Hace apenas 34 años, el 17 de mayo de 1990, se marcó un hito al retirar la homosexualidad del listado de diagnósticos de la clasificación internacional de enfermedades y problemas de salud. Desde 2004, esta conmemoración se ha convertido en el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia en al menos 130 países, pues aunque la desclasificación representó un avance significativo, lo cierto es que la violencia y otras formas de exclusión, estigma y marginación tienen mucha vigencia aún hoy en todas las regiones del mundo. México no es la excepción.
Este tipo de discriminación se manifiesta de diversas formas e incluso se asoma en las designaciones y los perfiles que asumen altas responsabilidades públicas, de ello hemos llamado la atención en tiempos recientes. Un ejemplo -de pena- ocurrió durante el proceso de designación de nada más y nada menos que para una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 2019. En aquella ocasión, dos de las tres integrantes propuestas en la terna causaron revuelo y preocupación por evidenciar posturas timoratas y contrarias a los derechos humanos al ser cuestionadas en relación con la adopción homoparental en las comparecencias ante el Senado de la República.
En lugar de rechazar la terna, tras dos rondas de votación (con cédula secreta), Yasmín Esquivel Mossa fue designada como ministra. Celia Maya, quien también formó parte de esa controversial terna y expresó opiniones similares, si bien no fue designada en esa ocasión, recientemente fue nombrada integrante del Consejo de la Judicatura Federal, también por el Senado y con 70 votos.
Estas designaciones siguieron adelante a pesar de las evidencias de prejuicios y de posturas contrarias a los derechos de las personas de la diversidad sexual y de las infancias. Por lo que es alarmante que ocurrieran para responsabilidades donde la más amplia protección de los derechos humanos debería ser la principal vocación y una cualidad a garantizarse en estos perfiles.
La persistente discriminación estructural sigue siendo un obstáculo significativo para el ejercicio pleno de los derechos de las personas LGBT+, imponiendo barreras que dificultan su acceso a altas responsabilidades públicas, asunto que toma mayor relevancia al recordar que la mayoría de los organismos autónomos considera una estructura colegiada que necesita de representaciones diversas y equitativas, lo cual rara vez ocurre en la práctica.
Es importante reconocer que los requisitos de acceso en los diferentes procesos de designación no son neutrales, se sitúan en una realidad y sistema completamente desigual, donde la pertenencia a ciertas colectividades o identidades implica enfrentarse a mayores obstáculos en el acceso a la educación, oportunidades laborales, adquisición de experiencias profesionales o simplemente a vivir una vida libre de violencia. Esta realidad limita el poder participar en igualdad de oportunidades.
Para abordar estos desafíos, es fundamental revisar los requisitos de acceso y adoptar criterios que reconozcan y hagan frente a las desigualdades estructurales. De esta manera, promoveremos una representación genuina y una composición más diversa en todas las esferas del gobierno, asegurando que todas las voces sean escuchadas y consideradas en la construcción de una realidad más justa y equitativa para todas, todos y todes.
#SinCuotasNiCuates
* El autor Jorge Luis Aguilar es responsable de comunicación del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones). El Observatorio es un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles, como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones y la garantía de los derechos humanos de las personas.
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