Las cárceles placenteras de Sinaloa. Deleite de reos; delito del Gobierno
A diferencia de otros gobernadores a los que les significaba una derrota moral el hecho de reconocer que el crimen organizado tiene el control de las cárceles de Sinaloa, Rubén Rocha Moya parte de aceptar la existencia del autogobierno instalado en los penales por la alta delincuencia y lo hace después de un operativo inédito en el reclusorio de Aguaruto con el aseguramiento también inusual de cuanta evidencia refrenda que en las penitenciarías la vida es para algunos reos una fiesta ininterrumpida.
Al parecer asusta más el reconocimiento de la realidad que hace el Gobernador que el problema en sí que ha persistido por la complicidad de mandatarios estatales en la cadena de confabulaciones donde el hampa paga muy bien el dominio de facto que ejerce en el sistema presidiario, con inestimables sumas económicas a cuyo beneficio no escaparon los ocupantes del tercer piso de Palacio de Gobierno.
No es poco lo que se desmanteló en aquello que pudo ser otra “revisión de rutina” de esas que lo detectan todo y nunca reportan nada. Armas, drogas, bebidas embriagantes, dinero equivalente a un millón 250 mil pesos y hasta criaderos de gallos de pelea que bien pueden ser descubiertos hasta por celadores y alcaides ciegos, a no ser que las vendas de billetes seduzcan tanto que los custodios y directivos decidan mejor ser parte de la ordinaria orgía carcelaria.
Rocha Moya se dice consciente de la existencia de autogobierno en las cárceles de México como un problema “arraigadísimo de toda una vida”, asumiendo a la vez que al gobierno que él encabeza le corresponde hacer lo adecuado como lo hizo al desarticular el asombroso esquema de permisibilidad a reclusos a quienes la justicia los condenó al castigo por delitos cometidos, no a la recompensa con goces que, aunque amurallados, deleites son.
Reconocer es un buen principio. El 3 de enero de 2011, a 72 horas de que Mario López Valdez rindió protesta como Gobernador, un reo que cumplía condena por delitos contra la salud salió por la puerta principal del Cecjude simbolizando lo que sería el sexenio de fugas selladas además con la negativa de que el crimen hubiera establecido el autogobierno en las cárceles sinaloenses. A lo más que llegó Malova es a reconocer falta de control cuando de uno en uno o de cinco en cinco los presos se le salieron de las penitenciarías.
Podrían escribirse bastantes cuartillas de las omisiones y complicidades de los pasados gobiernos con los criminales encerrados en los penales. Desde los 59 evadidos durante el “Culiacanazo” del 17 de octubre hasta los ocho que durante el gobierno de Jesús Aguilar Padilla escaparon de la prisión de Aguaruto, el 11 de marzo de 2010, mediante el túnel que contaba hasta con red de iluminación. Aguilar tampoco aceptó la hipótesis de las cárceles al mando de la delincuencia organizada.
Con esos antecedentes, vale la pena ponerle atención al avance de que Rubén Rocha les llame a las cosas por su nombre. Ahora lo que sigue es que a tal aceptación del fenómeno ilícito le corresponda a la acción enérgica del régimen local de la llamada Cuarta Transformación para que los ostentosamente llamados Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito sean lo que la denominación establece.
Saber en qué pantano está fincado el sistema penitenciario significa un buen comienzo para acabar con privilegios guardados tras las rejas y también que se castigue a los servidores públicos que los permiten. ¿Está de acuerdo, Secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, en ponerse al frente de la toma de control y combate a la corrupción en las cárceles de Sinaloa?
No se trata de una misión imposible y los resultados de la reciente revisión profunda prueban que algo más preocupante se fragua entre los muros y rejas de chicle de los Cecjudes. Atacar la descomposición, aislar a los reos según la clasificación de peligrosidad, reponerles a los centros correccionales la función de la readaptación social y dotarlos de tecnología de seguridad de avanzada, serían los siguientes pasos a dar para que el gobierno actual eluda la coparticipación de los anteriores que permitió que el narcotráfico tuviera la franquicia del control de los penales.
La prisión el inocente,
La exigirá, por piedad,
Al gozar el delincuente,
Más que estar en libertad.
No necesariamente todos tenemos que ser Carlos Loret. Lo que sí somos es un gremio periodístico bajo amenaza porque los colegas caen en el cumplimiento del deber, seis en lo que va de 2022 y 57 en lo transcurrido del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y el Mandatario federal insiste en utilizar el pódium presidencial para azuzar a sus fanáticos contra periodistas y medios de comunicación, mientras el crimen organizado o la delincuencia política le están leyendo los labios, deletreándole la fobia contra sus críticos y demolición de la garantía constitucional a la libertad de expresión.
