La Fiscal que viene a hacer valer la ley
Sara Bruna, empoderada y legitimada

OBSERVATORIO
    Con el voto de confianza de las principales bancadas y la gran expectativa de que lleve a altos niveles de eficiencia el sistema de procuración de justicia de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada fue designada ayer como nueva Fiscal General del Estado como un final predecible pero también alentador por la trayectoria de la elegida. Y ahora sí, sin pérdida de tiempo, comienza para ella la exigencia de buenos resultados a contrarreloj del sentimiento de desamparo que la violencia ocasiona en los sinaloenses.

    Con el voto de confianza de las principales bancadas y la gran expectativa de que lleve a altos niveles de eficiencia el sistema de procuración de justicia de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada fue designada ayer como nueva Fiscal General del Estado como un final predecible pero también alentador por la trayectoria de la elegida. Y ahora sí, sin pérdida de tiempo, comienza para ella la exigencia de buenos resultados a contrarreloj del sentimiento de desamparo que la violencia ocasiona en los sinaloenses.

    La teoría de los dados cargados, sustentada más en la ventaja que le da la trayectoria como la mujer que como Jueza mantuvo firmeza en la postura de castigar la corrupción, pasa a último término cuando todos los sectores, los partidos y las instituciones están llamados a acuerparse en torno a la Fiscal para que Sinaloa obtenga seguridad pública a través del dominio del marco jurídico por encima de cualquier actividad o amenaza ilegítima.

    Con los 39 votos a favor de ella, y el posicionamiento de los partidos representados en el Poder Legislativo como aval a la paz y estado de leyes, acaba el debate de quién es el mejor o el peor para desempeñar el cargo, e inicia la nueva etapa de la ilusión colectiva por personas o familias que cuenten con garantías suficientes para realizar sus quehaceres lícitos. El añejo sueño de la tierra de los once ríos para vivirla, así, en toda la extensión de la palabra.

    Los 20 días que tomó el procedimiento, contados a partir de la publicación de la convocatoria el 21 de octubre, filtraron un poco las prioridades a enfrentar de inmediato por la FGE. Una es el centro de todo: justicia justa y expedita fundada en la certeza de que aquel que violente el estatuto legal recibirá la sanción que le corresponde, marcándole un hasta aquí al esquema perverso de tanto dinero tienes tanta ley puedes comprar.

    Pero, aunque Sara Bruna Quiñónez es la Fiscal y la normatividad en la materia le otorga la suficiente autonomía para instalar su propio modelo eficaz de investigación ministerial e integración de carpetas de investigación, imposible el fortalecimiento de ella y de la institución sin la importantísima voluntad del Gobernador Rubén Rocha Moya para que actúe contra todo modo de delincuencia, sea quien sea el infractor y al margen de tráfico de influencias. Ese es el requisito indispensable para que quien es reconocida socialmente como Jueza de Hierro, sea ahora la Fiscal que no negocia con la impunidad.

    Por lo pronto, los actos de fe expuestos en la sesión de ayer de la 64 Legislatura no dejan lugar a dudas de que el Congreso la acompañará. Todos los diputados que se posicionaron antes de elegirla como Fiscal coincidieron en basar el voto en el cálculo de quién podrá servirles mejor a los ciudadanos, la estatura moral y profesional para asumir una responsabilidad esencial para la pacificación de Sinaloa, y el perfil que restablezca la confianza de la población en la institución del Ministerio Público.

    El mejor planteamiento lo hizo el asambleísta del Movimiento Regeneración Nacional, Ambrocio Chávez Chávez, al enumerar los “por qué sí” de un Fiscal en la actual coyuntura donde “si algo se le debe al pueblo es justicia y confianza en quienes tendrán a su cargo esta área fundamental para la seguridad pública”. Apeló a llevar ante la ley a “lastres intocados en México y Sinaloa, sin ceder ni un ápice porque estamos obligados a corresponder al sentir de la gente y nunca más permitir que la justicia se dé en función del poder económico, político o de cualquier otro tipo”.

    Una vez que Quiñónez Estrada es Fiscal que valga la maniobra de pelillos a la mar. El incuestionable perfil y la íntegra hoja de servicios conllevan la obligación de estar a la altura de las circunstancias y los derroteros que se los está marcado la ciudadanía. La conjunción de múltiples dificultades en el tema delictivo reclama la intervención de todo el vigor gubernamental y cívico sin que tenga caso siquiera imaginar ahora un resultado desastroso. Creer en la ex Juez, confiar en ella, es la mínima aportación social que se requiere

    Y ¿qué sigue? Apostarle a que tenga éxito por la misma urgencia de Sinaloa en que rinda buenos frutos su desempeño. Es muy temprano para aventurar desenlaces, pero en 100 días llegará el momento de perfilar algunos escenarios y para entonces Sara Bruna deberá convencer por qué la incluyó el Consejo Estatal de Seguridad Pública en la quinteta, los motivos del Gobernador para considerarla en la terna, o los atributos que le encontró el Legislativo para legitimarla al encargarle realizar la gran tarea que le espera.

    Y en efecto, el éxito no podrá lograrlo sola ni con la participación dispersa del conjunto gubernativo y ciudadano porque, exactamente como lo resumió el Diputado Ambrocio Chávez, “si la sociedad no se involucra esto puede quedar en letra muerta, en un Fiscal más de tantos que ha habido”.

    Reverso

    Requerirá que los ciudadanos,

    Le brinden la solidaridad propicia,

    Para sostener con muchas manos,

    La pesada báscula de la justicia.

    Buena salud ya,
    sin trabas

    Es el sistema de salud pública una de las áreas de gobierno más complicadas en Sinaloa. Arrastra una estructura y entramado de intereses que son el semblante intratable de varias décadas de corrupción, opacidad e impunidad. Para rescatar la función vital que la Secretaría de Salud realiza para los sinaloenses se les debe dotar de atribuciones y apoyo plenos a los funcionarios designados a cargo de la institución. Una vez mandatados para realizar esa tarea, que los acompañe la eficacia y también el pacto social y la vigilancia ciudadana. Quizás esa sea la moraleja a obtener de los trabajadores del sector que se movilizan para lograr la estabilidad y certidumbre laboral que desde hace años se les han negado.