La chuparrosa que quiso ser ave fénix
Jorge Peraza, ¿una muerte anunciada?

Más allá de que sea el dueño de un restaurante simbólico en el esfuerzo del negocio de la gastronomía, el ataque criminal contra Jorge Peraza Bernal, propietario de “La Chuparrosa Enamorada”, es el aviso puntual y directo de que la amenaza de la violencia exige que la fuerza pública militarizada y civil diseñe también el plan efectivo para proteger a los ciudadanos pacíficos en general, sin distingos. Y que reclama que aparte de la labor de inteligencia enderezada contra la delincuencia organizada, prevalezca a la vez en el Gobierno la sensatez y voluntad que blinde la vida y los bienes de los sinaloenses.

Es posible que pertrechado en el amedrentamiento que emana del sangriento cisma en el Cártel de Sinaloa esté anidando un modo de delincuencia que va contra el patrimonio de aquellos cuyos negocios, sean grandes marcas o modestos changarros, se vuelven blanco de grupos o individuos adjuntos o escindidos del narco. Y que el miedo a denunciar acreciente tal operación delincuencial y la vulnerabilidad de potenciales víctimas que prefieren resistir en lugar de querellar.

Antes de entrar en materia, debe quedar clara la emergencia de abrirle cauces a las interrogantes que plantea el diálogo público conmocionado por lo que consideran que configura la crónica de una muerte anunciada. ¿Fueron realizados los peritajes de ley para determinar las causas del incendio del restaurante que ocurrió el 28 de octubre? ¿La Fiscalía otorgó los medios de protección a que tenía derecho Jorge Peraza? ¿Existieron otros delitos vinculados que afectaron a la víctima y su familia? ¿Hubo el intento de “cobro de piso” y el afectado no quiso denunciarlo por miedo?

En las respuestas podría hallar el Gobierno de Rubén Rocha Moya la posibilidad de identificar posibles desidias en la prevención y atención del atentado de la tarde del 4 de octubre y saber si éstas pudieron haber sido corregidas y evitar así la inmolación del hombre cuyo negocio combinó gastronomía y cultura aportándole además empleos a la actividad económica regional. Impensable siquiera que al acto de desmedida crueldad le corresponda el silencio que es como tiro de gracia asestado a la esperanza de paz.

Que no queden sin castigo las autorías material e intelectual de la muerte del empresario de “La Chuparrosa Enamorada” porque iría tal falla jurídica en contrasentido de la promoción del ejemplo como creador de buenas prácticas, virtud que la delegación en Sinaloa de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados le reconoció a Jorge Peraza el 30 de octubre. Tampoco quede en el aire la apuesta a la coexistencia en paz que hizo el homenajeado al expresar tras recibir la medalla al mérito: “¿qué edad tenía el ave fénix cuando resurgió de las cenizas? Nunca lo he averiguado, pero yo voy a intentar emularla aún a la edad que tengo”.

Y no pudo emerger desde las cenizas en que el fuego convirtió su patrimonio. De igual forma el Estado de derecho mostrará alas rotas en caso de cancelar las indagatorias eficientes y el castigo a los responsables del crimen, porque los empresarios y emprendedores traducirán la inacción oficial como impunidad que causa el mismo o mayor daño que el perpetrado por los que aprietan los gatillos.

Esta ni ninguna otra vida arrancada a la gente de bien tendría que recibir el corolario del habitual “no comment” que al ser expelido por fiscales, militares y policías delataría coparticipaciones en la batalla que se libra al interior del Cártel de Sinaloa, y agudizaría el sentimiento generalizado de desprotección. En el actual contexto bárbaro no aplican las cláusulas de silencio. Intolerable el top secret que sí podría sellar la indagatoria del móvil y culpables del ataque a Jorge Peraza, pero no lograría finiquitar su historia ligada al tesón cualiacanense.

El agravio al sector privado, específicamente a la industria restaurantera, es extensivo a todas las actividades productivas y contiene la posibilidad de que otros empresarios grandes, medianos o pequeños, estén siendo presa de células delictivas que acuden a la extorsión, secuestro, asaltos, robos y otros delitos patrimoniales, embozados en la atmósfera de violencia instalada desde hace casi dos meses, ambiente enrarecido y hostil para cualesquiera de los quehaceres humanos.

Esto va más allá de números telefónicos de emergencia, llamados a que la población denuncie, o bien la apuesta a que las personas o familias aprendan a cuidarse a sí mismas. Los protocolos de participación ciudadana en cuestión de seguridad pública a nada contribuyen mientras no exista la confianza en que identidad e información estén fuera del alcance de delatores o hackeos que ponen en riesgo a los denunciantes.

Se trata de vidas humanas que bajo ninguna circunstancia tienen por qué estar en el dilema en que las coloca el crimen organizado ni en la orfandad de Gobierno que inmovilizado o superado por el hampa se vuelve igual de víctima que los ciudadanos cuya aspiración y derecho es la paz permanente.

Enamorada del amado inerte,

Persiste igual de fiel la chuparrosa,

Y aunque hoy aletea temerosa,

No lo dejará solo ni en la muerte.

La Secretaría de la Defensa Nacional, Marina Armada y Guardia Nacional están en la posibilidad de darle forma a un canal confiable de denuncia en el cual el empresariado tenga la certeza de que la información será manejada en secrecía y de allí saldrán las investigaciones y operativos que eviten consecuencias como las que sufrió Jorge Peraza. De otra manera, si cada integrante de sectores productivos guarda silencio o procede a acceder a amenazas y extorsiones, el problema será enorme al inflarlo la levadura del amedrentamiento. En otro tiempo, cuando era la policía modelo de Sinaloa, la Unidad Especializada Antisecuestros cumplía esa función de protectora íntegra.

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