Justicia en vez de enredos, en el caso LER. Contradicciones entre lo federal y estatal

Algo muy serio está sucediendo cuando por tercera ocasión las autoridades de Sinaloa se han visto obligadas a aclarar lo que informan funcionarios federales respecto a las investigaciones del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, contradicción que escaló a su nivel más alto al mencionar ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador que los responsables de cometer el crimen ya están detenidos y el Gobernador Rubén Rocha Moya explicó que lo que hay en realidad es el operativo para aprehenderlos.

Este cruce de información en nada ayuda a esclarecer la muerte del director del portal “Fuentes Fidedignas” ni a mitigar el dolor de la familia que sufre la pérdida del hijo y el hermano, y del gremio periodístico o la sociedad en general intrigados e indignados porque al sacrificio del colega y del comunicador le continuó la inmolación de la fe en la justicia. Por cada error que se le agregue a la carpeta de investigación resulta robustecida la conjetura de la impunidad.

Hoy se rebasan los 40 días posteriores al homicidio que cayó como plomo nuevo, agravio redundado, encima del periodismo sinaloense, haciendo sangrar viejas heridas en materia del ejercicio de la libertad de expresión. Por desgracia, en ese itinerario de las argumentaciones contrapuestas son más los desaciertos, marcadamente en el ámbito federal, que la labor ministerial que en el contexto local aún no alcanza para poner a disposición de la justicia a los que ordenaron y cometieron el atentado contra Ramírez Ramos.

El 12 de mayo, el Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, prendió alguna llama de esperanza en que el crimen sea resuelto al declarar que estaban identificados los autores del asesinato. De inmediato, la Fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, procedió a desmentir dicha información enfatizando que “hasta el momento no se cuenta con datos de prueba para afirmar la responsabilidad penal de personas o persona alguna”.

El 7 de Junio, fecha en que se conmemoró el Día de la Libertad de Expresión, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, volvió a alentar en falso la expectativa de castigo a los que asesinaron al periodista pues dijo que éstos ya estaban en calidad de detenidos. En este caso fue el Gobernador Rubén Rocha el que desdijo a la funcionaria federal al manifestar que “ella seguramente se confundió; no hay detenidos”.

Ayer fue el propio Presidente López Obrador quien expresó que “se acaba de detener a dos personas” refriéndose al tema Luis Enrique Ramírez, lo cual se dio por hecho al provenir el dato del Mandatario federal. Y de inmediato Rocha Moya saltó al ruedo de las aclaraciones a corregir que “no hay dos detenidos, solo hay dos órdenes de aprehensión contra dos personas. Seguramente que la Secretaría de Seguridad nacional pasó ese dato inexacto”.

Sin mayor trámite, o mejor dicho sin nuevas confusiones estorbosas, las circunstancias en que le quitaron la vida a Luis Enrique Ramírez deben ser esclarecidas con tantas evidencias que no den lugar a dudas en la opinión pública ni permitan que los presuntos culpables hallen vericuetos jurídicos para escapar de la sentencia judicial. Prácticamente se trata de un caso ya resuelto porque la Fiscalía posee suficiente material probatorio para determinar el móvil, la forma en que lo privaron de la vida y quiénes son los que en la trágica confusión lo ultimaron sin saber siquiera que se trataba de un periodista.

Pero lo que no se vale es que con tan importantes avances en las indagatorias la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana haya incurrido en información inexistente con tal de hacerle creer a los mexicanos, ¿y también al Presidente?, que tenía ubicados a los probables homicidas de LER y quizá con dicha filtración ocasionó que éstos lo hayan interpretado como aviso para proceder a esconderse y quizás a abandonar Sinaloa. El error de manejar a la ligera un asunto tan sensible le pega más al gobierno de Rocha Moya que a la SSyPC nacional, por ello la preocupación en el tercer piso de Palacio de Gobierno para no sustentar con mentiras la carpeta de investigación.

Lo que falta por lograr no es menor. La detención de los probables victimarios es lo único que le cerrará la puerta a especulaciones, revictimizaciones y refutaciones que se originan por esa falta de coordinación declarativa que echa a perder las pesquisas y, ojalá, todavía sea a tiempo para atemperar los daños y sincronizar lo federal con lo estatal, no sólo en la comunicación social sino en el trabajo pericial y de aprehensión, que es lo esencial.

Acumular más descoordinaciones, contradicciones y afirmaciones al “ahí se va” a lo único que coadyuvaría es a remarcar la ruta de impunidad como desenlace terrible del caso Ramírez Ramos, destino que ha tenido el 90 por ciento de crímenes contra periodistas en México.

El Presidente no debe repetir,

Aquella comunicación enredosa,

Donde él diga determinada cosa,

Y otros aclaren qué quiso decir.

Ayer regresó a Culiacán Jesús Estrada Ferreiro y vino por la vacuna que lo proteja contra una posible orden de aprehensión derivada de los delitos que le imputa la Fiscalía General del Estado. El ex Alcalde, que el 10 de junio se fue a Estados Unidos por temor a ser detenido una vez que el Congreso del Estado le retiró el fuero constitucional, dice que no huyó, que se fue a buscar el suero anticoronavirus de Pfizer. Vuelve tranquilo, sonriente, dicharachero, sin ganas de pelear por su regreso a la Presidencia Municipal. Viene por la vacuna de impunidad.