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Han pasado más de tres meses desde que el sistema educativo, producto de la pandemia dejara de ser el mismo, provocando que la comunidad escolar tuviera que adaptarse e hiciera esfuerzos enormes no sólo para salvaguardar su salud, sino también de seguir avanzando en la garantía del derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes. No obstante, no todos los centros escolares han podido enfrentar esta crisis sanitaria de la misma manera, ya que aquellos con mayores carencias y que se encuentran en altos niveles de marginación han tenido muchas más dificultades, incluso antes de que el Covid-19 llegara a nuestras vidas. En esta ocasión quiero referirme a las escuelas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).
Desde su surgimiento en 1971 como un organismo descentralizado de la administración pública federal, estas escuelas han atendido a estudiantes de comunidades pequeñas y en condiciones de marginación donde no habían llegado los servicios educativos. Se rigen por el Acuerdo número 35/12/19 y se caracterizan por estar a cargo de líderes educativos para la educación comunitaria, quienes son generalmente jóvenes egresados de bachillerato de entre 16 y 29 años los cuales brindan un servicio social. Estos por su parte reciben formación y asesoría, así como estímulos económicos que los apoyan para continuar con sus estudios.
Las estrategias para el aprendizaje a distancia implementadas por las autoridades educativas visibilizaron de nueva cuenta las limitadas y desfavorables condiciones y recursos de CONAFE. De acuerdo con el INEE (2019) las escuelas comunitarias ya tenían carencias graves relacionadas con los servicios educativos básicos, ya que 22 por ciento no contaban con agua, 26.5 por ciento de luz eléctrica y 93.4 por ciento de conexión a internet para los alumnos.
El extinto INEE también señalaba, a través de su indicador AR01a.1-1, sobre el perfil de los estudiantes de sexto año de primaria de las escuelas comunitarias que todavía existían brechas importantes relacionadas con su trayectoria escolar, puesto que 37.7 por ciento de los alumnos no habían asistido dos o tres años a la educación preescolar, profundizándose las desigualdades existentes con otros servicios educativos, 18.8 por ciento repitieron algún grado y 58.8 por ciento tenían expectativas educativas limitadas al considerar que no lograrían estudiar hasta licenciatura o posgrado.
Por si esto fuera poco, y para darnos una idea más local sobre los retos que enfrenta Conafe en Sinaloa, de acuerdo con las pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), entre los años 2015 y 2019, las escuelas secundarias comunitarias tuvieron los mayores porcentajes de alumnos en niveles de insuficiencia tanto en lenguaje y comunicación, como en matemáticas. La cifra en lenguaje y comunicación es alarmante ya que de acuerdo con el último año evaluado (2019), casi 5 de cada 10 alumnos no obtuvieron lo mínimo requerido para el nivel que les corresponde, mientras que, en matemáticas, 6 de cada 10 se encontraron en el nivel insuficiente.
Aun teniendo clara la amplia desigualdad que impera para los alumnos que asisten a las escuelas comunitarias, las autoridades educativas están lejos de atender y solucionar las carencias y necesidades que enfrentan, sobre todo, pensando en el regreso a clases presenciales.
Por ejemplo, en abril de este año con el decreto de austeridad de la administración pública federal se propuso (entre otras medidas) no ejercer el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, es decir, aquellos pagos destinados a cuestiones esenciales para la operación tales como: servicios básicos, arrendamientos, limpieza, vigilancia, entre otros, con esto se afectó en gran medida a CONAFE ya que tiene 28 por ciento de sus recursos asignados en este rubro.
Por otra parte, en junio se promulgó el Acuerdo 12/06/20 en el cual se establecen las disposiciones y criterios para evaluar el ciclo 2019-2020 y de esa forma cumplir con los planes de estudio de Educación Básica, Media Superior y Normal. No obstante, este acuerdo se concentró en los sistemas escolarizados generales y dejó fuera a grupos históricamente excluidos (indígenas, migrantes, niñas y niños en la primera infancia), entre ellos, los alumnos de escuelas comunitarias.
Lo anterior nos muestra que más allá del discurso, atender y apoyar a quienes más lo necesitan no ha sido una prioridad. La pandemia ha visibilizado nuevamente que aprender no es lo mismo en contextos desfavorecidos, marginados e históricamente olvidados.
En el próximo regreso a clases debemos levantar la voz para exigir un sistema educativo incluyente que mitigue y atienda las desigualdades, que invierta los recursos suficientes y pertinentes para reforzar intensivamente los aprendizajes mediante ampliación de horarios y jornadas extendidas priorizando las escuelas que más lo necesitan (indígena, multigrado, Conafe) de otra forma, aun con la nueva normalidad, seguirá siendo más de lo mismo o quizá peor.
