Hace unos días el SAT, por boca de su directora Raquel Buenrostro, presentó un proyecto para integrar a las empresas y personas físicas en situación de informalidad, incluyendo a los que ya están registrados en el Régimen de incorporación Fiscal (RIF), con lo cual se busca también incrementar el padrón de contribuyentes registrados que actualmente son alrededor de 80 millones. Con el nuevo Régimen que se incluiría en la Miscelánea Fiscal 2022, se espera captar más de 20 por ciento de nuevos contribuyentes, es decir, más de 16 millones de empresas y personas físicas actualmente en la informalidad.
El proyecto no se ve mal, pues además de establecer cuotas bajas de impuestos que van del 1 al 2.5 por ciento sobre las “ganancias”, propone también una cierta simplificación administrativa, aunque un poco ingenua, pues explica que “ya no van a llenar muchos formatos... sólo tendrán que ver cuánto ganan y sobre sus ingresos... (aplicar) el porcentaje que va del 1 al 2.5 por ciento”. Se observa una confusión, no es lo mismo ingreso que ganancia; uno es el importe de las ventas y otro es la utilidad; el primero es fácil de obtener y fiscalizar, pero el segundo ya no es tan fácil calcular pues se habla de ventas menos gastos; aunque se aclara que no se pueden hacer deducciones.
Queda pendiente el factor del empleo informal que por su naturaleza se da principalmente en la economía informal, es decir, seguirían en la informalidad.
Aunque en alguna columna anterior ya se trató sobre los factores que causan la informalidad, es necesario replantearlos pues es un fenómeno social más complicado que simplemente no pagar impuestos. En diversas encuestas se mencionan los siguientes elementos:
- Son muchos y muy altos los impuestos.
- Son muchos los trámites para registrarse y pagar.
- Hay muchas prohibiciones de seguridad, de higiene, de ecología, etc.
- Es más barato correr el riesgo pagando “una mordida”
- Tenemos autoridades muy corruptas que se roban los impuestos.
- Son muchas leyes a las que hay que sujetarse.
- No hay confianza en las autoridades.
- Algunas veces ni los trabajadores quieren estar en el IMSS y el Infonavit.
- Es muy caro pagar el Seguro e Infonavit de los trabajadores.
- Es más fácil cerrar y desaparecer un negocio informal que uno registrado.
- En la informalidad casi no hay consecuencias legales.
Analizando el listado anterior se observan ya algunas posibles soluciones, pues como en todo fenómeno social no existe “una solución” sino varias, que incluyen simplificación administrativa, bajar impuestos y costo de los derechos de los trabajadores, mejorar la imagen y confianza en el gobierno y funcionarios públicos, mejorar los servicios públicos, lograr la colaboración de los trabajadores de los negocios informales para que exijan sus derechos, simplificar la legislación correspondiente, apoyar a estos negocios en la adquisición de su equipo de trabajo, etc.
Es necesario aclarar que la economía informal aporta actividad económica creando empresas, empleos y produciendo ingresos a dueños, proveedores, trabajadores, acreedores y clientes; si bien no paga impuestos ni otorga prestaciones a sus trabajadores y se presta a malos manejos pues no pide ni da facturas o estas son falsas, exige servicios públicos como recolección de basura, agua y drenaje, luz eléctrica, pavimentación, caminos, etc. Además, la economía informal propicia la corrupción de funcionarios que piden o les dan una “mordida” y a veces encubren actividades como contrabando y compra-venta de mercancía robada, el narcotráfico, la extorsión y otras actividades criminales, todas ellas muy lucrativas, por lo que están en contra de cualquier registro y control de las autoridades.
En cuanto al empleo informal, el que existan empleos no registrados impacta al Seguro Social, al Infonavit y a la integración de fondos de jubilación pues, como quedó demostrado con la pandemia, a los enfermos el Estado debe atenderlos en hospitales y clínicas estatales. Se agregan como causas para no registrarlos, las jornadas laborales de 8 horas máximo, las condiciones de seguridad e higiene, los límites de edad, las absurdas exigencias de los sindicatos, todo lo cual conduce a crear “mercados negros” de trabajo, de explotación de género y edad y de concesión de “favores gubernamentales” para poder trabajar.
Lo cierto es que para México, incorporar casi 50 por ciento de la economía a la formalidad, pudiera ser una buena solución a su desarrollo económico si tuviéramos gobernantes en los que la gente crea y confíe.
