"¿Hasta cuándo?"

david@bufetealvarez.com

Para no perder la costumbre, nos enteramos en los medios de comunicación de la nueva ilegalidad de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Mazatlán (DPDUS) y del Director de Protección Civil (PC).
Ahora se les ocurrió permitir que socaven parte del Cerro del Vigía, para construir en sus faldas un edificio de departamentos.
Y para variar, desde el lado empresarial, el protagonista es una de las desarrolladoras inmobiliarias que más han sido cuestionadas por los vecinos de las distintas colonias y fraccionamientos de la ciudad en donde han llevado a cabo la construcción de este tipo de edificios.
Hay que dejar claro que, conforme al refrán de que, “no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre”, la construcción indiscriminada de edificios de departamentos que no reúnen los requisitos legales, como el número mínimo de cajones de estacionamiento, no es culpa exclusivamente de los desarrolladores inmobiliarios.
La culpa es, sobre todo, de la DPDUS, que expide las licencias y permisos correspondientes a pesar de que se viole la ley, y que no supervisa, a través de los Directores Responsables de Obra (DRO), que lo que se construya físicamente, respete los propios permisos y licencias otorgados.
En pocas palabras, la construcción de desarrollos inmobiliarios ilegales es culpa tanto de los desarrolladores inmobiliarios que, a sabiendas de que lo que pretenden construir va en contra de la ley (hay algunos que afortunadamente sí cumplen la ley), como es culpa de la DPDUS, que expide los permisos respectivos y no supervisa que se cumplan las condiciones fijadas en ellos.
Pero también es culpa de los directores responsables de obra (DRO), que solo se dedican a firmar y cobrar, sin cumplir las responsabilidades que les fijan las normas legales correspondientes.
Se supone que los DRO deben ser independientes de los desarrolladores inmobiliarios y notificar a la DPDUS de cualquier irregularidad que detecten en la construcción física, para reportarla a la DPDUS a fin de que esta aplique las sanciones respectivas, pero como es público y notorio, pocos DRO cumplen con su deber y se hacen de la vista gorda.
Y regresando al asunto del Cerro del Vigía, no solo es ilegal desde el punto de vista administrativo y de desarrollo urbano, permitir que se socave una de sus faldas para construir unos departamentos, sino que es hasta criminal, por la sencilla razón de que pone en riesgo la vida de los vecinos que habitan las casas que se encuentran construidas en la cima del cerro, exactamente arriba de donde se llevan a cabo las excavaciones.
La DPDUS y PC no tuvieron el menor cuidado en solicitar las opiniones de los expertos y peritos necesarias para saber si los trabajos que se llevan a cabo en la falda del Cerro del Vigía, donde es un hecho notorio que hay deslaves y derrumbes, ponen en peligro la estabilidad de las viviendas construidas en su cima y, por ende, ponen en riesgo la vida de los vecinos.
Tratándose de vidas humanas ninguna precaución es exagerada y menos si ya hay antecedentes de tragedias similares.
Recordemos lo que pasó hace unos años en la ciudad de Monterrey, en donde varias viviendas se vinieron abajo y hubo pérdidas de vidas humanas, precisamente porque un desarrollador inmobiliario socavó la base de la ladera en cuya cima se encontraban las viviendas.
La derrama económica que trae consigo la industria de los desarrollos inmobiliarios es bienvenida y no se puede negar ni restringir injustificadamente.
Pero la sola generación de riqueza por esa actividad no puede ser pretexto para que se construya sin ton ni son y se violen las leyes que regulan el desarrollo urbano ordenado.
Y menos es pretexto para poner en riesgo la vida de los vecinos que se ven afectados con los desarrollos inmobiliarios. Pero esto al parecer no lo entienden, no lo quieren entender o de plano les vale un cacahuate a las autoridades que se supone deben regular y supervisar esta actividad.
A la DPDUS, a PC, y a los actuales “dueños” del Palacio municipal solo les interesa llenarse el bolsillo de dinero mal habido, cobrando sus buenos moches por expedir permisos ilegales.
No solo es momento de que los ciudadanos afectados levanten la voz y luchen en tribunales, sin limitarse a quejarse como lo han hecho algunos vecinos que de pronto andan muy activos y de repente, sospechosamente pierden el interés y permiten cómodamente que se construyan más y más departamentos en sus colonias y fraccionamientos.
También es momento de que, los desarrolladores inmobiliarios que si actúan con responsabilidad social, inicien las acciones correspondientes para expulsar de su industria a todos aquellos que les están dando mala fama.
Conozco desarrolladores inmobiliarios que han expresado su malestar porque sus “colegas” andan construyendo irregularmente y ojalá que empiecen a organizarse y a apoyar el cumplimiento total al Reglamento de Construcción y al Plan Director de Desarrollo Urbano.
¿Hasta cuándo seguirán permitiendo la DPDUS y PC que se viole la ley? ¿Necesitan una tragedia como la de Monterrey y que los metan al bote? Para empezar, y si aún tienen un mínimo de decencia y vergüenza, el director de la DPDUS y el director de PC, deberían suspender de inmediato los trabajos y revisar la validez legal de los permisos expedidos. Si no lo hacen porque no quieren regresar el moche, entonces aténganse a las consecuencias.