Las presunciones, las inferencias, los prejuicios, las descalificaciones, las interpretaciones de las buenas o malas intenciones de otros, o las simples mentiras, no pueden ser insumos para una observación y análisis sereno de la realidad, de sus circunstancias y de las consecuencias de los hechos públicos.
“Las palabras son los embriones de las ideas, el germen del pensamiento, la estructura de las razones”, advierte el escritor español Alex Grijelmo, en su célebre obra La Seducción de las Palabras (editorial Taurus 2002).
Y justo ahí donde terminan las razones empiezan los insultos y las descalificaciones. Después de los insultos vienen las agresiones, primero las verbales y luego las físicas. Por eso, el razonamiento inteligente debe estar sustentado en hechos concretos, en evidencias que sean verificables, que enriquezcan el conocimiento de la realidad, para su análisis profundo, sereno y generoso.
El debate sobre la iniciativa presidencial en materia electoral y las motivaciones para algunas expresiones y marchas de protesta, se han sustentado, en la mayoría de los casos, en presunciones dolosas, sobre supuestos que nada tienen que ver con los términos de la propuesta enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La iniciativa presidencial pretende una reducción en el financiamiento a los partidos políticos, para que únicamente reciban dinero durante las campañas, en tiempos de procesos electorales.
En 2018 los partidos políticos recibieron un financiamiento de seis mil 788 millones de pesos; en 2021 los partidos políticos tuvieron siete mil 226 millones de pesos para sus gastos y en 2022 el subsidio a partidos llegará a cinco mil 988 millones de pesos.
A estos montos habría que agregar por lo menos otros cinco mil 200 millones de pesos que los gobiernos estatales le abonan a los partidos políticos como financiamiento local adicional, según cifras correspondientes a 2021.
La pregunta es muy simple: ¿Realmente los políticos y sus partidos políticos, por los bienes sociales que generan, justifican este despilfarro?
El Instituto Nacional Electoral tiene una estructura que incluye 32 comisiones estatales y 300 consejos distritales. Igual existe un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con cinco salas regionales en el país. Además, existen 32 tribunales electorales estatales y 32 organismos electorales estatales.
Del mismo modo, hay una Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales en el ámbito federal y 32 más vinculadas a las fiscalías o procuradurías estatales.
INE, Tribunal Electoral y Fiscalía en el ámbito federal, les costaron a los contribuyentes 29 mil millones de pesos en 2018; representaron un gasto de 31 mil millones de pesos en 2021 y sumaron recursos por 22 mil millones en 2022.
A esto habría que agregar que con base en datos de 2021, los gobiernos estatales aportaron, en conjunto, más de 13 mil millones de pesos para el sostenimiento de los 32 organismos electorales estatales del país.
La Reforma Electoral de López Obrador pretende que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas sustituya al INE y asuma la tarea de realizar también todos los procesos electorales estatales, en sustitución de los organismos electorales locales, que desaparecerían.
Lo mismo sucedería con los tribunales electorales locales, que desaparecerían, para que las salas regionales del Tribunal Electoral federal resolvieran los conflictos derivados de los comicios, como regularmente sucede en segunda instancia.
Prácticamente todas las instituciones electorales estatales y los tribunales electorales estatales están sometidos por los gobiernos de las entidades federativas, que son quienes los financian año con año.
El 3 de abril de 2023 deben dejar sus cargos cuatro de los once consejeros que actualmente integran el pleno del Instituto Nacional Electoral, entre ellos los polémicos Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del INE, y el consejero Ciro Murayama Rendón. También terminan su periodo José Roberto Ruiz Saldaña y Adriana Margarita Fabela Herrera.
Los nombramientos de estos consejeros electorales fueron producto de la perniciosa y corrupta práctica de la repartición de posiciones entre los partidos políticos, por cuates y cuotas. Y así lo demuestran las crónicas de aquellos días, de medios de comunicación que entonces evidenciaron las irregularidades de origen y que ahora defiende a ultranza a los consejeros producto de aquellas perversas prácticas.
“La Cámara de Diputados resolvió la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante un acuerdo político de reparto de cuotas. Las tres principales fuerzas, PRI, PAN y PRD, avalaron a Lorenzo Córdova en la presidencia del organismo para un periodo de nueve años, y se repartieron las otras 10 posiciones de forma proporcional”, publicó el periódico Reforma el 4 de abril de 2014. Ese mismo día, el periódico El Financiero señaló que Córdova Vianello había sido propuesto para consejero por el PRD.
Grupo Reforma describió el reparto de posiciones en el INE ese abril del 2014: Adriana Margarita Favela Herrera, electa para nueve años llegó respaldada por el PRI; José Roberto Ruiz Saldaña llegó para un periodo de nueve años apoyado por el PAN; Ciro Murayama Rendón, designado para nueve años, fue cuota política del PRD.
El Financiero también consideró a Favela Herrera como una cuota del PRI; a Ruiz Saldaña, egresado de la Universidad Veracruzana, lo etiquetó como una posición del PAN, y de Murayama Rendón señaló que fue impulsado por el interés del PRD, según nota publicada también el 4 de abril de 2014.
¿Quiénes eran los dirigentes de los partidos PAN, PRI y PRD, que se repartieron las posiciones en el Instituto Nacional Electoral?
Jesús Zambrano Grijalba, encabezó al PRD del 21 de marzo de 2011 al 5 de octubre de 2014. Zambrano Grijalva, impulsor de la alianza Va por México, junto con PAN y PRI, es nuevamente presidente nacional del PRD desde el 29 de agosto de 2022.
La presidenta nacional del PAN era Cecilia Romero Castillo, quien estuvo en el cargo del 2 de marzo de 2014 al 19 de mayo de 2014. Y encabezaba el PRI alguien de la absoluta confianza del presidente Enrique Peña Nieto: su paisano César Octavio Camacho Quiroz, quien estuvo al frente del tricolor del 11 de diciembre de 2012 al 20 de agosto de 2015. Camacho Quiroz, del mismo grupo político que Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México del 2 de julio de 1995 al 15 de septiembre de 1999.
La iniciativa presidencial propone que el número de consejeros electorales se reduzca de 11 a siete y que todos sean electos por voto popular, para un periodo de seis años. Los contendientes para estos cargos serían propuestos de manera paritaria por los tres poderes de la Unión: 20 candidatos propuestos por el Poder Legislativo (10 por la Cámara de Diputados y 10 por la de Senadores); 20 más por el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y 20 más por el Poder Judicial.
En el caso de los siete aspirantes a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, los candidatos para un periodo de seis años serían propuestos: cinco por la Cámara de Diputados y cinco por la de Senadores; 10 más propondría el Poder Judicial y otros diez postularía el Presidente de la República.
La iniciativa presidencial pretende la reducción de 500 a 300 diputados federales y de 128 senadores a sólo 96, además de la reducción de los diputados locales en todas las entidades federativas.
Diputados federales y estatales serían propuestos y votados en listas por cada entidad del país y la repartición de cargos sería en proporción al porcentaje de votos que obtuviera cada partido político.
Reducir el oneroso aparato electoral del país, disminuir el dispendioso financiamiento a los partidos políticos en los ámbitos federal y estatal, desparasitar las cámaras de diputados y senadores, así como sustraer del control de los partidos políticos el reparto faccioso de consejeros electorales y de magistrados electorales, son algunos de los propósitos de la reforma propuesta por López Obrador.
