como el Gobierno federal sigue atribuyendo culpas al pasado, los gobernadores en los estados encuentran también a quien atribuir la culpa de la violencia que no contienen. Antes, el Gobernador de Michoacán sugirió que el propio Hipólito Mora había causado su muerte al no quedarse en Morelia, como si el desplazamiento forzado fuera la única manera de que el Estado garantizara su seguridad. Ahora, el Gobernador de Jalisco, ante una tragedia, sugiere que la causa son las búsquedas.
Desde luego, las búsquedas de personas desaparecidas deben realizarse en condiciones seguras. Esa es precisamente una de las primeras demandas de las madres y de los padres. Dado que salen a campo ya que las mueve el amor, y es previsible que sigan en tanto no se atienda esta crisis, lo mejor que pueden hacer las autoridades es respetar a los colectivos y no atribuirles culpas de situaciones que les son ajenas.
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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez es una organización civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la sociedad.
