En el complejo andamiaje de la democracia, existen pilares fundamentales que no deben ser vulnerados, incluso por el poder de las mayorías. Entre estos pilares se encuentran los derechos humanos y aquellos que aseguran la sostenibilidad de la democracia misma. Estos “derechos indisponibles” como los llama Luigi Ferrajoli, no pueden ni deben ser alterados o abolidos, sin importar el margen de votación que pueda tener una mayoría circunstancial.
Imaginemos un escenario de alta polarización política, donde una élite gobernante con un congreso a modo decide utilizar su poder para aprobar leyes que restringen la educación pública o el acceso a servicios de salud, permitiendo que solo un grupo de la población pueda disfrutar de estos derechos. Este tipo de decisiones no solo minan la equidad y justicia social, sino que también erosionan los fundamentos de una democracia saludable. Los derechos a la educación y a la salud, como tantos otros derechos humanos, deben ser protegidos contra los vaivenes de las mayorías políticas y las olas de ideologización que puedan surgir producto de las luchas electorales.
EL INE frente a la consolidación democrática
El Instituto Nacional Electoral (INE) pronto tendrá la oportunidad de refrendar su vocación de defensor de la democracia y de esos derechos indisponibles, de sus reglas pero también de sus principios, al abordar el tema de la sobrerrepresentación. Lo sabe bien su Consejo General: la democracia representativa se basa en el principio de que todos los ciudadanos deben tener una voz equitativa en la toma de decisiones. Sin embargo, cuando la representación se distorsiona y una fuerza política obtiene un poder desproporcionado, se corre el riesgo de desarticular el equilibrio democrático que garantiza la pluralidad y la inclusión. La representación proporcional no es un premio a las mayorías; es la garantía de representación de las minorías. Una asignación de curules conforme a los dispositivos constitucionales tutela el derecho humano de igualdad política; lo contrario, lo vulnera.
Muy probablemente, cuando en el INE se plantee resolver el tema de asignación de diputaciones de Representación Proporcional, se hará con base en un acuerdo INE/CG645/2023 votado en el Consejo General el pasado 7 de diciembre de 2023, mediante el cual principalmente se reguló, entre otros temas, el de la afiliación efectiva para evitar el salto de militantes de un partido a otro con el fin de burlar los límites a la sobrerrepresentación. Sin embargo, en ese acuerdo no se emitió ninguna norma para evitar la sobrerrepresentación por efecto de las coaliciones. Vale la pena cuestionar si con este acuerdo los partidos no pueden burlar los límites con militancias simuladas, ¿pero sí mediante las coaliciones?
También es probable que se diga que ese acuerdo es una regla previamente establecida a la asignación, lo cual es una verdad evidente. Sin embargo, algo también obvio es que la redacción del artículo 54 constitucional es también previa y de jerarquía superior. Además, cuando se asignen diputaciones por el principio de representación proporcional, el INE estará obligado, por efecto de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, a interpretar “todas las normas” - incluido el acuerdo INE/CG645/2023 - conforme a lo instituido en la Constitución General, privilegiando en todo momento el principio pro persona. Lo cual se traduce en que antes de favorecer a una fuerza política, deben tutelar el derecho de la ciudadanía a la igualdad política haciendo valer el principio de un ciudadano, un voto.
Es fundamental que las instituciones encargadas de velar por la democracia, como el INE, mantengan una postura firme en la defensa de estos derechos indisponibles. La sobrerrepresentación no solo amenaza la justa representación de la ciudadanía, sino que también pone en peligro la legitimidad del sistema democrático en su totalidad.
La educación cívica más básica nos enseña que la democracia no es simplemente el gobierno de la mayoría; es, más bien, el gobierno de la mayoría con respeto a los derechos fundamentales de todos. En este sentido, cualquier intento de utilizar las reglas democráticas para desarticular los principios esenciales sobre los cuales se sostiene debe ser considerado una traición a la esencia misma de la democracia.
A las y los ciudadanos nos toca estar siempre vigilantes ante los intentos de subvertir la democracia desde dentro, utilizando mecanismos democráticos para fines antidemocráticos, como se pretende hacer al utilizar una mayoría artificial para la reforma al Poder Judicial. Por cierto, hoy por hoy la fuerza mayoritaria no tiene una mayoría calificada en el Senado. Defender los derechos indisponibles y asegurar que la representación política sea equitativa y justa son tareas fundamentales para cualquier democracia que aspire a ser duradera y legítima.
En conclusión, las reglas de la democracia no pueden ni deben ser utilizadas para desarticularla. Los derechos humanos y los principios democráticos fundamentales deben permanecer inviolables, independientemente de las mayorías que temporalmente puedan prevalecer. La protección de estos derechos es esencial para garantizar una democracia robusta y resiliente ante los embates de la polarización y la amenaza siempre presente de la autocracia.
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@RobertHeycherMx
Animal Politico / @Pajaropolitico
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