Un Estado constitucional y la existencia de políticos responsables siempre serán los antídotos más eficaces para prever y resolver conflictos entre gobiernos e instituciones autónomas.
La ley debería ser la solución, pero justamente una ley inconstitucional aprobada por el Congreso del Estado es lo que ha provocado la mayor tensión en los últimos 40 años entre el Gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Y es que, habiendo una ley general de instituciones de Educación Superior se busca una “curvita” para estar por encima de aquella -dicho de paso, el nuevo Rector de la Universidad Autónoma de Occidente la ha aceptado sin más y próximamente el Congreso del Estado reformará la ley orgánica donde seguramente la autonomía quedará como un simple pegoste para volver de facto a su nombre original: Universidad de Occidente.
Y, en eso está el Gobernador, desde hace más de un año, con todo su poder, buscando desaparecer la autonomía de la UAS y que sus funcionarios rindan cuentas no al Consejo Universitario, como lo marca la Ley Orgánica, sino al titular Ejecutivo y al Legislativo en turno.
Sé que esta afirmación inmediatamente se atajará con el argumento de la presunta corrupción en que han incurrido funcionarios universitarios, que, en caso de haber sentencia, deben ser sujetos a penas si se les encuentra culpables a través de un juicio sin interferencias políticas.
Sin embargo, la autonomía y delitos no es lo mismo, el asunto de la autonomía universitaria está previsto en el Artículo tercero de la Constitución y la ley reglamentaria que curiosamente es la ley Rocha, porque nuestro Gobernador fue el artífice siendo Senador de esta Legislatura.
En tanto, el tema de la presunta corrupción debe acreditarse ante la autoridad competente y ésta tiene que ver con personas físicas o morales. Y, hasta ahora, no se ha cerrado ningún caso con su respectiva sentencia por las razones que gusten. Estamos en el limbo de lo político.
Y es que, por un lado, tenemos a un Gobernador que atiza todos los días el fuego de la discordia haciendo señalamientos duros contra funcionarios y líderes universitarios, mientras las autoridades universitarias están permanentemente movilizadas ante lo que consideran un atropello, un acto de “persecución política”, una obsesión autocrática.
Y la pregunta que nos hacemos muchos universitarios activos o inactivos: en el caso de la autonomía, ¿la solución será jurídica o política? Y en los presuntos delitos cometidos contra el patrimonio universitario, ¿seguirán su curso como hasta ahora con un juez a todas luces parcial o irán en paquete en la negociación política? O solo ¿el Gobernador busca vencer y la foto del Rector Jesús Madueña y a otros funcionarios cruzando el umbral del penal de Aguaruto?
Los universitarios, como lo vimos el viernes y sábado antepasado en Mazatlán, buscan una solución política y han dado un paso en esta dirección cuando han obtenido del Presidente López Obrador el compromiso de una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación, donde estarían las partes en conflicto y las mediadoras, que son la propia Secretaria del ramo y la UAS, además Luciano Concheiro, el Subsecretario de Educación Superior, para buscar una salida al conflicto que se inició hace más de un año y no se ve la salida por la polarización.
Comentaba con un profesor de ciencia política de la UNAM, conocedor de este tipo de asuntos en la Secretaría de Gobernación, que vino a impartir un módulo en el Diplomado de Análisis Político que está en curso en Facultad de Ciencias Sociales de Mazatlán, y me expresaba, con cierto escepticismo, que fuera a lograrse algo en la mesa de negociación de la Secretaría de Gobernación, porque dice que esas mesas de negociación lo único que hacen, si no hay voluntad política, es que el asunto se pudre por cansancio e infructuoso.
Sin embargo, le argumentaba, que este conflicto era distinto a otros casos que seguramente traen a los actores a vuelta y vuelta por la Ciudad de México, hasta que un día ya no regresan o el asunto, como reconoció el propio Presidente López Obrador como es “estatal”, se regresa sin solución a las instancias locales. O sea, si no hay señales previas probablemente la mesa esté destinada al fracaso.
No obstante, los dirigentes de la UAS, y ahí la diferencia, tienen una estrategia en tres escenas: la defensa jurídica, la negociación política y la movilización social capaz de elevar el nivel de tensión, mientras el Gobernador, como ha declarado a la prensa, continúa la estrategia jurídica luego de los intentos fallidos por tener un caballo de Troya en la casa rosalina.
Y eso, en tiempo electoral, podría tener un efecto de incertidumbre para la estabilidad del estado.
Por lo pronto, iniciada la negociación política que no tiene fecha, algunas cosas podrían pasar, si es que no fue una salida del Presidente ante la presión momentánea de los universitarios que, sin duda, provocaron uno de los peores momentos que puede vivir un Gobernador, cuando al unísono cientos de universitarios le gritaban en su cara “fuera Rocha”, “traidor”.
Y es que, por cuestión elemental, en el marco de la negociación, los procesos jurídicos contra funcionarios podrían entrar en impasse para dar garantías a la Universidad de que no habrá turbulencias que empañen la búsqueda de acuerdos para poder finiquitar el conflicto.
Vamos, no se puede negociar teniendo unas esposas en mano. El Gobernador tendrá que dar un paso atrás para mostrar voluntad política y no hacer quedar mal al Presidente.
Mostrar que es un negociador, lo que será muy preciado cuando inicien las campañas electorales presidenciales -o, sea, antier, estamos en domingo- y es que, por lo que vemos, los universitarios están dispuestos a ir a todas las acciones que le den visibilidad al conflicto. Aquí se trata de ganar tiempo.
Así que no hay que descartar que, si no se celebra o no avanza la negociación, los universitarios redoblarán la movilización y se harán presentes en el proceso electoral.
O sea, el Gobernador como estratega deberá calcular bien sus pasos a partir del 1 de marzo. Y es que es mejor tener a los líderes universitarios sentados en una mesa de diálogo y negociación a que estos sigan hostigando en la plaza y los actos públicos.
En definitiva, la promesa del Presidente López Obrador debe rendir frutos porque en toda negociación debe imperar la voluntad, los argumentos y la conciencia de ceder algo para llegar al mejor acuerdo posible, de lo contrario, el conflicto escalará y eso no beneficia a este gobierno, a la Universidad o la vida pública sinaloense.
