@jgarciachavez
SinEmbargo.MX
Durante la elección presidencial y legislativa de 1976 se evidenciaron los límites del autoritarismo y la ausencia de vida democrático-electoral en el País. Ese año el PAN no postuló candidato, y la izquierda, obligada a la semiclandestinidad y carente de derechos, compareció con la candidatura no registrada de Valentín Campa Salazar, impulsada centralmente por el Partido Comunista Mexicano, por cierto durante una jornada memorable.
Se hizo evidente que las elecciones eran una simulación de vida democrática, ya que no había competencia real ni una vida de partidos políticos con plenos derechos de participación. Se puede decir que lo que teníamos en México eran las llamadas “elecciones búlgaras” en las que hubo siempre un solo candidato real y una abrumadora mayoría en su favor, cosa de no creer y que no producía confianza representativa.
Fue muy claro que el sistema autoritario y cerrado se había agotado y que había que abrir cauces a la participación ciudadana, pensada como un apéndice de la todavía fuerte hegemonía del régimen de partido de Estado, que entró en crisis 10 años después, a mediados de la década de los 80 y notoriamente con la usurpación de Carlos Salinas de Gortari en 1988.
A partir del gobierno de López Portillo y del trabajo del Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, se inició un ciclo de reformas electorales que tuvo como característica esencial que había una exigencia ciudadana, de personalidades que impulsaban las libertades democráticas y de movimientos sociales, pequeños y grandes; es decir, una interlocución entre ese poder y las exigencias de apertura. Subrayo que todos los partidos de entonces fueron escuchados en audiencias públicas.
Jesús Reyes Heroles, al inicio del gobierno lopezportillista, pronunció su histórico discurso de Chilpancingo e iniciaron una serie de consultas y se trabaron interlocuciones que se concretaron, por una parte, en la legalización de la izquierda para participar en las elecciones; y de otra, se aperturó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a una representación proporcional que dejó atrás el carcomido sistema de los diputados de partido. Se empezaron a contar los votos y la representación comenzó a dar resultados, magros, pero resultados al fin.
Se puede decir que la interlocución de aquel tiempo se trabó en gran medida con la izquierda y de manera preventiva para terminar con las insurgencias armadas, para lo cual se dictaron un conjunto de leyes de amnistía que permitieron excarcelar o repatriar a hombres y mujeres que habían participado en la guerrilla.
Lo que quiero resaltar, esquemáticamente, es que el Estado se empezó a abrir de abajo para arriba, de la sociedad hacia el poder constituido y hegemónico, y se puede afirmar que todo ese ciclo concluyó en la década de los 90, centralmente con la creación del Instituto Federal Electoral (hoy INE), con una autonomía que privaba al presidencialismo del control de las elecciones a partir de órganos total y absolutamente supeditados. No había arbitraje, dicho de manera concluyente. Se creó un modelo que ciertamente necesita reformarse, pero no abolirse, como se pretende ahora.
Hoy lo que vemos es una propuesta de Reforma Electoral, postulada por el poder para consolidar al poder, y así estamos ante el peligro inminente de una regresión autoritaria, quizás de nuevo tipo o muy emparentada con la que se inició en 1929, cuando se creó lo que a la postre fue el Partido Revolucionario Institucional, como una agencia del poder omnímodo para imponer prácticamente a todos los gobernantes con el resultado de que en 1976 se logró plena y paradójicamente con la candidatura única de José López Portillo a la Presidencia de la República.
El poder establecido actual de alguna manera es producto de aquel conjunto de reformas electorales y de la existencia de un árbitro garante de los resultados ciudadanos. En la etapa dorada del PRI, tener el control del órgano electoral resultaba básico porque a partir de ahí se orquestaba prácticamente todo, los ciudadanos y sus votos nada valían.
Después, controlar al órgano electoral no fue tan importante, o dejó de serlo, porque los ciudadanos podían comparecer a votar y el resultado era respetado con tribunales que ahora tenían la facultad de dictar la última palabra. Cierto que la elección de Felipe Calderón abrió una polémica que llega hasta nuestros días, pero más es producto del casi empate técnico del resultado que del comportamiento del órgano electoral y sus ramales en los estados. Y de ello da testimonio la propia elección presidencial de 2018, la federal del año pasado, y las muchas que ha habido en las entidades federativas en las que ha resultado triunfador el partido Morena.
No dudo que haya infinidad de críticas contra el INE y que debe reformarse, que una muy visible es el de la nómina y su burocratización. Pero de ahí a dar paso a la Reforma Electoral presidencial es enderezarnos con un rumbo que conduce a un autoritarismo y a una hegemonía destructora de una democracia progresiva, que el País necesita como nunca para construir los consensos que le permitan salir adelante.
Una reforma electoral autoritaria daña estructuralmente el futuro de México.
