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La agenda política de este año estará marcada por las elecciones 2021. Este año solamente habrá elecciones municipales en Hidalgo y de diputados locales en Coahuila, pero el proceso electoral 2021 -el más grande de la historia por la extensión del padrón y el número de cargos en juego- comienza el próximo mes de octubre para prolongarse durante los siguientes siete meses.
Parecen todavía muy lejanas, pero ya hoy son muchos los acontecimientos que las empiezan a definir.
De aquí a junio se deberán resolver al menos cuatro asuntos cruciales. El más importante será la selección de los cuatro consejeros del INE. El Comité Técnico de Evaluación que determinará la elegibilidad y universo de selección de los aspirantes a ocupar esos cuatro puestos, ya tomó protesta. Ha sido, en términos generales, bien recibido salvo por uno de ellos que, aunque cuenta con todas las credenciales académicas y profesionales para desempeñar el cargo, pertenece al Consejo del Instituto de Formación Política del hoy partido en el gobierno. Un Instituto creado a propuesta del propio López Obrador en el Quinto Congreso Extraordinario de Morena (agosto 2018) con el fin de “profundizar la revolución de las conciencias, reconstruir el tejido social, formar cuadros, reforzar al partido, impulsar el debate interno y elevar el nivel de formación política de miles de militantes y simpatizantes”. Se objeta también que es el esposo de la Secretaria de la Función Pública.
Importa también si de aquí al 30 de junio -fecha fatal para modificar las normas que regirán el proceso electoral del 2021- se aprueba alguna reforma electoral. Hay literalmente, decenas de ellas en puerta que van desde la modificación de la composición del Poder Legislativo en número y proporcionalidad, pasando por la desaparición de los institutos locales, el tope de sobrerrepresentación, las reglas para las coaliciones, la disminución del dinero a los partidos y campañas o la rotación de la presidencia del INE. Cada una afecta diferencialmente a los partidos que competirán en las elecciones, pero sólo Morena tiene la llave para su aprobación.
Un tercer elemento es el de la ya largamente pospuesta resolución sobre la llamada Ley Bonilla que amplió el mandato del Gobernador de Baja California de dos a cinco años ¡después de haberse realizado las elecciones! A cuatro meses de la opinión técnica del Tribunal Electoral de que dicha ley era inconstitucional, la Suprema Corte aún no resuelve los seis los recursos de inconstitucionalidad interpuestos.
Otro elemento rumbo a las elecciones intermedias es el de los nuevos partidos. La decisión puede esperar hasta junio, pero todo indica que el espectro partidario se ampliará de nueve contendientes que hubo en 2018 a cuando menos 12 en 2021. Dos cercanos o potenciales aliados a Morena y uno que promete dividir el voto panista (Mexico Libre).
A todo esto se añaden los pleitos y procesos de renovación interna de los liderazgos de los partidos existentes, el registro de las coaliciones y las crisis que surgirán por la selección de candidatos, la puesta en marcha de la reelección de diputados -aún sin una reglamentación clara- y el papel de los órganos administrativos y jurisdiccionales en la resolución de conflictos.
En este último ámbito ya se perfilan decisiones difíciles. La semana pasada se dio a conocer que 24 superdelegados interpusieron un recurso de revisión en contra de la resolución de la Sala regional del Tribunal Electoral en la que se les sanciona por violaciones al artículo 134 constitucional que impide la propaganda política con recursos públicos. Los superdelegados y otros funcionarios de la Secretaría del Bienestar alegan su derecho a ejercer libremente la distribución de los recursos y la promoción de logros gubernamentales, principalmente en el contexto de los próximos procesos electorales. De prosperar este recurso, al menos tácitamente, estarían autorizados para hacer proselitismo electoral sin ser sancionados.
Cada uno de estos asuntos se convertirá en una lucha campal porque el partido en el poder se juega la conservación de su mayoría en San Lázaro y su presencia en las entidades federativas, la Oposición se juega la posibilidad de recuperarse como contrapeso e influir en la reorientación del presupuesto y las políticas públicas cuando no, su supervivencia en unos casos y, los nuevos partidos, su futuro. Ojalá y los partidos, el gobierno y las instancias involucradas entiendan que se juega algo mucho más que la distribución del poder: el avance democrático del País o, al menos, la permanencia de lo que se ha construido.
