Como en tantas otras cuestiones -energías limpias, por ejemplo- México camina en sentido inverso al mundo. Cuando el G-20 se compromete a una reforma fiscal con fines progresivos, el gobierno de México ha renunciado a plantearse siquiera la idea de una reforma fiscal que incremente los recursos del Estado a la vez que atienda la desigualdad. No se entiende que un gobierno que dice “deberse al pueblo”, se empeñe en que los ingresos de pobres y ricos quedan prácticamente con la misma brecha antes y después de impuestos. Pero, así es.
El compromiso del Presidente de no subir ni introducir nuevos impuestos llegaba hasta el 2021. Ahora lo refrenda. Ya anunció que no impulsará una reforma fiscal como parte del paquete económico para 2022. En esto se seguirá distinguiendo de la tendencia mundial, de su principal socio comercial y de la mayoría de los gobiernos de izquierda. Esta declaración fue precedida por la de la titular del SAT quien se comprometió a que en el paquete económico 2022 sólo se presentaría una miscelánea para obtener 200 mil millones de pesos a través de la simplificación del pago de impuestos y el combate a la evasión. Bienvenida la propuesta. Muy necesaria pero insuficiente: no alcanza para echar a andar la economía.
Además, no tiene el potencial de hacer lo que debe hacerse de una vez por todas que es fortalecer la hacienda pública y disminuir la desigualdad. Si se quiere promover el crecimiento y reactivar la economía, hace falta inversión privada y pública. Para la primera hace falta crear condiciones de certidumbre para que los privados pongan su capital en proyectos productivos sin que a mitad del camino les cambien las reglas. No se está haciendo.
Para la inversión pública hacen falta recursos. Si el gobierno no quiere que haya endeudamiento -aunque lo ha habido- no quedan más que los ingresos por la explotación de recursos naturales, los impuestos, la prestación de bienes y servicios y las cuotas de seguridad social. Si no se quieren tocar los impuestos pues no hay de dónde. El propio Secretario de Hacienda lo reconoce en una entrevista previa a su salida del gabinete: “una de las razones por las que no hemos invertido es porque tenemos una baja recaudación ... el país claramente recauda poco frente a sus pares ...”. En la última cifra disponible, el promedio de gasto en inversión de los países de la OCDE es de 3.3 por ciento del PIB. En México, de 1.3 por ciento.
Al sacrificar la inversión pública se detiene el crecimiento del país. A su vez, la falta de crecimiento frena el aumento de los ingresos públicos y hace que México caiga en un círculo vicioso que es necesario revertir. Así lo ha demostrado J.I Casar en su trabajo Hacia una Reforma Fiscal para el Crecimiento y la Igualdad (2020) publicado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Programa que nadie se atrevería a tildar de conservador o neoliberal y que propone alternativas viables como un ISR progresivo en la punta de la pirámide, su aumento al 3 por ciento más rico de los contribuyentes, mejorar el cobro de predial a través de la colaboración entre los órdenes de gobierno, tasa cero de IVA sólo para una canasta de alimentos básicos y concentración de la recaudación de cuotas del IMSS en el SAT para bajar evasión.
El problema que tenemos es que el Presidente se niega a escuchar, a aprender y rectificar. Él dice que sí hay recursos y que los hay en abundancia sin tener que recurrir a una reforma fiscal. ¿De verdad? Se habló de 600 mil mdp producto de la corrupción. Nunca aparecieron. Se habló de 114 mil mdp de ahorro en el primer semestre de gobierno por el programa de austeridad. La SHyCP reportó tan sólo 30,400 millones.
Peor, se llama ahorro a la austeridad, pero no lo es. Es dejar de ejercer un gasto necesario -una inversión- en salud, educación, protección a las mujeres o desarrollo tecnológico. En lo único que no ha habido austeridad republicana es en las mega obras del Presidente y en el fortalecimiento de Pemex y la CFE. Esto sin importar el cálculo de costo beneficio.
Lo que sí se sabe es que se le metió mano al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. El primero disminuyó entre 2019 y 2020 en 94 por ciento y el segundo en 51 por ciento. Para el 2021 el gobierno ya no tenía a dónde meter la mano. Entonces se inventó la desaparición de los fideicomisos usando la excusa de que eran pura corrupción y privilegio sin jamás probarlo. De nuevo, los números no cuadran. Leonardo Núñez ha demostrado que de los supuestos 250 mil mdp por la extinción de fideicomisos, apenas se puede documentar 62,000 mdp que, además, están “en proceso de devolución”.
No nos hagamos bolas, por justicia y por necesidad hace falta una reforma fiscal. ¿La traerá bajo el bolsillo el nuevo Secretario de Hacienda?
