La impunidad genera repetición. El caso de Ejército espía

@FundarMexico

Las recientes revelaciones sobre el nuevo caso de espionaje a través del uso del software Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional -a dos periodistas y un defensor de derechos humanos-, dado a conocer en la investigación “Ejército espía”(1), nos recuerdan los pendientes aún vigentes en materia de transparencia y rendición de cuentas de lo sucedido en 2017 durante la denuncia pública del caso “Gobierno espía” (2).

A cinco años de lo sucedido: ¿se ha avanzado en la rendición de cuentas sobre la situación de espionaje o se han publicado los contratos de compra del software espía celebrados por el Gobierno?

En 2017, las organizaciones civiles Artículo 19, Social Tic y R3D dieron a conocer que el Gobierno federal, a través de Pegasus -un software altamente especializado y comercializado únicamente a los gobiernos-, había infectado los teléfonos móviles de al menos 76 personas, entre ellas periodistas, defensores de derechos humanos y comunicadores, evidenciado una política sistemática de vigilancia. Tras el escándalo, las principales demandas de la sociedad civil fueron la rendición de cuentas sobre los casos de espionaje, conocer las razones que motivaron estos actos en contra, la realización de investigaciones exhaustivas del espionaje ilegal, la implementación de medidas de no repetición, así como la transparencia y publicidad de los contratos y montos de recursos públicos ejercidos en la compra de este software.

A cinco años de “Gobierno espía” y con la denuncia de #EjércitoEspía es evidente que no se ha avanzado en medidas que eviten la repetición de estos hechos y siguen vigentes las demandas presentadas por sociedad civil en su momento:

- A pesar de que las víctimas denunciaron el espionaje ante la entonces Procuraduría General de la República, de que las organizaciones civiles denunciaron el espionaje sistemático ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (3), que la Organización de las Naciones Unidas solicitó al Gobierno mexicano realizar investigaciones independientes y que, en 2019, el Instituto Nacional de Acceso a la Información determinó la existencia de indicios del uso del software Pegasus por parte de funcionarios de la PGR(4), no se ha sancionado a ningún funcionario y ni se han mostrado avances significativos en las investigaciones de los casos.

- No se ha publicado proactivamente información de los contratos de compra de dicho software. En 2017, fueron los medios de comunicación los que publicaron el contrato de adquisición de Pegasus y su anexo técnico, ya que esta información ha sido reservada bajo argumentos de seguridad nacional tanto por la PGR como por la actual Fiscalía General de la República.

Incluso, a pesar de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana identificó 31 contratos vinculados con la compra del programa Pegasus por parte del Gobierno Mexicano, no ha publicado ampliamente información sobre dichos contratos (5), sobre sus anexos o sobre los procedimientos de contratación. Esta situación preocupa en un contexto donde se ha limitado la amplia transparencia de contrataciones de asuntos de interés público, como es el caso de las vacunas, bajo el argumento de seguridad nacional y en donde la ciudadanía ha tenido que dar la batalla ante el INAI y el Poder Judicial para la apertura de la información.

- Con la evidencia de “Ejército espía” y tras el descubrimiento de la existencia de contratos entre la Sedena y la empresa que comercializa Pegasus, se muestra que los casos de espionaje ilegal en contra de personas periodistas y defensoras de derechos humanos continúan aún en la actual administración.

Las circunstancias y los hechos de espionaje se repiten y las demandas ciudadanas también. Es grave que se perpetúen estos casos hacia las y los ciudadanos, sobre todo en contra de quienes ejercen como oficio la libertad de expresión ya que ello socava la confianza en las instituciones. Asimismo es indispensable que se realicen investigaciones diligentes, independientes y exhaustivas que esclarezcan las intervenciones de las comunicaciones ilegales (6) contra las víctimas, se transparenten ampliamente los contratos entre las fuerzas armadas y la empresa que ha vendido a Pegasus en México, los montos ejercidos para la compra del software, así como los procesos de contratación.

Frente a dos escándalos de vigilancia ilegal en los últimos cinco años y en al menos dos administraciones, es importante la amplia transparencia y rendición de cuentas sobre las medidas para investigar, sancionar y valorar las funciones de vigilancia por parte del Estado para evitar definitivamente la comisión de estos hechos.

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