"La política estatal anticorrupción: transparentemos la nómina estatal"
@angelleyva21
@Mexicanos1oSin
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Combatir la corrupción es una demanda social que por años ha formado parte de las exigencias de los ciudadanos. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado por Transparencia Internacional, en 2018 México se ubicó en la posición 138 de 180 países, lo que evidencia la profundidad de este problema público que por décadas ha prevalecido y permitido el abuso de posiciones de poder para beneficio personal.
En 2015, se promulgaron una serie de reformas constitucionales que propiciaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual permitió la coordinación de diversas instituciones para prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.
Estos elementos permitieron mayor apertura a la participación ciudadana. En ese sentido, el pasado viernes 1 de noviembre se llevó a cabo el foro de consulta pública para la política estatal anticorrupción en el que participaron ciudadanos y representantes de instituciones públicas de diferentes partes del estado de Sinaloa distribuidos en cinco mesas de trabajo sobre temáticas diversas, tales como: 1) Participación ciudadana en esquemas de vigilancia y colaboración; 2) Corresponsabilidad e integridad empresarial; 3) Educación y comunicación en el control de la corrupción; 4) Trámites, servicios y 5) Programas públicos y adquisiciones, compras y contrataciones de obra pública.
En este espacio abierto y plural, y como integrante de la mesa de educación y comunicación en el control de la corrupción, posicioné nuevamente un tema que por años se ha mantenido en la opacidad, me refiero a la nómina educativa estatal.
Es importante mencionar que posterior a las reformas legales de 2013, se creó el portal del artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual permitió conocer las plazas docentes, administrativas y directivas, sus movimientos, personal con licencia, comisionados, prejubilados, jubilados y el tipo de plazas (plazas de jornada completa o de hora-semana-mes) entre otros elementos. Sin embargo, esta plataforma se desarrolló únicamente para aquellos actores educativos que recibían recursos federales mediante el Fondo para la Nómina Educativa (FONE).
No obstante, aunque el portal es público y con información accesible para cualquier ciudadano, el pase de lista 2017 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 3,294 personas no identificadas por el responsable del centro escolar. Posteriormente, en la visita física sobre una muestra de 191 planteles se detectaron 607 personas en esta situación que de acuerdo con la autoridad estatal fueron regularizadas y únicamente 38 quedaron pendientes de resolver en Sinaloa.
Si estas inconsistencias suceden en la nómina federal, la cual es pública, es imprescindible visibilizar la nómina estatal que se encuentra a disposición de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal. Asimismo, es necesario generar procesos de verificación anuales, (pase de lista en lo local) a cargo de la Auditoría Superior del Estado que permitan conocer la situación del sistema educativo.
Como sociedad debemos exigir la transparencia y la rendición de cuentas con el propósito de hacer más eficiente la labor gubernamental y que cada peso sea adecuadamente utilizado para garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes. En ese sentido, es necesario aprovechar todos los espacios posibles tal como se hizo en este foro de consulta, los cuales nos permiten actuar de manera conjunta y participativa para impulsar la transformación de nuestro estado.
