La UIPES contra los Cuén, paso a paso. En la UIF inició la revisión patrimonial
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Sí existe, es real, la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa, adscrita a la Fiscalía General del Estado, respecto a los bienes adquiridos por la familia de Héctor Melesio Cuén Ojeda, a partir de que éste presidió la Dirección de Bienes e Inventarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en 1995. Es verdad también que se trata de un tema viejo, demasiado expuesto, pero sin el ingrediente de hoy donde la autoridad competente se ocupa del caso.
De igual manera es normal que la investigación sobre propiedades y cuentas de quien actualmente es líder político del Partido Sinaloense, se asocie al conflicto originado por la aprobación en el Congreso del Estado, el 15 de febrero, de la Ley de Educación Superior de Sinaloa, formándose las partes en dos frentes: uno que le exige a la UAS aceptar las auditorías al manejo de recursos públicos estatales y cobros propios, así como modificar su estatuto interno; otro que alega que ambas acciones violentan la autonomía universitaria.
Pero el origen de la intervención de la Fiscalía para que Cuén y su Familia demuestren el origen lícito de su patrimonio no es de ahora sino del período en el que Rubén Rocha Moya acababa de tomar posesión como Gobernador. A mediados de noviembre de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno federal le hizo llegar al jefe del Ejecutivo estatal el informe de procedimientos y acciones efectuadas por la UIF en Sinaloa, con datos sobre varios personajes, empresas e instituciones de notable crecimiento patrimonial.
Por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador la UIF entrega a los gobernadores entrantes este tipo de archivos desde que inició el sexenio del político morenista, así sean los mandatarios locales emanados del Movimiento Regeneración Nacional o de otros partidos. En cumplimiento a tal orden, Pablo Gómez Álvarez lo turnó al despacho de Rocha en el tercer piso de Palacio de Gobierno.
Otra copia de los documentos se le hizo llegar a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica que apenas en marzo de 2021, cuando Quirino Ordaz Coppel era el Gobernador, fue incorporada a la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal, conteniendo el dossier una sola indicación “para su conocimiento”. Es decir, desde hace al menos un año la UIPES revisa a varios particulares o instituciones que han presentado un desarrollo financiero que da lugar a la anotación descrita.
Otra referencia del tema publicado ayer en Noroeste y Revista Espejo tiene que ver con el oficio que la UIPES entregó en la sede de Rectoría de la UAS, el 27 de marzo a las 11:41 de la mañana como hora de recibido, solicitando documentación e información de evolución patrimonial respecto a tres servidores públicos de la institución, los tres de apellidos Cuén Díaz, argumentando el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Hasta allí va todo este asunto. Ayer Héctor Melesio Cuén Ojeda publicó en su cuenta de Twitter que “de nueva cuenta mi familia es víctima de la difamación y calumnia. El tema que retoma @noroestemx y colaboradores, que no extraña sea este medio, lo hemos aclarado un sinfín de ocasiones. Mi patrimonio es esfuerzo de 44 años de carrera empresarial. Esta no es ni la primera y no será la última persecución política. Nuestra lucha sigue”.
Podría tener razón Cuén en alegar la persecución política en su contra, pero desde que Quirino Ordaz gobernaba en Sinaloa trascendió lo de la investigación de la UIF turnada a la UIPES poniéndole atención los medios solamente a presuntos hechos que involucraban al ex Director de Recursos Humanos de la UAS, Florencio López Hernández, a quien la Unidad federal sí llegó a bloquearle sus cuentas por detectar movimientos bancarios en efectivo por varios millones de pesos. No es nada nuevo, ni un tema de algún medio en específico; se trata de una investigación que sí existe y la cual les ofrece a los investigados la posibilidad de esclarecer de una vez por todas el origen de sus patrimonios.
En otro deslinde, en la conferencia de prensa semanera de ayer Rubén Rocha Moya dijo que, aunque la fuente del trabajo periodístico es certera, “es un tema que corresponde a las instancias que participan en ello, en este caso es la Fiscalía, a través de un órgano que es autónomo, además, tiene autonomía técnica de operación y gestión”. Refrendó la postura de cero injerencias en asuntos que estén relacionados con la Universidad Autónoma de Sinaloa o con Cuén Ojeda.
No existe todavía la correspondiente carpeta de investigación porque la UIPES carece de atribuciones para integrarla. Al no realizar funciones de Ministerio Público y sí ser un órgano técnico auxiliar de la propia Fiscalía General del Estado, lo que sigue es que desde su ámbito genere la Información correspondiente, presente la denuncia al MP y sea integrado el expediente de la averiguación previa.
En síntesis, no hay culpables ni inocentes. Lo que sí hay, en concreto, es la investigación.
La Unidad de Inteligencia,
Sabrá que en dineros ajenos,
Muy poco importa la conciencia,
Si se traen los bolsillos llenos.
Ayer por la mañana, en plena hora pico de la movilidad urbana, otro camión se atoró durante gran parte del día bajo el puente Miguel Hidalgo en Culiacán, obligando a cerrar a la circulación dicha zona tan neurálgica para el tráfico automovilístico. Y la culpa no es toda del trailero sino también de la deficiente vigilancia de la Policía de Tránsito a la que se le cuelan a cada rato vehículos pesados que, para empezar, no deben andar en ese sector. ¿Ni siquiera eso pueden hacer bien los agentes de vialidad?
