¿La niñez merece sólo un 10 por ciento del Presupuesto federal 2025?
En 1990, México reafirmó su compromiso con la Convención sobre los Derechos del Niño, comprometiéndose, según su artículo 4, a garantizar todos los derechos económicos, sociales y culturales de la niñez, incluyendo la salud, la educación, la vivienda y la alimentación. Para lograrlo, el Estado debe destinar “hasta el máximo de los recursos de que dispongan”.
Sin embargo, ¿realmente se está asignando lo suficiente? El reciente Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 refleja una asignación de recursos para niñas, niños y adolescentes que no alcanza a cubrir las garantías necesarias, dejando serias dudas sobre la priorización de su bienestar.
Si examinamos a detalle, la asignación de recursos destinados a la atención de niñas, niños y adolescentes en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2025 refleja una evolución en términos cuantitativos, aunque plantea preocupaciones en cuanto a su proporción relativa al Gasto Programable. El monto asignado para el Anexo 18 (Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes) refleja un aumento nominal del 6.89 por ciento en comparación con el presupuesto del año 2024; sin embargo, es crucial considerar la inflación estimada para el 2025, que es del 3.3 por ciento, lo que reduce el aumento real a apenas a un 3.59 por ciento.
A pesar de este aumento, el análisis se complica al observar la proporción de estos recursos: es apenas el 10.94 por ciento del gasto programable está destinado a niñas, niños y adolescentes, pese a que ellas y ellos representan el 30 por ciento de la población, aproximadamente.
Esta tendencia a la baja se ha mantenido en los últimos años: en el PEF para el 2021, la asignación para la niñez y adolescencia representaba el 17.14 por ciento del gasto programable, cifra que disminuyó a 15.85 por ciento en 2022, continuó bajando hasta el 15.10 por ciento en 2023 y finalmente el 14.89 por ciento en 2024.
Dicha disminución de recursos genera inquietudes sobre la priorización de las políticas y programas destinados a la niñez y adolescencia en territorio mexicano. Estos recursos son los que sostienen la operación de las instituciones del Gobierno federal para que brinden servicios públicos accesibles y de calidad a las niñas, niños y adolescentes. Es decir, estos recursos son esenciales para abordar desafíos como la educación, la salud y la protección de sus derechos.
La caída de la proporción en comparación con el año 2017, cuando representaba el 21.42 por ciento, demuestra que se ha producido un considerable ajuste a la baja en la asignación de recursos a lo largo de los ejercicios. Ello es una tendencia preocupante, sobre todo considerando los grandes problemas que afectan a la niñez en el país y a la invariable necesidad de contar con servicios públicos para atender a las niñas, niños y adolescentes que más lo necesitan.
El panorama para el 2025 es preocupante, ya que estas reducciones pueden traducirse en una seria amenaza para los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Derechos esenciales como la salud, la educación y la protección integral estarían en riesgo, comprometiendo no solo su presente, sino también las oportunidades para construir un futuro digno.
Respecto a la salud, el presupuesto asignado para el 2025 refleja una reducción del 18.38 por ciento en el programa de vacunación, así como el 13.3 por ciento menos en programas estratégicos de salud, con respecto al 2024. En relación con lo estipulado para la educación, a pesar de que las últimas evaluaciones sobre la educación en nuestro país son poco alentadoras, el PEF 2025 contempla una disminución del 0.3 por ciento en educación inicial básica y comunitaria. Además, no se incluyen en el Anexo 18 programas de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, ni se contempla promover la atención y prevención de la violencia de género, a pesar de tener objetivos relacionados con niñas, niños y adolescentes.
En este contexto, desde Save the Children consideramos necesario e ineludible que las y los legisladores prioricen la asignación de recursos adecuados en el PPEF 2025, asegurando que cada peso invertido contribuya de manera efectiva a la promoción, protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este enfoque es indispensable no solo para cumplir con las obligaciones legales y éticas del Estado, sino también para construir un futuro en donde la niñez y adolescencia puedan desarrollarse plenamente en un entorno seguro, inclusivo y equitativo.
* Save the Children (@SaveChildrenMx) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
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