Después de la tregua que la pandemia dispensó en el curso de las semanas y los meses más recientes, durante los cuales la ruta crítica de contagios y decesos registró una sostenida y alentadora tendencia a la baja, ahora el panorama vuelve a ensombrecerse con los nubarrones de la incertidumbre ante el repunte del Covid-19, armado por la nueva mutación bautizada como Ómicron.
Ante la intensidad de esa incertidumbre pierde efecto atenuante el precipitado optimismo de quienes proclaman que la cepa Ómicron no representa un motivo de preocupación, pues no existen evidencias en el sentido de que se trata de una mutación con un poder mucho más contaminante que el del Covid-19. Tal apreciación es compartida por las autoridades federales de Salud, y secundada por los titulares de otras dependencias de la Cuarta Transformación.
Es de esperar que en Sinaloa la respuesta de la Secretaría de Salud ante esa nueva amenaza sea la más congruente, para lo cual bastará con no olvidar la patética advertencia que late en la endémica presencia del Covid-19 cuya aparición en Culiacán, en marzo del 2020, distó de motivar la reacción preventiva que, de haberse ejercido con la oportunidad y la determinación correspondientes, pudo haber evitado el angustiante crecimiento que registró durante todo el año anterior y principio del actual.
Esta nueva realidad plantea un reto a la inteligencia y al sentido común de las autoridades tanto en el ámbito nacional, como en el estatal y en los municipios, pues al prevenir el inminente arribo de Ómicron, mientras más estrictas sean las medidas protocolarias de sanidad, mayor será el daño económico en perjuicio de los sectores empresarial comercial, industrial y de servicios, que ya estaban alcanzando el estado de recuperación fomentado por la cobertura del semáforo verde que actualmente abarcaba al territorio nacional.
En tales condiciones es hasta cierto punto explicable que en México el sector oficial se incline en prolongar el actual estado de cosas y rechace la idea de asumir cualquier decisión en el sentido de aplicar restricciones como las que ya están disponiendo en creciente número de países los gobiernos que contemplan a la salud pública como la prioridad de prioridades.
La intención minimizadora del peligro contaminante que late en la variedad Ómicron aflora en el discurso del doctor Hugo López Gatell, así en la actitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador al haber convocado a festinar la conclusión de la primera mitad trienal de su gobierno en la Plaza de la Constitución, acto que resultó en una congregación estimada oficialmente en 250 mil asistentes que, en abigarrada proximidad, hicieron caso omiso de la sana distancia y de toda medida protocolaria contra la pandemia. Así se cumplió el evidente propósito de promover una multitudinaria expresión de pleitesía a la figura presidencial.
Inserta en esta realidad, la incertidumbre lacera el ánimo de un gran sector de mexicanos al contemplar el espíritu preventivo que manifiestan las autoridades de otros países en varios continentes, incluyendo Canadá y Estados Unidos, donde se expone una actuante preocupación ante la amenaza de Ómicron, en congruente reacción a la que México, hasta ayer, permanecía omiso. Los resultados de esta actitud son por ahora una moneda al aire.
En el ámbito estatal era de advertir que la evidente decisión del Gobernador Rubén Rocha Moya en el sentido de apoyar la conclusión de la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira iba a detonar una polémica que se mantiene en pronóstico reservado, pues son muchos los intereses afectados por esa obra que los grupos indígenas y ambientalistas definen como un irreversible mega daño ecológico en perjuicio de la flora y fauna de una extensa superficie costera, además de que existen impedimentos jurídicos.
Y como también era de prever, la consulta ciudadana promovida por las autoridades gubernamentales, en torno a la consolidación del proyecto de esa planta, se tradujo en una mayoritaria respuesta a favor del “sí”. Fue como la crónica de una anunciada consulta.
