La indolencia de medicamentos caducados. A ese Sinaloa enfermo, el remedio de la ley

Quien sabe si se le pueda llamar de otra manera que no sea negligencia criminal al hecho de que mientras niños con cáncer atendidos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa libraban sin medicamentos la lucha por la vida, y el sistema estatal de servicios médicos obligaba a los familiares de pacientes a comprar desde medicinas caras hasta gasas y guantes, en bodegas de la Secretaría de Salud se echaban a perder suministros farmacéuticos con un costo total de 30 millones de pesos.

Llámese como se llame el disparate, lo que sí configura mínimamente ese descuido gubernamental es la alevosa violación del derecho humano a la protección de la salud y aquellos que conocieron y solaparon la situación, trátese de quienes se trate, deben responder ante las instancias legales que corresponda al resultar inverosímil la hipótesis del error sin dolo sobre tan enorme inventario echado a la basura. Si brotó pus al rascar en los almacenes, qué albañales se hallarán por cavar hondo en los Servicios de Salud de Sinaloa.

Sacar a Sinaloa de la era de desidias que causan más tragedias sobre desgracias ya consumadas requiere mano firme de las instituciones anticorrupción, fiscalías y tribunales, pues de lo contrario la licencia para abandonar en medio del dolor a los enfermos y sus familias será normalizada por nuevos decretos de conciben la ley como adorno. Sin exagerar, lo que hoy se descubre no dista mucho del escándalo de Veracruz cuando el gobierno de Javier Duarte les aplicó agua destilada a niños con cáncer haciéndoles creer que recibían quimioterapias.

En el caso Sinaloa, el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, informó que los medicamentos con un costo de alrededor de 30 millones de pesos fueron localizados en las bodegas de la dependencia, algunos caducados desde hace un año, al mismo tiempo que se acumularon cientos de quejas por personas que no podían surtir sus recetas en las farmacias de los hospitales y centros de salud. En la conferencia de prensa semanera del Gobernador Rubén Rocha Moya, el funcionario precisó ayer que se trata de 132 claves, cuatro de éstas de uso oncológico, cuya fecha de prescripción ya expiró.

En el caso de los pequeños pacientes del Hospital Pediátrico, en el último año de la administración estatal que encabezó Quirino Ordaz se registró el déficit del 50 por ciento de los medicamentos requeridos y casos de niños con cáncer con cuatro meses de internamiento sin que le suministraran medicinas. Pese a las atenuantes activadas, el problema sigue presentándose en lo que lleva Rubén Rocha Moya como titular del Ejecutivo estatal con movilizaciones de padres de familia para que a sus hijos se les atienda en el delicado estado de salud en que están.

Lo mismo ocurrió durante las etapas más intensas de la emergencia sanitaria por el coronavirus que hoy está en la quinta ola, pero de manera menos devastadora. Los hospitales públicos carecieron del medicamento que era imprescindible para salvar vidas humanas y en muchos de los casos dejaron morir a los contagiados si sus familias no tenían acceso al dinero para adquirir los fármacos a precios elevadísimos y en el mercado especulativo que fue alentado desde el interior de los nosocomios. Arrastrados a la desesperación por la marejada pandémica, la sociedad sinaloense nunca supo cuántos sinaloenses murieron debido al déficit de medicinas fraguado en la inacción oficial.

Sin ánimo de entrar en mayores detalles del sufrimiento de pacientes y sus familias, pues nadie que no esté en igual circunstancia puede describir tal angustia e impotencia, nos remitimos a preguntar dónde quedó el artículo 4 de la Constitución nacional que reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud. ¿Quién se burló del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que les garantiza a estos sectores de la población disfrutar “del más alto nivel posible de salud, así como recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad”?

Tratándose de preguntas sin respuestas, porque de haberlas quedará evidenciada la gran trama de complicidades y simulaciones profundas en el aparato gubernamental, entonces solo queda confiar que en aquellos sucesos que saltan a la luz pública, como es el caso de los medicamentos caducados, medien las investigaciones de los sistemas de procuración e impartición de justicia, como último bálsamo que pudiera sanar la secuelas de desidias, compras turbias y negocios que lucraron con la salud de los sinaloenses.

¿O no, Gobernador Rubén Rocha Moya? ¿Llamará a cuentas a quienes en el anterior gobierno lo antecedieron en el cargo, Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo? ¿Desempolvará la lupa anticorrupción Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda?

¿Alguien podría tener calma,

Llevando entre sus aliños,

Haber herido en el alma,

A estos tan frágiles niños?

Detestable sí, y además es cobarde, el bullying físico o sicológico contra niñas y niños por el hecho incidental de que sus padres ocupen altos cargos en el servicio público, aunque no olvidemos que fue un Alcalde del Movimiento Regeneración, Manuel Guillermo Chapman Moreno, el que inauguró en Sinaloa, en abril de 2019, esa forma ruin de agresión a la infancia al hacer llorar a una pequeña alumna del Centro de Educación Inicial Indígena, en la comunidad de Goros Número 2, municipio de Ahome, a la que le señaló delante de sus compañeros de plantel que “tiene obesidad espantosa y horrible”.