Al hablar de democracia es muy probable que a lo primero que nos remita sea a pensar en procesos electorales para la selección de gobernantes, representantes populares y legisladores. A partir de los 18 años podemos participar en el proceso democrático de elegir a quienes nos gobernarán y representarán. Pero la democracia va mucho más allá de solamente votar. Representa nuestro derecho a participar activamente en espacios públicos o privados donde se deliberan y deciden asuntos que nos benefician o afectan.
Aunque la pesca es uno de los sectores más relevantes para el país, es prácticamente imposible ejercer una democracia plena en el sector. Esto significa que, más allá de votar, quienes forman parte de esta actividad deberían contar con mecanismos efectivos para influir en las decisiones que les afectan.
En nuestro país, las personas que viven directamente del mar enfrentan la creciente crisis del sector, ya sea por el deterioro progresivo de un considerable número de especies marinas de importancia económica, la pesca ilegal que, de acuerdo con cifras oficiales, representa 40% del total de la captura a nivel nacional, y los fuertes e impredecibles efectos de la crisis climática, como tormentas tropicales más severas y altas temperaturas en el agua, llamadas “anomalías”, que inhiben el desarrollo óptimo de las especies pesqueras.
A esta ecuación se suma la reducida presencia de las autoridades en acciones de inspección y vigilancia del mar, el debilitamiento de la institución pública encargada de la investigación científica, las pocas competencias de los servidores públicos en turno, y la gestión deficiente de los recursos pesqueros, sin olvidar, claro, la notable reducción del presupuesto público para la pesca. En resumen, un Estado con poca capacidad para atender los retos de este sector.
Aunque la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables prevé espacios de participación pública, federal y estatal, como son el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura y los Consejos Estatales. En los 17 estados costeros hay actividad pesquera, pero solo nueve cuentan con consejos estatales de pesca formalmente establecidos. El establecimiento, conformación y operación de los Consejos depende de las autoridades, principalmente federales, lo cual, en muchas ocasiones, dificulta su operación, ya que no queda clara cuándo se sesiona o los temas a tratar.
Es fundamental que las y los pescadores cuenten con espacios públicos de deliberación donde puedan discutir los retos y oportunidades, y asegurar su participación tanto en la supervisión como en la ejecución de las acciones necesarias para solucionarlos retos que enfrentan. No se trata de asumir las obligaciones del Estado, sino de sumar esfuerzos de maneras diversas para sacar a la pesca del abandono. De este modo, tanto los pescadores ribereños como los de la flota mayor podrán participar, ya sea en la construcción de acuerdos y estrategias o en las actividades orientadas al manejo sostenible de las pesquerías.
Se avecina un nuevo tiempo en la vida pública, junto con cambios en el escenario político. El tiempo apremia para rescatar a la pesca, y, toro indica a que hay condiciones favorables para propiciar la colaboración entre quienes participan en el sector. Es imperativo que las autoridades reconozcan que hay mucho que aprender del conocimiento y experiencia de quienes viven de la pesca, y faciliten la búsqueda de soluciones a través de espacios de participación que se conviertan en verdaderos mecanismos de democracia deliberativa en el sector pesquero.
* El autor Esteban García-Peña Valenzuela es Coordinador de Investigación de Oceana en México. (@OceanaMexico).
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