La tragedia que avisó antes de ocurrir
Los peligrosos tramos de la Maxipista
Estuvo latente durante meses el peligro de accidentes que derivaran en tragedias como la que ocurrió ayer en la Maxipista Mazatlán-Culiacán, a la altura de Elota, con el saldo terrible que no da lugar a lamentaciones ni a esquelas y pésames sin antes deslindar si existieron responsabilidades por negligencias en el mantenimiento de esa carretera concesionada a la firma Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, propiedad de Carlos Slim Helú, uno de los empresarios más afines al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Independientemente de informes técnicos, carencias en supervisión y vigilancia, intereses económicos implicados, y asuntos que involucran a la empresa transportista, la realidad debe jugar un rol cardinal reconociendo lo que faltó hacer por las instancias que debieron actuar antes de que la desgracia llegara y no después cuando todo es irremediable. Reforzar y transparentar los peritajes, en la zona del accidente y en el tramo carretero, evadiendo los atajos de la simulación y la confabulación.
Las autoridades estatales no disponen de mucho tiempo para el silencio ni explicaciones a medias, pues antes de que venga la operación para apaciguar el sentimiento generalizado de pérdida, están las voces testimoniales de sobrevivientes en otros percances que se volvieron habituales frente a la contemplación gubernamental ante el riesgo inminente. ¿Quién desde la observación de los accidentes previamente registrados no fue capaz de calcular y prevenir lo que tarde o temprano iba a suceder?
Viendo más allá de la rápida movilización que ordenó el Gobernador Rubén Rocha para la atención de los afectados, con la disposición incluso de equipo aéreo oficial en transportar a los heridos, urge avanzar a atender primero las consecuencias e inmediatamente después las causas acudiendo a la revisión meticulosa de la secuencia situacional de origen, con ánimo correctivo. Sin reincidir en la confusión encima del desconcierto, como ocurrió en la conferencia de prensa de ayer donde transcurridas ocho horas posteriores al accidente ninguno de los tres servidores públicos que dieron la cara contaba con información certera sobre lo sucedido.
Importa ser conscientes de que la supervisión carretera se está dejando a cargo de los mismos que controlan el negocios en ellas. Los frecuentes incrementos en las cuotas que se pagan por circular en rúas desastrosas, sin que medie o sea cumplido el compromiso de mantenerlas en buen estado, adquiere hoy connotaciones graves que delatan omisiones pasadas, presentes y quizá futuras con cargo a vidas humanas abducidas por el gigantesco y poderoso monstruo del tráfico de influencias y omisiones.
Todos los días, a cualquier hora y durante años, los infortunios carreteros registrados en esa autopista avisaron con puntualidad de posibles eventos trágicos de consecuencias mayores como el que les cuesta la vida a 19 personas y les causa lesiones a otros 22 pasajeros, en su mayoría sinaloenses, al impactarse el autobús en que viajaban contra un camión de carga volcado que obstruyó el paso. Tratándose de la crónica de sucesos trágicos aislados que ahora se convierten en desgracia masiva, deja de ser tarea del Gobernador Rubén Rocha Moya la de contar a los muertos; con las instituciones de que dispone a él le corresponde la función de deslindar culpabilidades, que es fundamental para la no repetición.
En primer término está la tibia reacción de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal ante las denuncias del mal estado de la autopista y la inconformidad por el alza en los cobros de peaje pese a tener tramos intransitables por los baches que auguran muertes. Ahí están los reportes de instituciones de rescate como Cruz Roja y Ángeles Verdes que en varias ocasiones alertaron de la trampa letal vendida como carretera segura y de calidad.
La Guardia Nacional División Caminos brilla por su ausencia desde que fue desarticulada la Policía Federal de Caminos, al desaparecer las corporaciones de seguridad en vías de comunicación y procederse a la militarización de éstas. Aparte del patrullaje parapeto, con imágenes de unidades de vigilancia plasmadas sobre cartera, las mal llamadas maxipistas se volvieron inseguras, peligrosas y sin los informes de tramos destruidos ni las correspondientes alertas a los choferes.
Pero la peor de las negligencias las comete la empresa que mantiene descuidado el paquete de autopistas de Sinaloa que incluye los 181.5 kilómetros desde Culiacán a Mazatlán así como los libramientos de ambas ciudades, concesión por la cual el consorcio IDEAL pagó en 2015 un total de 3 mil 200 millones de pesos, con vigencia de 30 años.
En fin, una vez difuminada la consternación extensiva que deja el siniestro carretero de la madrugada de martes se apoderarán de la conversación pública las interrogantes sobre las corresponsabilidades existentes que no fueron capaces de leer lo que advertían las decenas de percances acontecidos en la Maxipista.
Realidad es triste verte,
Ojalá que nunca volvieras,
Si vas a viajar con la muerte,
Por las funestas carreteras.
Antes de que el reparto de culpas adquiera dimensiones fuera del control de las autoridades locales, debe determinarse qué dependencia del Gobierno del Estado realiza la revisión de la situación en que están las carreteras concesionadas al sector privado y cuáles son los informes rendidos al respecto, las solicitudes formuladas a la empresa IDEAL para que se efectúen reparaciones y si ésta ha respondido o no a tales emplazamientos. Porque a la investigación del camionazo la Fiscalía debe echarle la luz alta.
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