La encrucijada de la UAS

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    Rigoberto Barraza Valverde, un joven que habría hecho fortuna rápidamente vendiendo ropa y lonas a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) por 56 millones 800 mil pesos, es el enésimo proveedor que se ha hecho visible de una presunta red de corrupción que existe en el área de compras de la institución.

    Noroeste y la Revista Espejo antes dieron a conocer los nombres de otros proveedores que han hecho lo mismo al vender a la UAS diversos productos, algunos con sobreprecio, como son la familia Cuadras López, que habría vendido 123 millones de pesos en equipos de cómputo; la familia López Imperial que lo hizo por 118 millones de pesos en productos diversos; un yerno de Héctor Melesio Cuén Ojeda que habría vendido a la institución, en claro conflicto de interés, pintura por un monto de 95 millones de pesos, y en igual situación estaría Héctor Melesio Cuén Díaz, quien comercializó alimentos y bebidas por un millón 700 mil pesos, lo que sumado significaría alrededor de 394 millones de pesos de compras irregulares.

    Este escándalo mediático mayúsculo provocó que Cuén Díaz haya sido removido esta semana como director de Bienes e Inventarios de la máxima casa de estudios de los sinaloenses.

    Una exhibición de este tipo en cualquier institución universitaria llevaría a que las máximas autoridades tomen el toro por los cuernos y, en el marco de su autonomía, revisen la legalidad de estas compras y, si fuera el caso, proceder contra los responsables, porque no puede argumentarse que es un nuevo episodio de la persecución política que, sin duda, existe desde el Gobierno del Estado contra las autoridades universitarias y, desde antes de que Noroeste y Espejo hayan dado a conocer el resultado de sus investigaciones sobre el manejo turbio de las finanzas de la UAS.

    Y sí, podemos afirmar que estos hallazgos de presunta corrupción caen como anillo al dedo en una estrategia de captura de la UAS a través de la inconstitucional Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa y esto obliga, a separar los asuntos políticos de los administrativos, aunque, claro, siempre habrá quienes consideren oficiosamente que no se pueden separar uno de los otros.

    El tema político es lo que está detrás, el leit motiv de la embestida que sostiene el Gobierno del Estado con el grupo de poder universitario y que tiene como líder a Héctor Melesio Cuén Ojeda.

    Este inició en mayo de 2022 cuando tuvo que dejar el cargo de secretario de Salud ante una “cuestión de principios” para el Gobernador como era en aquel momento que uno de sus funcionarios de primer nivel tuviera una demanda contra una periodista.

    Y esto, que sin duda es muy relevante en un país, y un estado, donde se asesinan periodistas con un altísimo porcentaje de impunidad -ahí, tenemos los casos de Javier Valdez y Luis Enrique Ramírez que más allá de discursos políticamente correctos esperan una justicia plena- para muchos que estamos en la opinocracia significó el punto de partida de donde estamos parados con los presuntos casos de corrupción que se ventilan en los medios de comunicación.

    Luego vendría el proceso desmantelamiento del cuenismo en las instituciones de gobierno al punto que solo quedaron aquellos cuenistas que estuvieron dispuestos a renunciar al tutelaje de Cuén Ojeda y en los pocos casos que esto ocurrió, se les dieron posiciones menores, como la que se le asignó a la entonces titular de Turismo, que tuvo que abandonar el cargo, ¡ojo!, para que lo ocupara temporalmente el ya célebre Guillermo “El Químico” Benítez y luego, ir a una dependencia de segundo o tercer nivel en la administración pública estatal.

    Y así, irían por el relevo en las alcaldías de Culiacán y Mazatlán y el control de las alcaldesas pasistas de Cosalá, Rosario y Mocorito, como también la atracción de tres de los siete diputados locales que tenía el PAS en esta legislatura.

    Sin duda, detrás de estos movimientos estratégicos hay una concepción del poder que busca por todos los medios alcanzar el control político de las instituciones del estado para ponerlas al servicio del “proyecto de Nación” obradorista y la Universidad pública, no está fuera de este foco ideológico, cuando el Presidente López Obrador en distintos momentos, y de distintas formas, ha declarado que la corrupción está en todas las universidades y en manos de “conservadores corruptos” a los que hay que echar.

    Entonces, el caso de la UAS no está fuera de esta lógica de poder sino es parte de ello, es más si se confirman internamente los hallazgos de Noroeste y la Revista Espejo, sería el caso paradigmático de la corrupción en las instituciones públicas de educación superior y, quizá, por eso la urgencia de pasar de la descalificación a las denuncias penales contra Cuén Ojeda y su familia, más, aquellos, que juegan o habrían jugado interesadamente el papel de tontos útiles.

    Por eso, las autoridades de la UAS está en una encrucijada donde todos los días y la horas cuentan, han pasado semanas, de cuando se dio a conocer el primer caso de esta presunta red de corrupción y no han salido de la postura jurídica de que la “UAS rinde cuentas a la Auditoría Superior de la Federación” cuando, lo que exige el momento político, es instalar una comisión ad hoc del Consejo Universitario o un grupo de prestigiados universitarios, con la encomienda estricta de revisar el quehacer del área de compras y los hallazgos encontrados por la dupla Noroeste-Espejo y actuar en consecuencia, en los actos notoriamente corruptos, para de esa forma blindar éticamente a la institución.

    La salida de la administración universitaria de Cuén Díaz es un indicio de que algo se está moviendo en el primer círculo de poder y sería deseable, que esta buena decisión se amplíe hasta donde sea necesario y hacer si proceden las denuncias correspondientes ante las instancias competentes o de lo contrario, esta iniciativa la tiene y tendrá el gobierno a través de la Fiscalía estatal.

    Ese sería el mejor mensaje en este momento donde, como bien lo destaca Alejandro Sicairos en su columna del jueves pasado, los “uaseños con un pie en los juzgados”, ¿para negociar?, y eso significaría que con el agua sucia de los Barraza Velarde se iría el niño que todos queremos por ser nuestra alma mater.