Hace unos días fue confirmado que en la agenda legislativa que impulsará el nuevo Gobierno Federal a partir del 1 de octubre será incluida la reforma constitucional con la que se pretende adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De aprobarse en sus términos la propuesta presentada por el actual Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024, estaremos sin duda ante una modificación regresiva que profundizará el poder militar, pues su contenido no se limita a la seguridad sino que tiene un alcance mayor.
Vale la pena hacer un recuento sobre el proceso que ha seguido la Guardia Nacional. Su creación se anunció en 2018, con el inicio del sexenio. En el Congreso de la Unión, el consenso que permitió su nacimiento se basó en un diseño que garantizaría constitucionalmente su carácter civil, su alineamiento a una doctrina civil, y la preservación de un mando civil. El apoyo militar a esta corporación ocurriría, se dijo entonces, únicamente de forma temporal mientras que se fortalecía y avanzaba su implantación territorial. Esas características permitieron que se llegara a un acuerdo político inédito que prácticamente alcanzó unanimidad en 2019.
Sin embargo, muy pronto la Guardia Nacional empezó a impregnarse de una identidad netamente militar: los niveles de mando fueron todos conferidos a castrenses y su funcionamiento mostró esta impronta también. La rendición de cuentas no existió y la opacidad fue la misma que ha caracterizado al Ejército. Así lo documentamos desde el Centro Prodh ya en 2021, al publicar nuestro Informe “Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense”.
Poco después de la elección de mitad de sexenio, se hizo pública la intención de la actual administración de hacer una reforma legal para llevar a la norma lo que ya ocurría en los hechos y entregar la Guardia Nacional a Sedena, eludiendo el consenso de 2019. Esta reforma se materializó en 2022 cuando fueron aprobadas reformas a la Ley de la Guardia Nacional y a otras disposiciones. En ese momento no se modificó la Constitución, puesto que el partido en el poder y sus aliados carecían de la mayoría calificada necesaria para ello.
Dado que esta reforma contravenía claramente la Constitución, la minoría parlamentaria interpuso acción de inconstitucionalidad -ante la omisión obsecuente de otras instancias que podían hacerlo, como CNDH-, misma que se resolvió en abril de 2023 a partir de un contundente proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que reivindicó el carácter civil de la Guardia Nacional por razones constitucionales, convencionales, históricas y de proceso legislativo.
En respuesta, sin embargo, el Ejecutivo Federal anunció que llevaría el tema a las urnas, anticipando que su partido buscaría la mayoría calificada necesaria para reformas la Constitución y entregar la Guardia Nacional a la Sedena. Adicionalmente, el 5 de febrero de 2024, dentro del paquete de reformas conocido como “Plan C”, se incluyó una propuesta que ya no sólo plantea adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, sino que incluye la modificación de al menos 12 artículos constitucionales y la aprobación de 8 transitorios. Esa es la propuesta que, al parecer, se retomará a partir del 1 de octubre en la discusión legislativa que viene.
Los riesgos de adscribir la Guardia Nacional a la Sedena son patentes y han sido señalados por múltiples voces. Convertir a la Guardia Nacional en una más de las fuerzas armadas adscribiéndola a la Sedena, supone renunciar definitiva y perpetuamente a la posibilidad de que México cuente con una corporación policial civil de seguridad pública de alcance nacional. Además, como se ha documentado, convertir de pleno derecho la Guardia Nacional en una corporación castrense aumentará los riesgos de violaciones a los derechos humanos impunes, no será por sí misma una política pública efectiva para reducir la violencia, y seguirá alterando los delicados balances cívico-militares en favor de los castrenses. Este 30 de junio cumplió diez años impune la masacre de Tlatlaya, que precisamente nos habla de lo que pasa cuando no hay controles sobre la milicia.
Pero más allá de eso, importa señalar los riesgos de que se apruebe en sus términos la propuesta del 5 de febrero, porque ésta no se limita al ámbito de la seguridad. Para muestra, basta con señalar tres contenidos:
Primero, esta propuesta busca modificar el artículo 13 para que el fuero militar conozca de aquellos delitos que cometan los elementos de la Guardia Nacional que se estime atentan contra la disciplina militar, ampliando un esquema que ya la Corte Interamericana ha determinado como insuficiente.
Segundo, propone modificar el artículo 21 para que la Guardia Nacional pueda investigar delitos federales, lo que implicara que sea en los hechos el Ejército quien quede a cargo de esta importante función.
Tercero, busca cambiar el artículo 129 -cuya redacción permanece intocada en lo esencial desde que se aprobó el artículo 122 de la Constitución de 1857- para que las Fuerzas Armadas puedan realizar cualquier tarea que por ley se les encomiende y no únicamente aquellas que se relacionen con la disciplina militar, como hoy dispone esta norma.
Cada una de estas reformas merecería un análisis extenso, pero al no ser posible aquí por razones de espacio, su enumeración permite, al menos, vislumbrar que lo que está en juego con esta propuesta es más que la mera adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena.
Hace tiempo que la discusión sobre cómo nombrar el crecimiento del poder militar en México dejó de ser lo central. Lo esencial es alertar sobre los riesgos que genera esta tendencia iniciada hace varios lustros y profundizada como nunca en el sexenio que ya termina y exigir que se diseñen contrapesos y controles civiles externos a las Fuerzas Armadas, más que los “cheques en blanco” que se le vienen otorgando al sector militar, como el que entrega la propuesta del 5 de febrero que hoy se pretende retomar.
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