Infancia asesinada: el grito
de una sociedad rota
Pocas tragedias resultan tan desgarradoras como el asesinato de niños en el contexto de la violencia criminal. Ya sea víctimas de enfrentamientos entre cárteles, secuestrados y encontrados sin vida, o ejecutados junto a sus familias en ataques armados, estos crímenes reflejan una brutal realidad: México ha normalizado la muerte de sus niños.
Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), de enero a noviembre de 2024 se registraron 721 homicidios con arma de fuego de menores de entre 0 y 17 años en México (81 niñas y 640 niños). Esto representó un incremento del 17.2 por ciento con respecto al mismo periodo en 2023, cuando se reportaron 615 casos. Estas cifras no son sólo números fríos, sino vidas truncadas y familias destrozadas, mientras la justicia permanece inmó́vil.
Casos recientes en Michoacán, Tabasco, Guerrero, Sinaloa y otras entidades evidencian la gravedad del problema.
Uno de los episodios más estremecedores ocurrió en enero de 2025, cuando los hermanos Alexander y Gael Sarmiento Ruiz, de 9 y 12 años, fueron asesinados junto con su padre en Culiacán, Sinaloa. Este crimen desató́ protestas masivas en la región, exigiendo justicia y la renuncia del Gobernador Rubén Rocha Moya.
Otro caso que sacudió́ a la opinión pú́blica fue el de Pablo Ríos Buenrostro, un joven michoacano de 15 años que tuvo que abandonar la escuela primaria para ayudar a su familia. El pasado 8 de febrero, Pablo murió́despedazado cuando una mina antipersona explotó́ mientras trabajaba en una parcela de limón. El artefacto, colocado por criminales que se disputan el control de la zona, le arrebató́ la vida de forma atroz.
En Guerrero, la violencia ha golpeado con la misma crudeza. César Mendoza Duarte, estudiante de secundaria en Iguala, desapareció́sin dejar rastro. En Chilapa, dos niños indígenas de 12 y 14 años fueron reportados como desaparecidos mientras se dirigían a recoger despensas en la comunidad de Ahuixtla.
¿Culpables o víctimas?
A pesar de la creciente indignación social, las respuestas oficiales resultan alarmantes.
En lugar de investigar y sancionar a los responsables, muchas veces las autoridades insinúan que los menores asesinados estaban vinculados al crimen organizado, como si eso justificara su muerte.
Este discurso no sólo revictimiza a los niños, sino que encubre la responsabilidad del Estado en su protección. Cuando el asesinato de un menor no sacude las estructuras de la justicia ni moviliza a quienes deben actuar, es evidente que hemos perdido todo sentido de humanidad.
México no puede seguir enterrando a sus niños sin respuestas.
El asesinato de niños y jóvenes no es un daño colateral. Es la muestra de un Estado que ha fallado en lo más básico: garantizar la vida y la seguridad de los más vulnerables.
No podemos permitir que la infancia en México crezca bajo el miedo y la impunidad. Es urgente exigir políticas de prevención, protección efectiva y, sobre todo, justicia. Porque ninguna sociedad puede llamarse justa cuando entierra a sus niños sin respuestas.
