Que el Gobierno tenga que rendir cuentas y estar abierto al escrutinio de los ciudadanos se puede remontar a los inicios mismos de la civilización, pues estas prácticas ya existían en el antiguo Egipto, Mesopotamia e Israel.
Posteriormente, el derecho romano y luego el derecho moderno le imprimieron un desarrollo doctrinario a lo que se ha constituido como uno de los fundamentos de la democracia liberal.
En sociedades no autoritarias, el derecho de acceso a la información pública es parte de la idea de que no deben existir zonas oscuras donde no penetre la justicia. Hay que decirlo con fuerza: este derecho no es una concesión graciosa del Estado ni una facultad discrecional de la autoridad, sino más bien es un derecho humano reconocido tanto por nuestra Constitución como por el derecho internacional.
Con el agotamiento del sistema autoritario y el establecimiento de la democracia liberal - siempre perfectible - en México se puso en marcha un andamiaje institucional para el acceso de la ciudadanía a la información pública. Este probó ser exitoso, como lo demuestran los casos emblemáticos de Odebrecht, Segalmex, Altos Hornos o la Línea 12 del Metro, entre otros.
A pesar de esto, el oficialismo está intentando dar marcha atrás a este indiscutible logro de la democracia mexicana. La eliminación del INAI ha constituido un golpe tremendo a este derecho ciudadano. Pero la ofensiva no se detiene ahí. El 20 de marzo se aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contiene una serie de estipulaciones que consolidan la opacidad como regla general y reducen el acceso a la información a una excepción sujeta a condiciones arbitrarias.
En primer lugar, se amplían desproporcionadamente las causales de reserva, permitiendo que la autoridad oculte información bajo pretextos generales. Si bien es legítimo que el Estado proteja ciertos intereses estratégicos, la redacción ambigua de la norma permite que prácticamente cualquier información sea declarada reservada bajo el pretexto de comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en múltiples precedentes que las excepciones al derecho de acceso a la información deben interpretarse restrictivamente y no pueden convertirse en un instrumento de encubrimiento gubernamental. Sin embargo, esta reforma revierte dicho criterio y dota al Ejecutivo de una facultad ilimitada para negar información bajo argumentos genéricos.
En segundo lugar, se impone un candado procesal que exige la acreditación judicial de la corrupción para que la información pueda ser consultada. La modificación al Artículo 114 de la Constitución condiciona la publicidad de información sobre corrupción a que el caso esté “acreditado”. Este cambio es inaceptable. En el régimen vigente, cualquier información relacionada con actos de corrupción está exenta de reserva. No es necesario esperar una resolución firme para acceder a documentos vinculados con investigaciones en curso.
En tercer lugar, se establece el carácter confidencial de toda denuncia en trámite, impidiendo que la ciudadanía conozca qué funcionarios están bajo investigación. Efectivamente, la reforma al Artículo 115 establece la confidencialidad absoluta de las denuncias y procedimientos administrativos en trámite. Esta medida blinda a los servidores públicos al impedir que la ciudadanía conozca qué funcionarios están siendo investigados y por qué razones. Con ello, se institucionaliza el sigilo y se imposibilita la vigilancia ciudadana sobre la administración pública. La información sobre investigaciones en curso es un elemento fundamental para la rendición de cuentas. Restringir su acceso hasta que haya una sanción firme significa que si una denuncia no prospera, la sociedad jamás sabrá que existió.
En síntesis: no estamos frente a un simple ajuste técnico. Estamos más bien frente a un cambio estructural que revierte décadas de avances en transparencia y acceso a la información.
Curiosa manera de iniciar un sexenio: con el desmantelamiento del derecho ciudadano a saber cómo se comporta el gobierno. Vientos autoritarios soplan en México.
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El autor es abogado y Diputado federal
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