La infinita legalización de ‘chocolates’. Ponerles diques legales a los abusivos

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A pesar de tratarse de un programa que no engrosa mucho las finanzas estatales porque el enfoque es más de carácter social que recaudatorio, la ampliación de las campañas de regularización de automóviles y camionetas de procedencia extranjera requiere de límites y controles una vez cumplida la fase humanitaria con familias que necesitan de un vehículo como herramienta de trabajo, pero no pueden adquirirlo en el mercado nacional. Abrir por más tiempo la legalización de “chocolates” beneficia a vivales y ya no tanto a los pobres.

Es visible en las ciudades sinaloenses la cuantiosa circulación de automotores con placas de origen estadounidense, o láminas de organizaciones que supuestamente protegen a los poseedores de estas unidades, lo cual refleja que quien no aprovechó las etapas de regularización difícilmente lo hará así la oportunidad dure años. Los que no quieren reglamentar sus carros es porque los necesitan en la ilegalidad y sin la debida matrícula que los identifique al verse involucrados en accidentes o comisión de delitos.

También el paisaje vial urbano muestra a camionetas de lujo que sin importar el régimen de ilicitud en que transitan acuden al exceso de velocidad, trasgresión de normas de tránsito y participación en percances viales sin que estén obligados a responder por dichos atropellos. Para ellos los vehículos “chuecos” les vienen como anillo al dedo, no obstante que ponen en desventaja a la gente pacífica que se ciñe a la ley. Lo demás, del menoscabo económico a las armadoras y distribuidoras de automotores, es puro cuento debido a que el que puede comprar un carro nuevo pues lo adquiere y punto.

El Gobierno de México publicó el 19 de enero de 2022 el decreto que fomentar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas; luego amplió tal acción a marzo de 2023 y recientemente la extendió a junio próximo.

Sin poner en entredicho la catadura solidaria de la regularización, se acerca el momento de establecer reglas claras y topes políticos a la medida que, se dijo en el principio, favorece al segmento que carece de recursos monetarios para comprarlos en las agencias automotrices. Además, hubo la precisión del impacto que tiene la medida en la seguridad pública al incorporar al registro oficial a vehículos “chocolates” que en muchos de los casos son utilizados para la comisión de diferentes ilícitos.

Ese componente delincuencial que se encubre detrás de la no regularización continúa activo. Si fuera parte de la masa poblacional con necesidad de un automóvil usado y sin capacidad de comprarlo, desde cuándo hubiera procedido a legalizarlo porque después de 15 meses de estar vigente el decreto no existe el pretexto para mantenerse en estado irregular. La situación anómala de los vehículos es parte del modus operandi de la legión criminal.

Hasta el corte del 15 de marzo de 2023 en México el programa de regularización abarcó al millón de vehículos y en Sinaloa el alcance es de alrededor de 90 mil, estimándose por las empresas de distribución de automotores que un número similar está en espera de obtener dicho beneficio ya que el flujo de unidades procedentes de Estados Unidos y Canadá continúa sin barreras de entrada.

Los estados participantes en la regularización de “chocolates”, principalmente Sinaloa, podrían establecer medidas propias tendientes a impedir que la determinación con carácter social de origen transite a circunstancias de inminente peligro, procediendo a revisiones de unidades que portan placas no permitidas, ciñéndolas a la disposición de legalizar en un plazo prudente o bien tenerlas localizadas para proceder al aseguramiento en casos de incumplimiento. Otra medida tendría que ver con la contención de abusos por parte de intermediarios que promueven que la regularización no es obligatoria ya que basta con los hologramas que estos proporcionan para mantener la propiedad de los coches.

Cualquier determinación gubernamental que al paso del tiempo se torna elástica siempre será coyuntura ad hoc para la alteración de la norma jurídica. Una vez cumplido el propósito solidario del decreto inicial de regularización de vehículos de procedencia canadiense o estadounidense, así como las dos ampliaciones de plazos, algo de mano firme no estaría mal en prevención de que desde el segmento de los malosos se vea esto como debilidad legal o ausencia de autoridad.

Ya se les ha dado la mano a aquellos que necesitan de un vehículo modesto como auxiliar del trabajo o la rutina diaria. Ahora abundarán los gandallas que agarran hasta el codo y hacen negocio, delinquen o prefieren los carros “chocolates” por así convenir a sus intereses aviesos.

Es muy diferente la facha,

De la regularización torcida,

Y del que ocupa la carcacha,

Con el fin de sobrellevar la vida.

Hoy sigue su curso el otro viacrucis, el del ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, al concluir la prórroga que su defensa le solicitó al juez en el juicio abierto el 1 de marzo por desempeño irregular de la función pública. Hoy “El Químico” deberá regresar a los tribunales a responder por el caso Azteca Lighting, empresa a la que le compró luminarias sin la correspondiente licitación con un costo de 400 millones de pesos. En esa vía dolorosa no vale el arrepentimiento sino el aforismo que establece que ”la ley es dura, pero es ley”.