Impunidad en crímenes contra periodistas

El mismo día en que en México se celebra a los muertos, en el ámbito internacional se conmemora el Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. En ese contexto, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, condenó el reciente asesinato de dos periodistas en México.

Cuatro días antes del día de los muertos, el 28 de octubre de 2021, fueron asesinados, Fredy López Arévalo, periodista en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y Alfredo Cardoso, periodista en Acapulco, Guerrero.

En su exigencia pública, la directora general de la Unesco dijo: “pido a las autoridades mexicanas investiguen estos crímenes, y lleven a sus autores ante la justicia. Hoy, Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, me corresponde subrayar que dejar impunes estos crímenes envalentona a quienes recurren a la violencia para silenciar a los periodistas. La violencia y la impunidad forman un círculo vicioso que debe romperse para garantizar el derecho humano básico a la libertad de expresión”.

Los dos periodistas asesinados el 28 de octubre en México fueron ultimados a balazos. En el caso de Fredy López, frente a su esposa e hijos, quienes regresaban junto con él a la seguridad de su hogar; Alfredo Cardoso fue sacado de su casa, privado de su libertad y balaceado, alcanzó a sobrevivir un par de días, pero las graves heridas de bala, finalmente le arrebataron la vida.

Efectivamente, México es uno de los países donde los periodistas corren mayor riesgo por ejercer su profesión y la libre expresión. Aun cuando las cifras varían entre un organismo y otro, instituciones como Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas o Artículo 19, todos coinciden en que en los últimos 20 años, más de 100 periodistas han sido asesinados en México por el ejercicio de su profesión.

Reporteros Sin Fronteras destacó este 2 de noviembre que, a raíz de una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, el Gobierno mexicano creó en 2010 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, y que en aquella época, de 92 homicidios de periodistas registrados hasta el 2010, la FEADLE “reconoció su competencia en solo 27”. Uno de esos casos fue el del editor de ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco, asesinado en junio de 2004.

Hace unos días, la Alianza de Medios Mx realizó una investigación sobre el expediente del asesinato de Ortiz Franco, que develó que su caso fue “enterrado” por la Fiscalía General de la República. Olvidado. Abandonado. De hecho, en una solicitud de transparencia hacia la FGR, ésta respondió que la carpeta del homicidio del editor de ZETA no estaba más en el fuero de la Fiscalía General de la República, que el mismo había sido devuelto a la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Pero eso no es verdad. En la Fiscalía bajacaliforniana no encontraron el expediente al ser requerida información del mismo y el estado de guarda por parte del semanario. Una llamada de quien esto escribe al área de comunicación social de la FGR, confirmaría que el expediente, y por lo tanto la investigación del homicidio de Pancho, se encuentra en la FEADLE, pero que, efectivamente, está en el olvido.

Ciertamente la reflexión de la directora general de la Unesco, que refiere que “dejar impunes estos crímenes envalentona a quienes recurren a la violencia para silenciar a los periodistas”, es una terrible realidad en México. El mensaje es claro: en este país puedes asesinar a un periodista, y no terminarás en prisión.

Otro escenario en que coinciden las organizaciones de protección y defensa de la libre expresión y de los periodistas es que el nivel de impunidad en los casos de asesinatos de periodistas en México es del 98 por ciento. En algunos y muy pocos casos, a lo más que llegan los investigadores es a la investigación y procesamiento de los autores materiales de los crímenes contra periodistas, mientras los autores intelectuales gozan de impunidad. Es el caso de otro miembro del equipo editorial del semanario ZETA.

Héctor Félix Miranda, codirector fundador, fue asesinado en abril de 1988. Un par de años después, dos de sus asesinos materiales fueron aprehendidos, procesados y posteriormente sentenciados a cumplir condenas de 25 y 27 años, por el asesinato del periodista. Los dos hombres trabajaban en el equipo de seguridad de Jorge Hank Rhon. Uno era su jefe de escoltas. Los vehículos que utilizaron para emboscar al periodista, así como las armas, fueron localizadas en el hipódromo Aguacaliente, el mismo que el Gobierno federal ha dado en concesión a Hank, sospechoso no solo de ser el autor intelectual del crimen contra Félix Miranda, pero nunca investigado, sino también de ser persona de interés en la comisión de otros asesinatos, y que en 2011 fue aprehendido por el Ejército Mexicano por acopio de armas.

Hace unos días, el domingo 31 de octubre de 2021, Jorge Hank Rhon acudió a la toma de posesión de la Gobernadora de Baja California, la morenista, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y más tarde se distribuyeron imágenes de una celebración privada de la Gobernadora, donde aparecía en una abrazo con el sospechoso del asesinato del periodista.

En efecto, los gobiernos de Morena no han garantizado ni la seguridad de los periodistas, mucho menos la justicia en los casos de asesinato. Durante el tiempo recorrido del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados -de acuerdo con cifras del propio Gobierno- 49 periodistas. En ningún caso hay justicia, permanecen en la impunidad.

Como dirigente de partido, activista social y candidato a la Presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador fue empático de los medios de comunicación independientes y de los periodistas de investigación, que le dieron a su causa elementos para señalar la corrupción en gobiernos del PRI o del PAN. Fue generoso López Obrador con medios independientes, que, a diferencia de las corporaciones, le daban espacio para su voz e ideología, porque no eran parte de “la mafia en el poder”.

Pero aquella generosidad con la causa de la libre expresión y el periodismo de investigación, por parte del Presidente López Obrador, ya no se tiene. No ha llevado seguridad a los comunicadores, no ha exigido la solución de los crímenes contra periodistas, y no demanda la aprehensión de los asesinos. En contraparte, un clima de impunidad, de injusticia y de ausencia de un real estado de derecho en estos momentos en México, vulnera más a los periodistas, como lo hace con toda la sociedad.

A menos de tres años de gobierno, López Obrador va encaminado a ser el titular de la Presidencia en la cual más periodistas fueron asesinados. Han sido, desde el 2018, meses fatales para la libre expresión, y hasta el momento no ha habido una posición determinante por parte del Presidente, no solo para que se investigue y se lleve a prisión a los asesinados de periodistas, a los autores materiales y a los intelectuales también, sino también para garantizar, ejerciendo el Estado de Derecho, condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo.

Aún hay tiempo, al Presidente le queda la segunda mitad de su sexenio para apretar el paso y garantizar la libertad de expresión, y el castigo para los asesinos de periodistas. Ojalá.