La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció que la Guardia Nacional se integrará a la Sedena y esto consolida el modelo de militarización de la seguridad pública en México.
El anuncio de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) levanta las alarmas, pues consolida el modelo de militarización de la seguridad pública en el país, que ha sido tantas veces denunciado. El anuncio de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a inicios de semana llega además en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, conmemorado el 26 de junio de cada año.
Si bien la utilización de las fuerzas armadas en el combate del crimen no comenzó con este sexenio, ya que desde el año 2006 ha sido el modelo de seguridad que ha prevalecido, lo que sorprende es cómo se ha mantenido a lo largo de tres distintos partidos en el poder y, sobre todo, cómo en este sexenio la militarización de la Guardia Nacional se elevó a rango constitucional lo que pone en conflicto a las garantías constitucionales de protección a los derechos humanos. Y pese a que en el discurso oficial se insiste en defender esta estrategia como una acción exitosa de combate al crimen y a la delincuencia común, la realidad y la documentación de casos demuestran que las fuerzas armadas y policías militarizadas como la GN también son perpetradoras de violaciones graves a derechos humanos.
Entre el 1º de diciembre de 2006 y el 30 de junio de 2019 se emitieron 268 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de Sedena, la Secretaría de Marina (Semar) y la extinta Policía Federal (ahora Guardia Nacional) por actos de violaciones graves a derechos humanos, como casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Del total de casos, el 63.8 por ciento fueron atribuidos a integrantes de las fuerzas armadas, es decir, Sedena y Semar.1
Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del año 2021 2, entre los años 2019 y 2021 en el 39 por ciento de las detenciones llevadas a cabo por la Guardia Nacional se incurrieron en agresiones físicas, frente al 34 por ciento de los casos que fueron cometidos por Sedena. En el año 2022, el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH registró 428 quejas contra Sedena y 577 en contra de la Guardia Nacional por posibles casos de violaciones a derechos humanos, de los cuales 77 fueron por actos de detención arbitraria, 21 por actos de tortura, 48 por tratos crueles, inhumanos y degradantes y 7 por desaparición forzada.3
Otro indicador relevante es que seis de las trece sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, han sido por la responsabilidad de elementos de las fuerzas armadas en casos de violaciones graves a derechos humanos. A pesar de estas resoluciones internacionales, la gran mayoría de los casos no han encontrado justicia a nivel interno, por lo que la impunidad se ha mantenido a lo largo de décadas”.
Estos datos reflejan que la militarización de la seguridad pública no es una solución que esté exenta de incurrir en graves crímenes en contra de los derechos humanos de la población en general, ni de reducir la violencia ni la incidencia delictiva en el país; también pone de manifiesto el abandono de las fuerzas estatales y municipales como autoridades encargadas de la seguridad desde el ámbito local, obviando que las fuerzas militarizadas tampoco serán suficientes para atender los vastos problemas de criminalidad que existen a lo largo y ancho del país.
Mientras no se fortalezcan el resto de las instituciones civiles de seguridad pública federales, estatales y municipales mediante la profesionalización, una asignación presupuestaria adecuada y una coordinación nacional apropiada, ningún modelo que parta del uso de la fuerza militarizada funcionará a perpetuidad; por el contrario, es necesario un enfoque de seguridad ciudadana orientado a la prevención del delito, la convivencia comunitaria y el respeto a los derechos humanos en la legislación federal y local, así como en las políticas públicas.4
* Natalia Pérez Cordero es investigadora en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.
1 Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, “Entre la brutalidad y la impunidad. Los crímenes atroces cometidos al amparo de la estrategia de seguridad militarizada (2006-2018)”, 2020.
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