Apesar de que el derecho universal a la migración establece que toda persona tiene el derecho fundamental de desplazarse, salir de su país y retornar a él cuando lo desee, en la práctica esta garantía, que en teoría simboliza la autodeterminación, enfrenta a una realidad marcada por profundas desigualdades.
Para muchas personas migrantes, en especial aquellas provenientes de América Central con destino a México, este derecho se convierte en una promesa inalcanzable, restringida por múltiples obstáculos.
Uno de los principales obstáculos es el fenómeno de la inmovilidad forzada. Este fenómeno describe la situación de quienes, pese a la necesidad de migrar, se ven imposibilitados de elegir su destino final debido a restricciones legales, políticas, económicas y sociales.
En México, esta condición se manifiesta a través de la ausencia de vías legales para regularización, la precariedad económica y las detenciones arbitrarias, generando una división entre quienes pueden ejercer este derecho y quienes quedan atrapados en un limbo migratorio.
A su vez, el Estado impone un control riguroso sobre la movilidad de los migrantes, sometiéndolos al estigma del “falso turista”, lo que obstaculiza su permanencia regular.
Históricamente considerado un país de tránsito, México ha evolucionado hacia un espacio de “permanencia forzada”, donde las personas migrantes quedan inmovilizadas sin alternativas claras ni condiciones de vida dignas para su estancia.
Este problema ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido a los cambios en las políticas migratorias internacionales. De hecho, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el subsiguiente endurecimiento de las políticas migratorias en 2025 han transformado la posición de México en la región.
México ha dejado de ser un simple país de tránsito, un corredor migratorio, para convertirse en un muro de contención.
El reforzamiento de la seguridad en la frontera norte, sumado al aumento de controles en la frontera sur, ha restringido drásticamente las posibilidades de las personas migrantes.
Muchas de ellas, con la esperanza de reunirse con sus familias en Estados Unidos, quedan varadas en territorio mexicano sin redes de apoyo ni acceso a servicios esenciales.
La detención migratoria se ha convertido en una práctica sistemática, mientras que la falta de información y asistencia legal reduce las opciones de obtener protección internacional, agravando su situación.
En consecuencia, la inmovilidad forzada dentro del propio México se convierte en una nueva realidad, donde los mecanismos de regularización son escasos y muy costosos, dificultando la posibilidad de establecerse legalmente en el país.
Otro factor emergente que agrava la inmovilidad forzada es el cambio climático, el cual ha intensificado el desplazamiento por razones ambientales y exacerbado problemas estructurales como la falta de oportunidades económicas y la inseguridad.
No obstante, el derecho internacional aún no reconoce a los desplazados climáticos como refugiados, lo que los deja en un vacío legal sin protecciones ni mecanismos claros de regularización en México.
Como resultado, muchas personas quedan atrapadas en una situación de inmovilidad forzada, sin posibilidad de avanzar ni de regresar a sus lugares de origen, condenadas a una existencia precaria e incierta.
de políticas inclusivas
Ante la falta de políticas inclusivas, diversas organizaciones han debido adaptar sus estrategias para asistir a quienes quedan varados en México sin opciones de regularización ni redes de apoyo.
Muchas personas no encajan en las categorías migratorias tradicionales, lo que genera incertidumbre sobre su futuro. Organizaciones como Sin Fronteras no sólo se dedican a la defensa de los derechos humanos ante las instituciones, sino que también trabajan en la reconstrucción de proyectos de vida para las personas migrantes en México.
Esto implica proporcionar asesoramiento legal, apoyo psicosocial para mitigar los efectos emocionales de la incertidumbre y fomentar la inclusión económica.
Además, documenta las condiciones de detención de los migrantes y lleva a cabo litigios estratégicos para la protección de sus derechos.