El pasado 16 de julio la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó tres sentencias de la sala regional especializada en las que sanciona la indebida intervención del presidente de la República y otros funcionarios federales en el proceso electoral. Reitera lo que casi todos hemos visto: la sistemática vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, el uso indebido de recursos públicos, en fin, la intervención en el proceso electoral.
Ante ello, la Consejería Jurídica de la Presidencia ha reaccionado diciendo que los magistrados electorales atentan contra las bases del sistema democrático al restringir la libre expresión de las ideas. Sin embargo, la confirmación de las sentencias por parte de la Sala Superior acredita al menos dos cosas.
La primera es que el proceso electoral en curso se ha desarrollado en condiciones muy alejadas de lo que marcan los cánones de la integridad electoral. Un poder ejecutivo que se olvidó por completo de la neutralidad, que usó los recursos públicos para inclinar la cancha a su favor, que entendió que la parcialidad en favor de sus causas no sólo no era una violación a la norma, sino que era una causa que había que defender, en fin, un ejecutivo que superó con creces lo hecho por todos sus predecesores en términos de violar las leyes electorales.
Dicho sin rodeos: un delincuente electoral. Esa es una condición al que no debemos acostumbrarnos. No debemos normalizar todo lo que ha sido señalado y juzgado por las autoridades. En todo caso, las sentencias confirmadas son un buen insumo para pensar la reforma que viene.
El otro punto que se acredita con la reacción de la Consejería Jurídica de la Presidencia es la distancia que se guarda en esa oficina con la Constitución y el espíritu que animó las sucesivas reformas electorales. Lo que antes se veía como ausencia de piso parejo, hoy se ve con normalidad; lo que antaño era una intromisión indebida, hoy es libertad de expresión. Sin duda desde el poder cambió mucho la percepción de lo que significa una contienda electoral en condiciones democráticas.
Este proceso pasará a la historia como uno en el que se violaron de manera sistemática los principios constitucionales y cuyas consecuencias, aparentemente, serán solo testimoniales. A nadie nos conviene repetir esta historia, ojalá haya condiciones para revisar lo que pasó, para impedir que vuelva a ocurrir, pero sobre todo, para que esa reflexión sea colectiva, para que recuperemos el diálogo.
