Si se respetan los derechos humanos de las personas que trabajan y los derechos patrimoniales de quienes invierten en proyectos productivos, se produce un entorno más adecuado para propiciar el ciclo virtuoso entre la competitividad y la generación de bienestar. Es por eso que los análisis de competitividad del IMCO incorporan como elemento clave las variables relacionadas con el Estado de derecho para medir la capacidad que tienen los estados y las ciudades para generar, atraer y retener talento e inversión.
Los homicidios, el robo de vehículos y otros delitos del fuero común son útiles para evaluar esta realidad de forma consistente a través del tiempo y de manera transversal entre las entidades o ciudades del País.
Desafortunadamente, cada vez resulta más evidente que otros aspectos estructurales, como la disponibilidad de infraestructura o la calidad de los servicios públicos, inciden de forma directa sobre la confiabilidad de las mediciones relacionadas con los delitos. Dicho de otra forma, un entorno más inseguro y violento tiende a disminuir la disposición a denunciar ciertos delitos, ya que incrementa los costos de transacción de las personas para hacerlo.
De acuerdo con los datos utilizados en el Índice de Competitividad Estatal 2024 del IMCO, en promedio para las 32 entidades del país, 89 por ciento de los delitos no se denuncian, siendo Guerrero el estado peor evaluado (96 por ciento) y Baja California el mejor librado (81 por ciento). Sin embargo, prácticamente 9 de cada 10 delitos no se denuncian en el País, lo cual nos invita a reflexionar sobre los retos de los datos para entender la realidad que atraviesan las entidades del país en materia de violencia.
Dado que la cifra negra es enorme, ¿qué alternativas tenemos para evaluar la calidad del Estado de derecho para garantizar la seguridad de las personas y las empresas de México? ¿Es posible valerse de otros recursos para valorar de forma comparada el desempeño de las autoridades en diferentes entidades? Al respecto, existe una amplia discusión en la literatura sobre los sesgos asociados a los indicadores blandos basados en percepción.
Tal como ocurre con las variables que miden aspectos macroeconómicos, para las cifras que aproximan el fenómeno de la violencia también contamos con indicadores blandos y duros. Los primeros se enfocan en aspectos de percepción, miden de forma subjetiva el juicio que hacen las personas sobre la situación que viven en su entorno. Los segundos, con una perspectiva objetiva, contabilizan la evidencia que dejan los delitos, ya sea a través de reportes, denuncias, carpetas de averiguación o aspectos materiales que evidencian su ocurrencia, como un cadáver en una morgue en el caso de un homicidio.
Tomando como referencia los datos del ICE 2024, sí es posible establecer una correlación negativa entre la percepción de seguridad y la incidencia de homicidios en las entidades del país: si un mayor porcentaje de la población adulta de un estado declara sentirse segura, las cifras de homicidios también son relativamente bajas con respecto a otros estados.
Tal es el caso de entidades como Baja California Sur y Yucatán. En Baja California Sur, 65 por ciento de la población declara sentirse segura y la tasa de homicidios es apenas de 3 por cada 100 mil habitantes. En Yucatán, mientras la tasa de homicidio es 1.7, 62 por ciento declara sentirse seguro. En el extremo opuesto encontramos entidades como Colima y Morelos. En Colima, la tasa de homicidios de 106.9, que es la más alta del País, coincide con una percepción de seguridad de apenas 18 por ciento. Asimismo, en Morelos sólo 12 por ciento declara sentirse seguro en un estado donde la tasa de homicidios es de 66.3 por cada 100 mil habitantes.
Estas cifras confirman que los indicadores de percepción de seguridad nos ayudan a comprender la forma en que evoluciona la violencia en el país y también la calidad de su estado de derecho. Esto implica que, pese a la crisis de seguridad que se vive en distintas zonas del país, estos indicadores son útiles para evaluar la competitividad de los estados y las ciudades y, por ende, para evaluar el diseño de políticas públicas que permitan modificar esta realidad a fin de incrementar el bienestar de las personas que los habitan.
El autor es Víctor Gómez Ayala (@Victor_Ayala), director de Analítica de datos.
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