Hace al menos tres años que se volvió insostenible la visión triunfalista del Gobierno federal sobre el estado de la seguridad en el País. En ese momento, ante las preguntas expresas sobre la violencia, la inseguridad y el fortalecimiento de los grupos delictivos, el Presidente respondía que él tiene “otros datos”. Pues bien, hemos llegado al punto en que los periodistas, la sociedad civil, los investigadores, las víctimas y la realidad difieren de esos dichos.
Mientras el Gobierno federal -y la candidata de la continuidad- siguen presumiendo flamantes disminuciones de todos los delitos, con énfasis en aquellos de alto impacto para la sociedad, se acumulan las menciones de que se ha roto el récord de mayor número de homicidios y con ello los días que adquieren el título de “más violento” del mes, año o sexenio. Más allá de las comparaciones, nadie podría negar que la realidad que vivimos es aterradora. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta hasta abril de 2024, 175 mil 967 víctimas de homicidio doloso; 5 mil 148 de feminicidio; 5 mil 402 de secuestro; 53 mil 131 víctimas de extorsión, y 4 mil 221 víctimas de trata, por lo que el México que recibirá el nuevo gobierno será el más violento e inseguro de la historia.
Lo anterior en un escenario en el que los delitos de secuestro y extorsión representan sólo el 2 por ciento de los eventos que efectivamente ocurren (cifra negra estimada mediante la Encuesta Nacional de Victimización) y en donde, además, se ha detectado que pudiera haber una migración de los registros de homicidios dolosos. Por ejemplo, en lo que va del sexenio se han reportado 75 mil 170 víctimas por “otros delitos otra la vida y la integridad física”. Tan sólo en el primer cuatrimestre de 2024 se reportaron 5 mil 189 víctimas en ese rubro, mientras que se reportaron 9 mil 776 víctimas de homicidio doloso en el mismo periodo.
El país del Presidente también es el país en el que la organización Causa en Común ha registrado el asesinato de al menos 2 mil 363 policías en lo que va del sexenio (hasta el 28 de mayo de 2024), de los cuales 133 han ocurrido este año. El país en el que se han asesinado al menos a 56 actores políticos relacionados con el proceso electoral 2023-2024.
Hasta este punto podemos darle la razón a quienes dicen que los números no mienten, pero hay que agregar que mienten las personas que los usan para respaldar sus historias, que los maquillan, los ocultan o los enaltecen en comparaciones que beneficien sus discursos, pero que en su sentido más llano son una descripción de una porción de la realidad que vivimos. ¿Qué importa que 175 mil 967 sea más o menos que en el sexenio pasado cuando pensamos que hay ese mismo número de familias que perdieron de manera violenta a un ser querido?
Si se puede contar cualquier historia con los números, ¿por qué no encontrar la forma de aceptar la realidad? Léase esta pregunta con una sincera preocupación en torno a que la aceptación de la realidad es el primer paso para la resiliencia, y con ello para encontrar soluciones en torno a las diferentes problemáticas que la conforman. El no hacerlo en lo individual provoca depresión y ansiedad, en la comunidad agudiza el conflicto y en un país impide el desarrollo eficiente de políticas públicas.
El arraigo crónico de las violencias que asolan al País es, en buena medida, consecuencia del abandono de las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia en los tres ámbitos de gobierno. El reto ante nosotros requiere de una profunda revisión y reconstrucción del orden institucional sobre el que descansan estas tareas. En ese sentido, toda política pública orientada a la disminución de las violencias debe implementarse sobre la base de instituciones sólidas, homologadas en cuanto a sus capacidades técnicas, con suficiente solvencia operativa para atender y adaptarse a las diversas necesidades estructurales, los contextos sociales, económicos y políticos existentes en el país, y en permanente observancia de los derechos humanos.
En el contexto político es importante hacer lo necesario para modificar la narrativa triunfalista a un plan de acción para entender y superar las condiciones que por ahora aceitan la maquinaria de la violencia y la impunidad. En ese sentido, Causa en Común ha generado una propuesta para la articulación y ratificación de un Pacto Nacional por la Seguridad y la Justicia que incluya no sólo a las autoridades públicas, sino también la participación de organismos autónomos, medios de comunicación, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las sindicales, empresariales y religiosas. Dicho Pacto parte de las siguientes premisas:
La política de seguridad y procuración de justicia debe ser una política de Estado, que trascienda calendarios políticos y que convoque y vincule a autoridades y ciudadanía. Los participantes del Pacto deben subordinar sus intereses particulares a la urgente necesidad de fortalecer las capacidades de seguridad del Estado mexicano.
A los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno les corresponderá cumplir la vigilancia y ejecución de las estrategias emanadas del Pacto.
Todo compromiso y acción emanados del Pacto deberán incluir mecanismos de rendición de cuentas y habrán de conducirse sobre indicadores de seguimiento y evaluación.
Éstas ideas pudieran sentar las bases para un primer paso en un giro de timón para la construcción de una política de seguridad pública y nacional que parta de la realidad tal cuál es. La sociedad sigue teniendo otros datos, nada alentadores y estamos en el momento perfecto para hacer algo al respecto.
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La autora es Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de Causa en Común.
