Sin más argumento que su lealtad al proyecto político electoral que detenta la mayoría, ha sido reelecta para otro período quinquenal la actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Aunque la Presidenta de la República y el partido en el poder han argumentado con razón y contundencia contra la reelección, tratándose de cargos de elección popular, esos mismos argumentos no se extendieron a un órgano crucial para la tutela de los derechos humanos que también se beneficiaría con ello.
Las razones para optar por una renovación estaban a la vista y no fueron consideradas, pese a que se plantearon de forma objetiva y respetuosa en el Parlamento Abierto que se convocó. Aun cuando se demostró que la actual CNDH no investigó a profundidad las quejas sobre eventos recientes; que protegió en sus recomendaciones a las Fuerzas Armadas; que omitió interponer acciones de inconstitucionalidad ante leyes regresivas de la anterior administración, y que fustigó con sus comunicados a sus críticos, se impuso la definición política de avalar la reelección.
De poco sirvió la elaboración, durante el proceso, de indicadores objetivos que perfilaban como mejores opciones otras candidaturas; personas que, por cierto, comparecieron dignamente ante la opinión pública para denunciar lo que estaba ocurriendo. Tampoco se consideró que trascendieron a la opinión pública las quejas por el clima laboral interno; la documentación de recomendaciones irregulares que incluyeron reparaciones millonarias inéditas; el incremento en la institución del personal de extracción partidista denunciado aquí mismo; o la presentación de documentación falsa dentro del proceso de reelección. La “línea” se impuso y se acató con dogmatismo.
El impacto de esta decisión en el Sistema Ombudsperson es nocivo. Otros cinco años de partidización grosera e ineficacia generalizada redundarán en que las miles de víctimas del País no cuenten con una institución de derechos humanos en la que puedan confiar, pues ésta seguirá entregada al proyecto político electoral en boga; la CNDH seguirá tomando “partido por el pueblo y por la transformación pues es tiempo de definiciones”, como se llegó a manifestar en un comunicado tan oprobioso como transparente. Es de anticipar, además, que este lamentable ejemplo cundirá, como ya ha ocurrido, entre las comisiones estatales, que profundizarán su histórica falta de autonomía.
Pero más allá de la agenda de derechos humanos, la decisión de defender hasta la ignominia una gestión partidizada e ineficaz envía un mensaje más amplio y preocupante. Muestra cuál es el nivel de prioridad que el nuevo sexenio asignará a los derechos humanos y a la rendición de cuentas. Más aún, deja un pésimo antecedente sobre lo que podrían ser otros procesos por venir, pues muestra cómo lo más probable es que toda consideración técnica se supedite a las valoraciones políticas y a la lealtad al proyecto, incluso en casos notoriamente insostenibles. Si lo que viene en los Comités de Selección que funcionarán como filtro para la elección judicial es igual a lo que prevaleció en la reelección de la titular de CNDH, como lo sugiere su ya anunciada conformación, la colonización partidista de las instancias de contrapeso y control será masiva, inevitable e irreversible en el corto plazo.
Políticamente, no era tan costoso ni tan difícil renovar el liderazgo de la CNDH. Que no haya ocurrido evidencia que la hegemonía política que se está construyendo en efecto busca proactivamente socavar toda instancia de control y contrapeso aduciendo su carácter innecesario dada la pretendida altura moral de la que presume la propia coalición. La historia muestra que ese camino inevitablemente acaba mal. Cuando no hay controles, hay abusos y ese es el México que parece estar por venir.
La pérdida de la CNDH adquiere mayor gravedad dado que estamos próximos a perder otras instancias de contrapeso como el Poder Judicial o el INAI. El acatamiento acrítico y precipitado del destructivo “Plan C”, con formas desmesuradas y soberbias, no augura nada bueno para el País. En un contexto de erosión constitucional, será indispensable que las y los actores comprometidos con los derechos humanos y el Estado de Derecho apuntalen la resiliencia democrática.
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