Rafael Morgan Ríos
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Mucho se ha criticado la política de enfrentar y controlar a la delincuencia organizada en México, alimentada con recursos, armas y el poder del narcotráfico. Desde muchos años antes existían grupos de narcotraficantes que también asesinaban a sus rivales, pero no siempre se llevaba cuenta y razón de ello, máxime que estaban infiltradas las autoridades encargadas de perseguirlos. Se criticó que se provocaron las ejecuciones, a pesar de que la estrategia tenía otros objetivos que nunca se quisieron apreciar; la idea no era que el Ejército o la Policía Federal ejecutara a nadie, sino perseguir y aprehender a los jefes de los grupos, a los sicarios, secuestradores y extorsionadores; otro objetivo era detener el trasiego de dinero, armas y drogas y destruir plantíos de mariguana y amapola; sin embargo, la acción coordinada entre Ejército, Marina y Policía Federal, llegó tarde, pues el mal ya estaba muy al fondo de la estructura de la autoridad y también muy al fondo de la sociedad; la primera, con policías estatales, municipales y algunos federales comprados, amedrentados y sin ánimo de enfrentarse. La sociedad por su parte, adormecida con el movimiento económico que originaban los “dólares negros”, la misma sociedad proporciona “soldados” a los cárteles, los protege y se ha integrado al “auge económico”, al poder de facto y a corromper policías y autoridades civiles.
Una vez que llegó un gobernante preocupado por cumplir y hacer cumplir la ley, la delincuencia reaccionó con armas y con mayores intentos de corrupción, pero se lograron varios de los objetivos: se aprehendieron a varios jefes, murieron otros y varios se fueron a otros países, pero el negocio es tan “jugoso”, la sensación de poder de las armas y el control es tan grande, que los sustituyeron otros con menos fuerza y control, por lo que se enfrentaron entre sí.
Siempre se explicó que la mayoría de los muertos eran por los enfrentamientos entre los mismos grupos o cárteles y que los ocasionados por la autoridad, apenas llegaban a un 6 por ciento.
El gobierno del Presidente Peña Nieto cambió la política pretendiendo armar al pueblo para que defendiera a las comunidades, pero lo que se logró fue que los “guardias comunitarios” armados se convirtieron en un problema adicional y además, muchos narcos se disfrazaron de guardias comunitarios o bien los mismos guardias se convirtieron en parte de los grupos de delincuentes; sin embargo, en ningún momento se retiró al Ejército y la Marina de las calles, pero ya sin una política precisa y clara.
El régimen actual cambió también la política de combatir la inseguridad; pero ahora las autoridades tienen órdenes de no atacar ni disparar contra los delincuentes, aunque el Ejército y la Guardia Nacional siguen en las calles, aunque ahora actuando un poco contra la delincuencia organizada, un mucho en la detención y expulsión de migrantes y hasta en la construcción de obra pública y vigilancia de instalaciones públicas.
Ahora el narcotráfico campea a sus anchas ocasionando múltiples “daños colaterales”, tales como:
1. Incremento en asesinatos. 2019 ha sido el año con más asesinatos por la delincuencia, pero ahora incluyen a mujeres, niños y familias enteras.
2. Incremento en secuestros, extorsiones, asaltos, robos, “huachicol” y hasta hackeo.
3. Incremento en la drogadicción de los jóvenes en ciudades y poblaciones. Como ejemplo, en una pequeña población del municipio de Sinaloa, padres de familia “entregaron” a hospitales del Seguro Popular o a las autoridades a sus hijos completamente adictos a las drogas.
4. Niños armados por sus propios padres para defender sus hogares; niños armados en las escuelas y niños asesinos de maestros y compañeros.
5. Tráfico de dólares negros, sin control de las autoridades financieras y fiscales. Ejemplo: varias calles alrededor del “mercadito Buelna” en Culiacán, están inundadas de compradores y vendedores de dólares a la luz del día, dólares que indudablemente son producto del narcotráfico o de lavado de dinero; se mueven millones de dólares en una semana.
6. Poblaciones rurales abandonadas de donde han salido desplazados sus pobladores que incrementan los cinturones de miseria de las ciudades.
7. El cierre de muchos negocios lícitos, ante las extorsiones y la inseguridad.
Se debe reconocer que a la delincuencia hay que enfrentarla y, desde luego, acompañar con programas sociales que rescaten a los ciudadanos afectados y se recuperen los espacios perdidos. Así lo exige la ley, el orden social y el respeto a los ciudadanos.
