En el quinto informe de gobierno del Presidente López Obrador me llamó la atención su comentario en el sentido de enviar al Congreso de la Unión una propuesta de reforma constitucional para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y no sé si todos los jueces y magistrados federales, lleguen al cargo ya no por designación, sino por votación popular.
La propuesta suena a revancha contra la SCJN y contra el Poder Judicial Federal (PJF) por decisiones de esos órganos de justicia que no le han gustado al Presidente.
La propuesta no es algo novedoso y ese sistema existe en algunas partes de Estados Unidos, en donde los jueces locales son designados mediante votación popular.
Como dicen, no hay que andar inventando el hilo negro y basta voltear a ver al país vecino para darnos cuenta de que elegir jueces mediante votación popular es mala idea.
Los jueces elegidos por votación popular obviamente tienen que hacer campañas y ahí se cuelan personajes que hacen cuantiosas aportaciones a la campaña a cambio de cobrar favores al juez, una vez elegido.
Los jueces en general tienen un importante papel en el estado de derecho y, en el caso de los jueces federales (incluyendo ministros, magistrados y jueces de distrito), tienen el importante papel de vigilar que no se viole la Constitución Federal y que todas las autoridades, incluyendo al Presidente de la República, respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Un juez, en el sentido amplio de la palabra, no debe perder imparcialidad sometiéndose a votaciones populares para ser elegido para el cargo.
Un juez sometido a votación popular dirá lo que tenga que decir y a quien lo tenga que decir, para ganar la elección, aunque realmente piense lo contrario o no esté de acuerdo con lo que dice.
El sistema no ha funcionado muy bien que digamos con nuestros amigos los gringos y tan es así que no todos los estados lo aplican.
Nuestros jueces deben llegar al cargo por méritos propios, deben ser conocedores de la ley que van a aplicar, pero, sobre todo, deben tener altos valores que garanticen que actuarán con honestidad e imparcialidad en el desempeño de sus cargos, independientemente de quienes sean las partes o quienes sean sus abogados.
Un juez que es elegido por votación popular llegará con muchas facturas que pagar y estará prácticamente secuestrado por los personajes y organizaciones que le metieron dinero a su campaña.
Uno de los más altos valores que deben respetar nuestros jueces, es la imparcialidad y es obvio que ese valor se verá afectado si se establece el sistema de elegirlos mediante votación popular.
Es altamente probable que la iniciativa del Presidente no pase en el Congreso de la Unión porque se requiere una mayoría calificada que actualmente no tiene.
Pero ese anuncio, sumado al recorte al presupuesto presentado por la SCJN, por lo menos causa inquietud en los jueces federales y en el gremio de los abogados.
La SCJN y el PJF en su mayoría tienen buenos integrantes y deben ser apoyados en la embestida que se avecina, esperemos que los abogados organizados proporcionen ese apoyo y salgan de su zona de confort.